Congresistas se declararon insatisfechos con propuestas del Ejecutivo para solucionar la crisis

Un trabajo articulado con el Gobierno nacional que, como primera medida, busca garantizar la financiación de 1.4 billones de pesos que se requieren para materializar la inyección financiera que necesita el suministro de energía en la Costa Caribe, acordaron los gobernadores de esa región con la ministra de Minas, María Fernanda Suárez, y la superintendente de Servicios Públicos, María Paula Jaramillo.

Así lo recordó el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, al hacer un balance del encuentro sostenido la semana pasada por los mandatarios seccionales y las altas funcionarias con miras a encontrarle una salida definitiva a la crisis energética que afronta la Costa Caribe, en medio de las graves falencias de la empresa Electricaribe.

En esta reunión, llevada a cabo en la Casa de la Moneda, sede alterna de la Gobernación de Bolívar, estuvieron presentes, además del agente interventor de Electricaribe, Javier Lastra, el gobernador Turbay y sus homólogos Eduardo Verano, del Atlántico; Édgar Martínez, de Sucre; Rosa Cotes, del Magdalena; y Tania Buitrago, encargada de La Guajira.

“Fue una reunión muy productiva con la Ministra, que pudo conocer en voz de los gobernadores del Caribe nuestra preocupación frente al problema de Electricaribe. Hemos dejado claro que nuestro objetivo es que, después de toda nuestra lucha, podamos consolidar una salida definitiva. De igual forma, se ha expresado nuestro rechazo al aumento de las tarifas”, dijo Turbay.

Por su parte, el gobernador Verano explicó que existen tres documentos Conpes (dos de 320.000 millones de pesos y otro de 735.000 millones de pesos), sobre los cuales debe enfocarse el Estado, como primera medida, para posteriormente trabajar de forma articulada en la llegada del nuevo operador.

“En este momento el balón está en la cancha del Gobierno nacional. Se tomó la decisión de intervención de Electricaribe y, entre todos, debemos rodear al Gobierno para lograr una salida definitiva”, puntualizó Verano.

La reunión de Cartagena coincidió con el debate adelantado en la Comisión Quinta del Senado, en el que los congresistas se declararon insatisfechos con propuestas del Gobierno para solucionar la crisis.

El senador José David Name, del Partido Social de Unidad Nacional (La U) y presidente de la Comisión, advirtió que desde hace dos años se sabía que una intervención no era la solución. "Salgo decepcionado de este debate porque la Ministra, la Superservicios y el agente interventor nos dijeron más de lo mismo, los recursos prometidos no llegaron. Propongo que por primera vez se utilicen los recursos del cargo por confiabilidad que ha sumado más de 18 billones de pesos y que tienen los generadores para que se pueda ser solidario con una situación que no solo afecta a la Costa, es que si se apaga el caribe el efecto va a extenderse a todo el país", alertó.

La superintendente Jaramillo anunció que próximamente habrá un giro de 780.000 millones de pesos para garantizar un primer año de trabajo al nuevo operador, pero este anuncio no cayó bien en la Comisión, por cuanto no es más que volver a los famosos Conpes, de los cuales van tres desde el 15 de noviembre de 2016 y no se han girado.

Según los legisladores, se requieren 7.1 billones de pesos para pagar los pasivos, la empresa opera solo con algo más del 45% de los ingresos y los restantes 54,3% se van en pérdidas, las deudas están congeladas y solo se han planteado paliativos que en cualquier momento harán que colapse el sistema.

"Si el Gobierno no actúa y soluciona la crisis de Electricaribe, el próximo paso es la protesta social. Y estaremos allí presentes", dijo el senador cordobés David Bargil, del Partido Conservador.

El senador Alexander López, del Polo Democrático, advirtió que el problema y la crisis de Electricaribe constituyen un tema de agenda pública nacional.

"El Estado colombiano es culpable por omisión, ya que estos españoles destruyeron siete departamentos de la Costa Norte, con un manejo empresarial delincuencial y ahora las víctimas que son los usuarios de la Región Caribe, están frente al anuncio de un incremento de tarifas ", señaló el senador López.

Agregó que "tres millones de colombianos bajaron su calidad de vida en la Costa Norte por la decisión empresarial de Fenosa, que raya en la delincuencia y violación de la Ley, y que el fracaso del modelo neoliberal en Colombia hoy se ve reflejado en la crisis de Electricaribe que muestra la corrupción en su máxima expresión".

Por su parte, el senador Jorge Londoño, de la Alianza Verde, hizo un llamado al gobierno Duque a no repetir los errores en la solución de la crisis de Electricaribe. "No se le puede dar a los privados", indicó.

Luego de que Name reiterara su llamado al presidente Iván Duque para darle solución a la crisis de Electricaribe, con el propósito de erradicar la corrupción en el sistema de suministro de energía a la Costa Norte, la senadora Aida Avella, presidenta de la Unión Patriótica, hizo una enérgica defensa del recurso humano y natural de la Costa Norte. "Electricaribe es una pesadilla. Colombia necesita una solución de fondo a este servicio público", apuntó.

El interventor Lastra expresó a su turno que a esta altura de 2018 hay un plan de acuerdo de pagos para los habitantes de la costa frente a sus obligaciones de facturas con Electricaribe.