Corpourabá, Cornare y Corantioquia explicaron que los recursos con los que financian las tareas de control, seguimiento y protección del patrimonio ambiental provienen de las transferencias del sector eléctrico y la tasa por utilización de agua.

De acuerdo con las corporaciones, el artículo 24 de la nueva Ley de Páramos tiene “una redacción confusa y que genera gran preocupación” porque no especifica qué recursos de las transferencias del sector eléctrico y la tasa por uso irían a las corporaciones autónomas regionales (CAR).

“Con la modificación mediante la cual se establece que todo o una parte de los recursos provenientes de dichas transferencias y tasas que actualmente reciben las CAR serán transferidos al Fondo Nacional Ambiental (Fonam). Se menoscaba el principio constitucional de autonomía del cual están dotadas las corporaciones autónomas regionales y los entes territoriales”, dijeron a través de un comunicado.

Según el director de Cornare, Carlos Mario Zuluaga, esto ocurriría porque los recursos que hoy llegan directamente a las regiones empezarían a administrarse de manera centralizada desde la capital de la República, donde no conocen realmente “cuáles son las necesidades en materia ambiental”.

De igual forma, las corporaciones denuncian que la Ley de Páramos deja vacíos normativos sobre el monto de las transferencias del sector eléctrico, “así como también se deja a la interpretación si la transferencia la realiza directamente la generadora de energía al Fonam o a la CAR”.

Las autoridades ambientales antioqueñas invitaron al Gobierno nacional a revisar la Ley de Páramos, especialmente el artículo 24.

Sin embargo, el senador nariñense del Partido Liberal, Guillermo García, salió en defensa de la iniciativa, señalando que “el tema de páramos es un avance importante porque ha llegado la sociedad colombiana a un alto grado de sensibilidad. Faltaba que el Estado colombiano y el Congreso de la República decretará que los páramos en Colombia son complejos ambientales estratégicos y que por lo tanto merecen política pública de protección de cuidado, de delimitación y por supuesto de inversión para su recuperación”.

Frene a la pequeña minería, el legislador nariñense manifestó que “los cultivadores agrícolas de bajo impacto permanecerán en las zonas ancestrales, pero con planes de reconversión para promover una agricultura sostenible, pero también para que en el futuro se conviertan en gestores de la conservación”.