Como reacción al informe de Estados Unidos que cifró los cultivos ilícitos en Colombia al cierre de 2017 en 209.000 hectáreas, la administración Santos anunció que incorporará drones a su estrategia de erradicación, utilizándolos para fumigar con glifosato.

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, explicó que la utilización de estos artefactos conlleva bajo riesgo para la salud de las personas que habitan cerca de las zonas en donde se harán las fumigaciones y para el medioambiente.

"Tienen la mitad de la concentración del veneno que tenían los aviones", por lo cual "los riesgos para las personas y el medio ambiente son bastante mitigables", dijo Villegas.

No obstante el Gobierno considera que la fumigación con drones no se puede considerar aérea porque estos artefactos se utilizarán a baja altura.

En el año 2015 el presidente Santos decidió suspender las fumigaciones aéreas con glifosato después de que estudios de una agencia de la Organización Mundial de la Salud alertaran por eventuales efectos del glifosato.

Ese mismo año, la Corte Constitucional estableció que ante indicios de posibles daños a la salud se debía suspender el uso aéreo de esta sustancia.

En mayo de 2017 el alto Tribunal fijó "estrictas condiciones" para la reanudación de la fumigación aérea con glifosato de cultivos ilícitos. Aunque mantuvo la restricción, indicó en un fallo que el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), encargado de las políticas de erradicación, "solo podrá modificar la decisión de no reanudar" la fumigación aérea cuando se cumpla una serie de "características mínimas".

Entre ellas, que un órgano distinto e independiente a las entidades encargadas de ejecutar los programas de erradicación diseñe y reglamente una regulación para la aspersión aérea, según la sentencia divulgada la noche del miércoles.

"La regulación debe derivarse de una evaluación del riesgo a la salud y otros riesgos, como el riesgo al medio ambiente, en el marco de un proceso participativo y técnicamente fundado", afirma.

En días pasados el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, saludó la decisión de incorporar drones contra los cultivos ilícitos.

“La erradicación manual creo que es una forma absolutamente ineficiente. La teoría reciente es que hay drones que son capaces de cargar hasta 80 kilos de líquidos y eso podría ser muy fácil utilizarlo para fumigar puntualmente los sembrados de coca. Eso sería mucho más barato, más económico, más eficiente y mucho más rápido”, afirmó.

Sin embargo el gobernador de Nariño, Camilo Romero, se mostró escéptico frente al uso de drones pues considera que la solución al crecimiento de los cultivos ilícitos no está en la fumigación.

“Hay una lectura equivocada sobre el tema de cultivos de uso ilícito en el país porque se lee desde un escritorio y no desde el territorio”, dijo Romero. Añadió “si van a insistir con fumigación, se los digo de una vez, les va a pasar lo que ya nos pasó; van a tener el incremento de cultivos ilícitos porque no han resuelto el problema fundamental”.