“La doble instancia es un derecho fundamental de todos los ciudadanos”, manifestó el exgobernador antioqueño Luis Alfredo Ramos al conocer que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia suspendió la emisión de sentencias de única instancia ante la inminente entrada en funcionamiento de la Sala Especial de Primera Instancia.

La suspensión beneficia al exgobernador Ramos y al magistrado Jorge Pretelt.

“Sigo en espera de mi absolución, después de 40 meses de privación de mi libertad, en forma preventiva y una larga espera luego de quedar demostrada mi inocencia”, agregó Ramos.

Ramos está acusado de tener vínculos con el jefe paramilitar Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, con quien se habría reunido en una finca de Bello, Antioquia, en 2015, mientras que Pretelt fue imputado de pedir 500 millones de pesos para fallar una tutela en favor de Fidupetrol.

Ramos fue enviado a prisión preventiva en el 2013 y estuvo privado de su libertad durante tres años y tres meses. Sin embargo, fue dejado en libertad tras no proferirse un fallo condenatorio.

La decisión fue tomada por la Corte luego de que la Sala Plena ratificara la elección de dos de los tres integrantes de la Sala Especial de Juzgamiento, los juristas Ramiro Alonso Marín y Ariel Augusto Torres, con lo que la Sala ya cuenta con la mayoría necesaria para poder tomar decisiones.

La decisión fue notificada este lunes mismo a la Casa de Nariño para proceder con la posesión de los magistrados.

En el caso de Ramos ya hay un proyecto de fallo, pero no se pudo dictar sentencia porque la ponencia todavía no incorpora las observaciones de los magistrados de la Sala de Casación Penal.

En el caso de Pretelt aún no había sustanciación, pero lo que viene ahora podría complicarle la defensa luego de que el Tribunal Superior de Bogotá tumbara un fallo absolutorio proferido por un juez de Bogotá en beneficio del exmagistrado Rodrigo Escobar y lo declarara culpable por el delito de tráfico de influencias de particular, imponiéndole una condena de 4 años de prisión.

Fidupetrol había contratado a Escobar como asesor cuatro años después de su salida de la Corte Constitucional y en esa calidad se reunió con el magistrado Mauricio González, a instancias de Pretelt, para hablarle de la tutela por la que supuestamente se pagó la suma ya mencionada.