Como interesante calificaron expertos consultados por EL NUEVO SIGLO la propuesta que la naciente administración de Iván Duque quiere hacerle al mundo, de crear una corte internacional anticorrupción, un fenómeno global que inclusive alcanza connotaciones trasnacionales como se vio con Odebrecht.

No obstante hay quienes consideran que la ‘fiebre no está en las sábanas’ y que por ello el éxito de la lucha contra este flagelo reside en contar con unos instrumentos eficaces y, por supuesto, ayudarse de cooperación internacional sin caer en la tentación de dar vida a más tribunales, que no todas las veces son la respuesta.

La idea del Gobierno, expuesta a través de su canciller Carlos Holmes Trujillo, surge en un momento en que la corrupción en Colombia, como en la mayoría del mundo, es uno de los principales problemas que resta recursos de inversión para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y frena el desarrollo.

Desde el año 2002 funciona la Corte Penal Internacional, creada por iniciativa de la ONU el 17 de julio de 1998 mediante el Estatuto de Roma. Es el primer tribunal internacional de carácter permanente encargado de juzgar a los responsables de crímenes contra la humanidad, genocidio y crímenes de guerra cuando los países que se adhirieron no aplican justicia.

Cómo reciben propuesta

El exprocurador Carlos Gustavo Arrieta dijo a este Diario que “no sé si los países vayan a estar interesados o no, pero sí creo que es una buena idea porque el tema de corrupción no solamente es nacional, es internacional, y buena parte de la corrupción trasciende las fronteras de cualquier país”.

Añadió que “alguna instancia internacional en ese sentido, creo que podría ser muy útil para reforzar la lucha de los estados contra la corrupción”.

Una de las críticas a la Corte Penal Internacional es que se cuenta con los dedos de una mano las condenas que ha dictado en 16 años de funcionamiento.

Al respecto, el exprocurador Arrieta dijo que “creo lo que el Canciller plateó fue una idea y hay que trabajar sobre esa idea. No creo que él esté tratando de replicar exactamente la Corte Penal Internacional en una corte anticorrupción. La idea es importante, hay que trabajarla a ver qué tipo de instituciones se organizan y cómo funcionarían. Naturalmente hay que trata de aprender de todos los errores cometidos y hacer una cosa que sea más ejecutiva”.

Por su parte, el excontralor General, Antonio Hernández Gamarra, dijo a este Medio que “todo cuanto se haga para combatir la corrupción es necesario e importante. La cooperación internacional en sus diferentes formas, incluyendo la posibilidad de una corte, me parece que podría ser un elemento fundamental en la medida en que se juzgue especialmente el traspaso internacional de los capitales mal habidos por la corrupción”.

No obstante expresó que “el tema es cómo hacemos para que esta corte internacional no se agobie con demasiados temas, y desde luego eso depende de que la lucha nacional tenga éxito. Es decir, la cooperación internacional es buena, la corte es importante, creo que puede operar de manera similar como lo hace la Corte Penal Internacional para su competencia”.

Mientras que el exvicefiscal, Francisco José Sintura Varela, dijo a este Medio que “pienso que las cortes internacionales son mecanismos que no inhiben la jurisdicción interna, son mecanismos residuales. Es decir son aquellos mecanismos que entran a operar cuando quiera que las cortes locales no lo hagan. Entonces es un mecanismo apenas supletivo y en mi opinión innecesario en la actual coyuntura porque no va a producir ningún resultado”.

Agregó que es mejor impulsar el cumplimiento de los mecanismos ya dispuestos, “como todos los que están en la Convención de Mérida Contra la Corrupción, del año 2003. Que lo que debemos es tratar de que esos mecanismos a los cuales Colombia suscribió se implementen, mejorar el control interno en las empresas públicas y privadas, incrementar las responsabilidades de las compañías consultoras internacionales de revisoría fiscal, hacer más efectivos los mecanismos internos de persecución penal, de intercambio de información y pruebas”.

Por su parte la exfiscal Viviane Morales indicó a este Diario que “me parece muy importante la propuesta porque la corrupción cada vez más es un crimen de nivel trasnacional que se ampara y se protege en los paraísos fiscales y de tener activos fuera del país en donde se comete el delito de corrupción. Además están involucradas grandes empresas multinacionales. Por lo tanto abrir una corte que pueda juzgar esto puede ser una propuesta original y novedosa, que puede ser muy positiva y favorable”.

Morales indicó que Colombia colabora mucho en la lucha contra el narcotráfico, pero a “Colombia no le colaboran en la lucha contra la corrupción”.

Mientras que el exprocurador Alejandro Ordóñez conceptuó a este Diario que “las empresas criminales han desbordado las instituciones nacionales, la corrupción ha sido una de ellas, y en numerosos países están desbordando y amenazando la estabilidad democrática. De modo que la propuesta que hace el Canciller es muy oportuna”.

Por su lado el exprocurador Jaime Bernal Cuéllar dijo a este Medio que “es una propuesta respetable. Creo que lo que hay que hacer para combatir la corrupción es fortalecer las instituciones en Colombia, las instituciones de control y la Fiscalía, tratar de generar de todas maneras una cultura contra la corrupción, que las universidades preparen con ética y grandes niveles intelectuales a los futuros funcionarios”.

Añadió Bernal que “desde hace muchos años no he creído que la justicia se deba a entregar a instituciones de otros países”. Manifestó su confianza a en que Colombia puede perfectamente combatir la corrupción, “no solamente desde el punto de vista judicial”.   

El Procurador

El procurador Fernando Carrillo dijo ayer en un foro sobre la corrupción que es necesario fortalecer los mecanismos regionales contra este flagelo, "antes de crear una Corte Penal contra la corrupción".
En ese sentido dijo que se debe crear un bloque de búsqueda contra la corrupción, como, por ejemplo, para develar las irregularidades en las Corporaciones Autónomas Regionales. Dijo que contra esos organismos hay 256 indagaciones preliminares y 46 investigaciones. "Casi 400 asuntos relacionados con corrupción en las CAR".