La muerte de dos jóvenes este año, sinnúmero de intentos de evasión, armas blancas y droga en el Centro de Atención Especializada El Redentor, son parte de los hechos que muestran el caos y la problemática del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, reveló la Personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda Villamizar.

Según un informe del Ministerio Público Distrital, si una persona que hoy tiene 25 o 30 años es sancionada por un delito que cometió cuando tenía entre 14 y 18 años, la norma obliga a que la privación de la libertad por ese hecho se realice en un centro para adolescentes y no en un centro penitenciario para adultos. Incluso algunas personas que han estado en cárceles para mayores por otro delito son trasladadas a El Redentor cuando se dan cuenta de que tiene una sanción anterior por hechos cometidos cuando era adolescente.

Esa situación permite que convivan personas adultas involucradas en gravísimos crímenes, con adolescentes en algunos casos acusados de infracciones menores, lo que genera una ruptura en el proceso formativo al que los jóvenes deberían incorporarse, situación que va en contravía del propósito teórico de proteger, educar y restaurar.

La Personería encontró que los adolescentes tienen fácil acceso a armas cortopunzantes y a sustancias psicoactivas, debido a la falta de control del personal encargado de la vigilancia, lo que hace reiterativos los episodios de amotinamientos y evasiones en los que muchas veces se presentan violaciones a los Derechos Humanos, como los casos de quienes han perdido la vida en riñas, o el de una persona que murió por inhalación del químico de un extintor, al parecer para drogarse.

Para completar existe un grave vacío legal, pues no existe un código de procedimiento para adolescentes infractores; los jueces tienen que acudir al Código de Procedimiento Penal que se aplica a los mayores de edad.

Durante 2018, la Personería ha enviado cerca de 20 comunicaciones a las autoridades competentes para exponer la problemática que se viene presentando en los centros de atención especializada, a fin de que se cumpla el fin educativo de la privación de la libertad establecido en las normas, pero aún no ha obtenido una respuesta clara y contundente. Incluso desde 2017 se viene alertando a las autoridades nacionales y distritales, sin que se tenga eco de ninguna de ellas.