Pidió al Gobierno nacional abrir puerta a la negociación con la guerrilla del Eln

EL NUEVO SIGLO: ¿Qué se puede decir del fenómeno del desplazamiento cuando están cerca de cumplirse dos años del Acuerdo de Paz?

MARCO ROMERO: Hemos producido reportes sobre continuidad, desafortunadamente, del fenómeno de desplazamiento forzado, pero que no se puede leer como una consecuencia del acuerdo sino básicamente como una consecuencia de continuidad de formas de conflicto en los territorios de Colombia.

Estamos hablando para 2018 de 110 casos de desplazamiento forzado masivo, que comprometen más de 50.000 personas que afecta fundamentalmente el corredor Pacífico en el departamento de Nariño, Cauca, Valle en Buenaventura, Chocó hasta la zona de Urabá. Y obviamente la zona de Catatumbo y siguen dándose fenómenos en Putumayo.

Este es un indicador, no es el total del desplazamiento pero nos da un indicativo de la continuidad de conflictos en estos territorios por enfrentamientos del Estado y el Eln, Epl, bandas criminales, disidencias de Farc, economías ilegales asociadas al narcotráfico.

ENS: ¿Qué sabe el Codhes de la atención que le están brindando a los desplazados las autoridades regionales?

MR: La Corte Constitucional ha dicho que las entidades territoriales son corresponsables, pero lo son en la medida de sus recursos y sus capacidades, y es el Estado central el principal responsable de la atención.

Eso significa que en los municipios de categoría quinta y sexta, por ejemplo, es la Nación la que hace las inversiones principales porque estos municipios tienen pocos recursos, tienen muchas poblaciones vulnerables y además las víctimas. Entonces dejar las víctimas y sus derechos solamente en manos de las entidades territoriales sería una forma de revictimización.

El nivel nacional se debe invertir más donde las entidades territoriales pueden hacer menos, por decirlo de una manera. Es la regla de la Constitución colombiana que dice que cuando una entidad territorial no tiene la capacidad debe hacerlo la entidad superior.

ENS: Si el Gobierno se decidiera a reanudar la mesa con el Eln y también aplicar la ley que permite el sometimiento colectivo de las bandas criminales, ¿qué efecto tendría en el desplazamiento?

MR: La experiencia comparada muestra que países donde hay conflictos armados, pero además dinámicas de economías ilegales y de criminalidad organizada, hay que combatir los dos fenómenos. Los problemas políticos casi siempre se resuelven a través de negociaciones, y por eso estamos pidiendo al gobierno del presidente Duque que hay que dejar la puerta abierta a un proceso con el Eln y hay que poner en marcha esta ley de sometimiento del Clan del Golfo y las bandas paramilitares.

Si logramos cerrar estos conflictos aún hay tareas pendientes, así lo muestra El Salvador, lo muestra Guatemala o lo muestra México. Este último país es un buen ejemplo, en el caso de Chiapas se llegó a votar una ley de desplazados por el conflicto armado que hubo en esa región. Pero el norte de México es una zona afectada por dinámicas de violencia social asociada al narcotráfico, y ese tipo de violencia desafortunadamente va a persistir y hay que buscarle otro tipo de fórmulas.

En Colombia también como en México se mezclan tanto dinámicas de conflicto armado histórico, de origen más político, con guerras más pragmáticas como las que adelantan mafias y estructuras que quieren controlar las economías ilegales. Y hay que tener una estrategia para las dos.