Llegar a un acuerdo frente al tema de la liquidación del impuesto de licores, que los gobernadores están solicitando modificar porque afecta las rentas departamentales, es objetivo de la reunión que los mandatarios sostendrán hoy con el presidente Juan Manuel Santos.

Concretamente, los gobernadores solicitan derogar la certificación del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) con base en la que se calculan los precios de los licores.

Si no logran un cambio por vía administrativa, los gobernadores han anunciado que entablarán una demanda ante la jurisdicción contenciosa.

A su juicio, el método actual está generando una reducción de los ingresos para la vigencia 2018 y ha significado un golpe para los fiscos de las entidades territoriales por cerca de 630.000 millones de pesos.

La decisión fue tomada por los mandatarios después de que el director del DANE, Mauricio Perfetti, incumplió una cita con ellos en la Federación Nacional de Departamentos donde habría de protocolizarse una fórmula de acuerdo para resolver el problema.

Los gobernadores denunciaron que la reducción en los ingresos afecta gravemente los recursos para el régimen subsidiado en salud, principal destinatario recaudos, junto con la educación y al deporte.

Simultáneamente, le enviaron una carta a Santos en la que advierten que la metodología del DANE asigna de firma equivocada una ponderación equivalente a los precios tomados a partir de la información de establecimientos de comercio y a los reportados por los productores y exportadores, sujetos pasivos del impuesto.

Los gobernadores le pidieron al jefe del Estado una intervención inmediata para resolver el problema antes de la conclusión de su mandato.

“Los gobernadores hacemos un llamado, señor presiente, para derogar de manera inmediata la certificación de precios 2018 y expedir una nueva ajustada a lo dispuesto por la Ley 1816”, Ley de licores, señalaron en la carta.

Se quejaron también del trato desobligante e  irrespetuoso que han recibido tanto del DANE como del Ministerio de Hacienda que, a su juicio, sólo se han ocupado de dilatar las soluciones propuestas.

Además de los departamentos, la fórmula actual también estaría afectando al Distrito Capital, aunque no a San Andrés y Providencia que tiene un régimen especial.

El gobernador de Caldas, Guido Echeverry, manifestó que “la petición que estamos haciendo es que cambien de metodología para liquidar el impuesto al valoren, que fue establecido por la ley que estableció un impuesto sobre el valor de venta de los licores. Y en este caso, el DANE está liquidando en nuestro concepto el impuesto erradamente, porque está tomando como base el precio que anuncian los productores y no el precio de venta propiamente dicho”.

Echeverry anotó que “los departamentos están perdiendo mucha plata, una cifra cercana a los 634.000 millones de pesos. Es elemental la preocupación que tenemos porque el impuesto que liquidó el año pasado con el precio de venta en vitrina con cambio de metodología ha bajado con respecto al año 2018. Y eso nos preocupa mucho, porque como se entenderá este es un flujo de recursos bastante alto, que de no ingresar a las arcas departamentales estaría afectando fuertemente el gasto en materia de salud que es el sector al que va destinado ese recurso”.

Posición gubernamental

Al respecto, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo que “la ley es clara sobre la venta de precio al público, sobre impuesto al valoren, que es un porcentaje diferencial en el caso de los licores, los vinos y bebidas espumantes”.

“Para mí no tiene la mínima duda que es el precio que está en las estanterías de nuestros almacenes, de nuestros supermercados, de los licoreras. Ese es el precio de la venta al público. Ese es el precio que debe verificar el DANE a la hora de fijar la base de ese impuesto”, señaló, agregando que su despacho lo único que hace es reiterarle al DANE que utilice el precio de la venta al público.