Propiedades avaluadas en $1,5 billones del esmeraldero Pedro Rincón, conocido como ‘Pedro Orejas’, quien fue extraditado a Estados Unidos, fueron ocupadas por la Fiscalía y la Dijin.

Los 202 bienes, que serán objeto de extinción de dominio, en algunos casos aparecían a nombre de integrantes de su núcleo familiar, sus parejas sentimentales y otras personas, para ocultar su titularidad real.

“Las propiedades habrían sido adquiridas con dineros del narcotráfico, pues desde Boyacá la organización criminal presuntamente preparó y transportó cocaína hacia Venezuela, México, República Dominicana y otros países, para finalmente llegar al mercado ilícito en Estados Unidos”, indicó la Fiscalía en un comunicado.

El ‘Clan Rincón’ estuvo integrado por Pedro Nel Rincón Castillo, Horacio de Jesús Triana Romero, Omar Josué Rincón Castillo, Gilberto Rincón Castillo y José Rogelio Nieto Molina, quienes actualmente están privados de libertad.

Los bienes afectados con la medida judicial, y que ya están en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración, están avaluados en $1,5 billones, según los cálculos de peritos expertos en el tema.

Las indagaciones llevaron a los investigadores a Bogotá, Chiquinquirá, Tunja, el Magdalena Medio y el occidente de Boyacá, donde el ‘Clan Rincón’ ostentaba su poder, y donde fue posible ubicar los siguientes bienes: 73 fincas, 38 lotes, 21 casas, tres hoteles, dos apartamentos, 25 sociedades, tres establecimientos de comercio, dos títulos mineros, 22 equinos y 13 vehículos.

Llama la atención el caso de Maripí, donde la organización ilícita tenía 87 de los 137 inmuebles afectados. En este proceso los investigadores lograron establecer que los integrantes de la organización criminal buscaron apropiarse de veredas enteras. Allí fue intervenida una finca de 256 hectáreas de propiedad de Horacio de Jesús Triana y María Blanca Carranza de Carranza, viuda del conocido ‘Zar de las esmeraldas’, Víctor Carranza; esta última no está vinculada a las investigaciones, pero se vio afectada con la medida judicial por compartir la propiedad con un reconocido narcotraficante.