Al expresidente le abrieron indagación preliminar por delitos de soborno y fraude procesal

En los próximos días los tres magistrados de la Sala de Instrucción II de la Corte Suprema de Justicia presentarían a sus cinco colegas de sección su respuesta a la recusación en su contra que presentó la defensa del expresidente Álvaro Uribe, y por lo cual el pasado 29 de julio fue suspendida la investigación al exmandatario y al representante a la Cámara, también del partido Centro Democrático, Álvaro Hernán Prada, por presuntamente haber incurrido en los delitos de soborno y fraude procesal.

EL NUEVO SIGLO conoció que los magistrados recusados por la defensa de Uribe para que se declaren impedidos en este caso, Luis Hernández, José Luis Barceló y Fernando Alberto Castro no se han pronunciado hasta el momento porque es muy extenso el escrito que presentó el abogado Jaime Granados, y están estudiándolo a fondo para responder punto por punto si aceptan o no los argumentos para que se aparten del expediente.

El pasado 29 de julio, el alto Tribunal anunció en su cuenta de Twitter que “en virtud de la recusación de la defensa del senador Álvaro Uribe a los tres magistrados de la Sala de Instrucción II, por disposición legal y mientras se tramita dicho incidente, la Corte Suprema de Justicia suspendió la actuación que adelanta contra él y su representante Álvaro Prada".

Previo a que Uribe Vélez recusara a los tres magistrados, la Sala de Instrucción II de la Corte Suprema de Justicia fijo la audiencia de indagatoria al expresidente el próximo 3 de septiembre y la del congresista Álvaro Hernán Prada para el 4 del mismo mes, las cuales de igual forma quedaron suspendidas mientras que el alto Tribunal resuelve el asunto de las recusaciones.

Según Granados, las razones de fondo para presentar la recusación son que hubo conductas irregulares que afectaron la defensa de Uribe, como el hecho de que algunos periodistas tuvieron acceso a información que se suponía solo estaba en poder de funcionarios de la Corte. "Eso impide a Uribe defenderse", indicó el abogado. Por otro lado, también manifestó que los jueces no solo deben ser imparciales sino también tienen que ofrecer garantías de imparcialidad, las cuales a su parecer no hay.

Ante esto, Uribe se refirió a la magistrada auxiliar del togado Barceló. Se trata de Sandra Yepes, quien según el expresidente es una fuerte "adversaria" suya.

Añadió que la investigadora había trabajado con el magistrado Iván Velásquez, quien ha sido su contradictor desde cuando eran estudiantes universitarios.

El senador Uribe pidió que el magistrado Barceló renuncie a la Corte Suprema de Justicia por la forma como según él ha actuado en estas investigaciones, pues aseguró que entregó información a periodistas antes de que la Corte abriera la indagación en su contra.

El caso

En un auto de doce páginas en que la Corte Suprema de Justicia abrió investigación preliminar al senador Uribe y al representante Prada por los delitos de soborno y fraude procesal, en un supuesto caso de manipulación de testigos con la intención de favorecerse con sus testimonios en investigaciones al expresidente y además incriminar al también senador Iván Cepeda, están consignadas las pruebas con que cuenta el alto Tribunal contra el exmandatario, recopiladas en más de 100 horas de interceptaciones telefónicas.

La providencia de la Sala de Instrucción de la Corte indicó que mediante auto del 16 de febrero pasado se abstuvo de abrir investigación al senador Cepeda Castro “por conductas atribuidas por el doctor Álvaro Uribe Vélez, a través de su apoderado, consistentes en el ejercicio ilícito de las funciones como miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes y de la Comisión de Paz para hacer ofrecimientos –directa e indirectamente- a internos en diferentes cárceles del país, a cambio de que falsamente vincularan al doctor Uribe Vélez y a su hermano Santiago con la conformación del Bloque Metro de las autodefensas y con diferentes homicidios”.

El auto de la Corte indica que como los testimonios de Wilser Molina y Obed Herrera, “así como el monitoreo ordenado a las líneas telefónicas” utilizadas por estos y por Juan Guillermo Villegas Uribe, “con quien el doctor Álvaro Uribe Vélez tuvo comunicaciones en torno al tema de los testigos, sugerían una posible injerencia ejercida sobre Gabriel Muñoz Ramírez, Ramiro de Jesús Henao y Oscar Monsalve Correa en relación con las declaraciones que debían rendir en dicho asunto, orientadas a restarle credibilidad a los señalamientos hechos por Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve Pineda, la Sala estimó obligado, entre otras decisiones, expedir copias para investigar la conducta del doctor Álvaro Uribe Vélez y la de dichas personas”.