Uno de los aportes a la verdad por parte de las Farc que más esperan las víctimas es que den cuenta de qué pasó con miles de personas que esta organización retuvo y de las cuales no se volvió a tener noticia.

Este martes, la Fiscalía realizó la cuarta entrega de informes a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) relacionada con investigaciones adelantadas con ocasión del conflicto armado por la desaparición forzada y ocultamiento permanente de ciudadanos cometidas por la entonces guerrilla, así como la participación de agentes del Estado.

El ente acusador da cuenta de 8.284 procesos por hechos de desaparición forzada de personas atribuidas a las Farc, que representan a 9.257 víctimas, por los que hay 4.194 procesados. El primero de los casos ocurrió en 1962, en el departamento de Tolima, y el último hecho reportado se registró en diciembre de 2015 en Nariño.

La Fiscalía estableció que “en el cumplimiento de sus objetivos organizacionales para la toma del poder, las desmovilizadas Farc-EP atentaron contra los derechos de las personas, privándolas de su libertad y ocultando información acerca de su paradero”.

Con respecto a las víctimas de desaparición forzada atribuidas a las Farc se estableció que 7.617 son hombres, mientras que 1.432 son mujeres y en 208 casos no se cuenta con el sexo de la víctima.

En lo que tiene que ver con la edad, se encontró que la más recurrente está entre los 18 y 25 años con 1.697 investigaciones.

Por estos hechos hay apenas 22 sentencias condenatorias contra miembros de las Farc.

Los departamentos con el mayor número de casos de desaparición forzada atribuidos a las Farc son Antioquia con 1.677 investigaciones, Meta con 1.451 y Caquetá con 605.

En cuanto a los agentes del Estado, la Fiscalía entregó a la JEP información sobre un total de 294 procesos, con 675 víctimas identificadas. El primer caso registrado es del 9 de septiembre de 1977 en la ciudad de Barranquilla (Atlántico) y el último registro tuvo ocurrencia el 27 de diciembre de 2015 en el municipio de Buriticá (Antioquia).

En los registros se estableció que 1.244 personas han sido procesadas, de los cuales 815 eran soldados en el momento en que ocurrieron los hechos. Asimismo, se vincularon por estos hechos a 94 integrantes de la Policía, 14 funcionarios del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y 10 efectivos de la Armada Nacional.

De igual manera, se recopiló información sobre la vinculación de 226 integrantes de Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (Gaoml). También se evidencia la vinculación 85 terceros, entre ellos dos integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

Los registros muestran que en un 74,74% de los casos el fenómeno se presentó en nueve departamentos o zonas críticas del país, entre ellos: Antioquia, Casanare, Santander, Meta, Magdalena, Bolívar, Bogotá, Chocó y Norte de Santander.

La mayoría de las víctimas fueron hombres jóvenes entre los 18 y 30 años, quienes se dedicaban a labores de campo y trabajos informales en la ciudad.

Por estos hechos, la Fiscalía logró la condena de 253 personas, entre los que figuran 159 integrantes del Ejército, nueve de la Policía Nacional y un funcionario del extinto DAS, así como 77 integrantes de los Gaoml y siete particulares.

A finales de mayo pasado la Fiscalía entregó a la JEP el primer informe con un inventario de casos relacionados con el conflicto armado; secuestros atribuidos a las Farc; y victimización de miembros de la Unión Patriótica por parte de agentes del Estado.

Con base en este informe de la Fiscalía y otros de organizaciones civiles la JEP llamó a responder a 31 ex comandantes de las Farc.

El fiscal General, Néstor Martínez, anunció que “antes de terminar el presente año la Fiscalía concluirá la entrega de informes a la JEP”.

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Suavizan choque de trenes

Un acuerdo alcanzaron este martes tras una reunión el fiscal Martínez y la presidenta de la JEP, magistrada Patricia Linares, para buscar articular el trabajo de las jurisdicciones que representan (ordinaria y especial, respectivamente), esto después de que se han presentado varios desencuentros y choques de competencias como se ha visto en el proceso de extradición de ‘Jesús Santrich’ y la solicitud de información acerca de bienes no reportados por las Farc.

“Para desarrollar mesas técnicas de trabajo hemos convenido con la Jurisdicción Especial para La Paz en el buen propósito de consolidar esa nueva arquitectura institucional que supone la justicia de transición y la interacción con la justicia ordinaria”, dijo Martínez.

En tanto que la magistrada Linares explicó, que “tuvimos una reunión muy productiva con el Fiscal. En primer lugar, la entrega de dos informes importantes para la Jurisdicción y también logramos identificar varios temas para los cuales aspiramos a trabajar”.