Deben ser llamados a rendir versión voluntaria por los hechos que rodearon la victimización de personas que fueron sepultadas en el cementerio Las Mercedes, de Dabeiba, Antioquia, los comandantes de la Décimo Primera Brigada y el Batallón de Contraguerrilla No. 79 entre 2005 y 2007.

Así se lo manifestó la Procuraduría General de la Nación a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el Caso 003, denominado “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, al plantear que la Sala de Reconocimiento de Verdad debe priorizar las investigaciones en esas unidades militares.

A través de un comunicado, la Procuraduría informó que también solicitó que como parte del proceso de definición de medidas cautelares se establezca un plan de trabajo interinstitucional para la identificación de todos los cuerpo inhumados como personas sin identificar, y se determine si corresponden a víctimas de desaparición forzada que fueron denunciadas en Medellín desde 2005 y hasta 2007.

Por último, y ante las amenazas de las que han sido objeto los comparecientes, especialmente quienes rindieron testimonio durante la diligencia realizada el pasado 9 de diciembre en Dabeiba, el Ministerio Público pidió a la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento y Responsabilidad de la JEP proceder con celeridad a la evaluación de riesgos y la adopción de todas las medidas de protección necesarias para salvaguardar la integridad de los militares, que han colaborado con el esclarecimiento de las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate.

Como lo ha informado EL NUEVO SIGLO, la JEP está excavando un cementerio donde, según la versión de un militar, hay una fosa común con "más de 50 civiles" presuntamente ejecutados por soldados que los hicieron pasar por guerrilleros caídos en combate.

"Es importante señalar que estos hechos nunca habían sido investigados por la justicia ordinaria", subrayó hace dos semanas la JEP en un comunicado.

Un militar que decidió colaborar con la JEP condujo a los investigadores hasta el cementerio Las Mercedes.

Se presume que ahí "se encontrarían los restos de más de 50 personas presentadas legítimamente como bajas en combate", añadió la JEP en un comunicado. Este mes ya han sido exhumados "siete cadáveres completos".

Para el organismo se trataría de "ejecuciones extrajudiciales seguidas de desaparición forzada".

En Las Mercedes, a más de 170 kilómetros de Medellín, fueron enterrados hombres entre los 15 y los 56 años provenientes de la capital de Antioquia, según los indicios recopilados por la JEP.

"La JEP debe adelantar la investigación hasta sus últimas consecuencias y sancionar a los responsables. Entre tanto, se debe garantizar protección a la vida e integridad del testigo", tuiteó la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.

Los presuntos crímenes engrosarían el expediente de lo que en Colombia se conoce como "falsos positivos", ejecuciones extrajudiciales de al menos 2.248 personas en las últimas décadas. El 59% de esas muertes ocurrió entre 2006 y 2008.

La práctica consistía básicamente en un premiado "body count": contar cuerpos para inflar los logros del Ejército. Decenas de jóvenes fueron engañados con promesas de empleo, desplazados de sus territorios y llevados lejos para ser asesinados y disfrazados de guerrilleros.

El Gobierno de entonces destituyó en su momento a altos mandos y modificó las directrices de guerra para evitar más ejecuciones.

Más de mil uniformados han sido condenados en la justicia ordinaria por los crímenes de civiles y 148 se acogieron voluntariamente al tribunal de paz, según cifras oficiales.

La investigación en Dabeiba inició con la denuncia de un soldado que se sometió a la JEP para obtener beneficios penales, a cambio de confesar sus crímenes y ayudar a reparar a las víctimas.