EN GENERAL fue recibido con buenos ojos el proyecto sobre justicia penal que radicaron esta semana la ministra Ángela Buitrago, el presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra; y la fiscal General, Luz Camargo, según dijeron para garantizar que sea más pronta y eficaz, y reducir la impunidad. Expertos consultados por EL NUEVO SIGLO coincidieron en que va en la dirección correcta, aunque advirtieron que el Congreso debe examinar a fondo los beneficios por el principio de oportunidad o preacuerdos para todos los delitos, y evitar que favorezca por ejemplo a los abusadores de niños.

El articulado plantea elementos como la extinción de la acción penal por la reparación integral a las víctimas. Al respecto, en el proyecto se establece que “la acción penal se extingue por muerte del imputado o acusado, prescripción, aplicación del principio de oportunidad, amnistía, oblación, reparación integral, caducidad de la querella, desistimiento y en los demás casos contemplados en la ley”.

También prevé la aplicación del principio de oportunidad por parte de la Fiscalía desde el momento de la indagación. Así mismo, la posibilidad de que las personas capturadas en situación de flagrancia puedan recibir beneficios por allanamiento de cargos en similares condiciones que aquellos que no han sido aprehendidos en flagrancia; y procedimiento de allanamientos y preacuerdos para todos los delitos.

El exvicefiscal general y exdirector del Inpec, Jaime Camacho Flórez, dijo sobre este proyecto que “en términos generales está muy bien orientado. En el año 2004 que se introdujo el proceso con tendencia acusatoria se esperaba que cerca del 80%- 90% de los casos terminaran anticipadamente, gracias a esos mecanismos que piensan ahora potenciar, y eso no se logró porque poco a poco se fue desmontando con toda clase de excepciones contra las medidas”.

Una de las críticas que ha recibido el proyecto recién fue radicado en el Congreso y por algunos penalistas, es por la extinción de la acción penal por la reparación integral a las víctimas, lo que generaría impunidad.

Al respecto, Camacho dijo que “supongo que el proyecto no va a ser general para todos los delitos que se puedan negociar con reparaciones integrales, pero sí hay una cantidad de delitos que podrían tener esa suerte y se puede ampliar, por ejemplo, para todos los que son de patrimonio. Hay muchas posibilidades que si admitirían esa medida, y no es renunciar a la justicia, es una justicia distinta en favor de las víctimas”.

Por su parte, Jaime Arrubla Paucar, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, en la que fue presidente, dijo que “esto no es una reforma al sistema de justicia, la reforma tan anhelada a la justicia, pues parece que el Gobierno nunca la tuvo en su mente o nunca la preparó porque esa famosa comisión que integró para elaborarla, pues todavía no ha dado resultados”.

Añadió que “esto es una reforma al Sistema Penal Acusatorio, interesante. La ministra es penalista e introduce varias mejoras al sistema de investigación y permite que se amplíe los beneficios a ciertos delitos, eso lo veo bien”.

El proyecto contempla el procedimiento de allanamientos y preacuerdos para todos los delitos, lo cual a juicio de algunos permitiría recibir beneficios a los abusadores de niños, que en la actualidad están restringidos.

Al respecto, el jurista Arrubla Paucar dijo que “sin duda, por eso estaba autorizado para ciertos delitos y en ciertas circunstancias. Ahora se generaliza, y no sé hasta dónde esto haya tenido o va a tener revisión del Consejo de Política Criminal, porque lo que advierten es totalmente posible”.

En tanto que Hernando Herrera Mercado, director Ejecutivo de la Corporación Excelencia en la Justicia, dijo que “ese proyecto nos merece toda la atención y creemos que además está muy bien fundado, toda vez que cuenta con la opinión calificada de la Corte Suprema de Justicia, de la Fiscalía y del Ministerio de Justicia, entes encargados de administrar la justicia en lo que hace del Sistema Penal Acusatorio y también en dictar la política del sector”.

Sobre los objetivos de la iniciativa, Herrera dijo que “pensamos que son loables, están dirigidos a hacer más eficiente la gestión del Sistema Penal Acusatorio, a generar menos congestión de ese Sistema y, por qué no decirlo, una mayor efectividad promoviendo muchas más sentencias”.

Frente a algunas críticas que ha recibido el proyecto porque, por ejemplo, algunos temen que beneficie a los abusadores de niños, el director ejecutivo de la Corporación Excelencia en la Justicia señaló que “creo que hay materias eventualmente para revisar en el trámite legislativo, pero lo que he visto de parte de esos tres entes es la mejor posibilidad de concitar acuerdos con relación a ese proyecto. Entonces, si ese llega a ser un punto que genere de alguna forma preocupación, no me cabe la menor duda de que haya la posibilidad de revisarlo”.

Agregó que “más allá de ese punto, sí hay que reiterar la importancia que tiene este ejercicio académico, que entre otras, también debo decir paso por el cedazo de la comisión de reforma a la justicia y recibió su aval. Luego, me parece que es muy pertinente estudiar a fondo esta iniciativa y en el trámite se pueden superar algunas inquietudes que existan sobre el mismo”.

Críticas

El exministro de Justicia, Wilson Ruiz, dijo sobre este proyecto que “la justicia debe prevalecer sobre la impunidad. Es fundamental que los mecanismos implementados por parte de la Fiscalía General de la Nación protejan necesariamente los derechos de las víctimas”.

Liliana Camargo, directora de la fundación Siempre Nuestros Niños, dijo que “da miedo ser niño en nuestro país. Si en este momento tenemos un incremento fatal en el maltrato hacia nuestra infancia, ¿qué nos espera teniendo a los pedófilos en las calles?”.

Hablan los autores del proyecto

El presidente de la Corte Suprema, el magistrado Gerson Chaverra, dijo frente a las críticas iniciales que ha recibido este proyecto de justicia en lo penal que “insistimos, los preacuerdos, los allanamientos, las negociaciones en el sistema de tendencia adversarial regulado por la Ley 906 de 2004 no representan impunidad, por el contrario, representan una justicia ágil, rápida y oportuna con resultados que realmente restablezcan los derechos afectados con el delito”.

Agregó el Togado que “el objetivo de esta propuesta es reducir los altos índices de impunidad que actualmente se presentan en materia penal y lograr que los procesos penales que se radican tanto en la Fiscalía como en juzgados se adelanten de manera célere”.

En tanto que la ministra de Justicia, Ángela Buitrago, explicó que “no están cambiando los subrogados y beneficios, ni tampoco las prohibiciones que tiene la Ley 1098”.