El Gobierno Nacional sancionó la Ley de Calidad Acústica, también conocida como la "Ley contra el ruido", que busca establecer un marco regulatorio integral para la gestión del ruido y las vibraciones en el país. Esta legislación, aprobada por el Congreso de Colombia el año pasado, fija responsabilidades claras para las autoridades nacionales y territoriales con el objetivo de garantizar la tranquilidad y la convivencia ciudadana.
La contaminación acústica según la norma, ha sido un problema creciente en el país, afectando no solo la calidad de vida de los ciudadanos, sino también la salud pública y el equilibrio ambiental. Con esta nueva ley, se pretende reducir los niveles de ruido en entornos urbanos y rurales, garantizando espacios más saludables y sostenibles para todos.
Principales medidas de la Ley
La nueva normativa establece la formulación de una política pública de calidad acústica, enfocada en la prevención, mitigación, evaluación y control de la contaminación acústica en Colombia.
Uno de los ejes fundamentales de la ley es la creación de un marco regulatorio integral, que obliga a la armonización y actualización de las diferentes normativas sobre contaminación acústica. Esto permitirá que las autoridades ambientales, de salud y de policía cuenten con herramientas más eficaces para su aplicación y control.
Para garantizar el cumplimiento de estos estándares, se implementará un sistema de evaluación constante, en el que se realizarán mediciones y controles periódicos del ruido en distintas zonas del país. Esto incluirá la elaboración de mapas estratégicos de ruido, la delimitación de zonas de protección acústica y la actualización de protocolos de medición y modelación acústica.
Las responsabilidades institucionales recaen en diversas entidades, entre ellas el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Salud y Protección Social, así como otras instituciones encargadas de la gestión del ruido en el país. Estas entidades tendrán un plazo máximo de un año para diseñar e implementar la Política de Calidad Acústica.
Otro de los aspectos clave es la implementación de nuevas sanciones y medidas correctivas para quienes generen contaminación acústica que afecte la tranquilidad o la convivencia. Se establecen multas y suspensiones temporales de actividades, además de facultades para que las autoridades desactiven temporalmente fuentes de ruido excesivo en caso de reincidencia.
La normativa también pone especial énfasis en la protección de la salud y el medio ambiente, reconociendo el impacto negativo que el ruido puede tener en la salud pública y en la fauna. Se implementarán medidas específicas para reducir los efectos adversos del ruido en la calidad de vida de los ciudadanos y en el equilibrio ambiental.
¿Cuáles son las multas si se incumple la ley?
La Ley de Calidad Acústica establece un régimen sancionatorio para quienes incumplan sus disposiciones. Las multas varían en función de la gravedad de la infracción y el tipo de afectación generada.
Para infracciones leves, como la generación de ruido en zonas residenciales fuera de los horarios permitidos, se impondrán multas de hasta 2 salarios mínimos diarios legales vigentes. En casos más graves, como el incumplimiento de los límites de emisión sonora en establecimientos comerciales o eventos, las sanciones pueden alcanzar los 16 salarios mínimos diarios legales vigentes.
Las multas generales se clasifican de la siguiente manera.
- Multa Tipo 1: Dos (2) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv), que equivalen a $108.232.
- Multa Tipo 2: Cuatro (4) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv), que equivalen a $216.464.
- Multa Tipo 3: Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv), que equivalen a $432.928
- Multa Tipo 4: Dieciséis (16) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv), que equivalen a $865.856.
Cuando se trate de contaminación acústica reiterada o de alto impacto, como la provocada por industrias o sistemas de transporte, las multas pueden oscilar entre 40 y 800 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además, se podrán imponer suspensiones temporales de actividades y, en casos extremos, el cierre definitivo del establecimiento o la cancelación del evento.
Las autoridades de policía también podrán desactivar temporalmente las fuentes de ruido excesivo en casos de incumplimiento reiterado. En propiedades horizontales y sectores residenciales, las denuncias por ruido podrán sustentarse con grabaciones, mediciones y testimonios de la comunidad, lo que facilitará la aplicación de sanciones.
Impacto y próximos pasos
La Ley 2450 de 2025 representa un avance significativo en la regulación del ruido en Colombia, estableciendo un marco normativo más estricto y eficiente. Ahora, las autoridades locales deberán ajustar sus planes de ordenamiento territorial para garantizar su aplicación efectiva.
En el marco de esta legislación, las autoridades ambientales y municipales contarán con un plazo de hasta 18 meses para implementar planes de acción específicos. Además, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, junto con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), trabajará en la creación de un sistema nacional de monitoreo de calidad acústica.