LAS PÉRDIDAS a través de los “contrataderos” de obras públicas siguen representando uno de los principales focos de corrupción en Colombia. Según afirmó de manera reciente Alexander López, director de Planeación Nacional, desde 2017 ha habido una pérdida de 15,7 billones de pesos del Sistema General de Regalías, destinados de manera inicial a la construcción, adecuación y/o remodelación de infraestructuras y programas sociales en las regiones.

Este flagelo, según dijo la senadora Aída Avella a EL NUEVO SIGLO, y expuso en el debate de control político al Gobierno nacional, “es una problemática histórica desde la misma creación de la Ley 80 de 1993. Esta es la Ley de la Contratación, que en la práctica es la Ley de la Corrupción”. Y es que esta normativa es la que rige los diferentes procesos de contratación en las entidades estatales, pero que, de acuerdo a lo expuesto por Avella, ha sido eludida desde su promulgación.

Según lo explicado por la parlamentaria, miles de empresas han logrado la participación en centenares de contratos, siendo el departamento de Antioquia el de mayor origen de las empresas. A este, Valle del Cauca, Cundinamarca, Córdoba, Caldas, Bolívar le siguen, pero el foco de presencia de entidades por los que se generan estos casos de corrupción están en La Guajira, que cuenta con al menos 34 “contrataderos” en vigencia; Meta con 16; Antioquia con 15; y el César con 14, regiones donde las adjudicaciones comprenden entre los 112.000 millones y 392.000 millones de pesos.

No obstante, “son contratos que se hacen por menos de 1.000 millones, y son cantidades mínimas a las que les hacen una adición y duplican su valor. Y a la adición se le hace una nueva adición, lo que sube el contrato a los 2.500 millones de pesos”, planteó como ejemplo Avella, quien además denunció que el 70% de los proyectos pequeños, adjudicados a los “contrataderos” se pierden.

En relación al proceso, Avella dijo a este Diario que al haber un vacío legal en el que el estado no puede interferir en determinados procesos de contratación, en estos solo se “presentan 3 propuestas de 3 contrataderos y simplemente se ponen de acuerdo para que uno de ellos la gane. Entonces, ¿qué hacen los otros dos? No presentan un documento. No presentan una póliza que les exige o no presentan una cédula”.

Regalías

Sobre esta crisis de corrupción, el director de Planeación Nacional, Alexander López, atendió al llamado en la Comisión Cuarta de Senado y explicó que en los últimos años ha crecido de manera sustancial tanto la adjudicación como las pérdidas a través de obras adjudicadas a los “contrataderos” en los municipios de las seis diferentes categorías, hecho que ha permeado a toda la Administración pública.

López, quien aseguró haber hecho visitas a cientos de los proyectos adjudicados desde el Sistema General de Regalías, y afirmó que su entidad se encuentra haciendo una auditoría completa para determinar cuáles son los puntos de mayor avance; los más críticos; y los de mayor avance, haciendo seguimiento a las denuncias emitidas desde las regiones. Ahora bien, afirmó que los procesos de contratación solamente el 7% pasan por licitación pública, mientras el 41% se acoge a un régimen especial, el 35% por contratación directa, mientras que el otro 17% se adjudica a través de concurso, méritos o la mínima cuantía.

En ese sentido, el funcionario explicó que del 92,5% de recursos aptos para inversión, 18% de ese total están destinados para la Paz, Ciencia y medio ambiente. Asimismo, el 74,5% se ha destinado a la asignación de inversión regional, las inversiones directas (del cual el 25% está destinado a este rubro) y a la inversión local, siendo estos los que mayores fugas y retrasos presentan, pero, además, agregó que son los municipios y departamentos lo encargados tanto de la asignación, adjudicación y seguimiento a las obras contratadas.

Frente a las cifras, López puntualizó que desde 2012 y hasta enero de 2025 se han contratado 31.908 proyectos por el SGR por un valor de 99,6 billones de pesos. Sin embargo, solo desde 2021, tras la aprobación de la Ley 2056 de 2020, 21.520 proyectos han tenido la luz verde para su adjudicación por un monto de 77,1 billones de pesos, siendo estos los que se encuentran en auditoría.

No obstante, según dijo López a este periódico “el 35% de estos proyectos se encuentran en riesgo de pérdida total”, lo cual representaría 26,98 billones de pesos procedentes del SGR y que terminaron en manos de los “contrataderos”. De estos, los focos, como lo explicó Avella, se concentraron en el Meta, que cuenta con 916 proyectos en ejecución por un valor de $6,6 billones; Cauca, con 1.040 proyectos por $6 billones; Antioquia, con 1.839 proyectos por $4,4 billones; y finalmente Casanare y La Guajira, que, con un monto de $4,4 billones, cuentan con 751 y 925 proyectos respectivamente.

Modificación Ley 80

En relación al foco de corrupción, desde la comisión cuarta se propuso una modificación a la Ley 80. Y es que, para el senador Juan Felipe Lemos “el régimen de contratación pública en el país, que debería ser la regla general a la ejecución de los recursos, se ha convertido por vía legal, por la expedición de inmensidad de normativa más bien en la excepción y no en la regla general”.

Lemos le dijo a EL NUEVO SIGLO que es necesario que desde el Gobierno se busque una solución desde la modificación de la norma, “porque los famosos “contrataderos”, de manera desafortunada, están amparados en la misma ley: la ley de los servicios públicos, que permite a las empresas celebrar contratos interadministrativos con entidades del orden nacional o del orden territorial y por la vía del contrato interadministrativo, convertirse en ejecutoras. Y resulta que ellas no ejecutan, contratan a terceros, pero ellas no aplican el Estatuto de Contratación Estatal, sino la Ley 142 o la 144”.

Lemos aseguró a este Diario que, a raíz del vacío legal aprovechado por las empresas, estas “no tienen la obligación de adelantar los procesos de selección definiendo los principios de la contratación estatal definidos en la Ley 80, que son la libertad de concurrencia, el principio de economía, el principio de pluralidad de oferentes, el principio de publicidad. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno es presentar un proyecto de ley para que el Estatuto de Contratación Estatal sea el único que tengan que aplicar las entidades públicas, independientemente de su naturaleza o de su condición”.

Finalmente, para Angélica Lozano “esto solamente puede tener corrección con un proyecto de ley y queda ver esa propuesta desde Planeación Nacional”. Además, la parlamentaria le dijo a EL NUEVO SIGLO que “esto es un problema que si no se le pone un alto continuará, y una de las soluciones es que exista una limitación para las adjudicaciones”.