PESE A los ataques del presidente Gustavo Petro por el decreto de Estado de conmoción interior para el Putumayo, los empresarios agrupados en la ANDI solicitaron a la Corte Constitucional derogar el Decreto 62.
A esta solicitud se sumó la Asociación Colombiana de Minería y la Federación Nacional de Productores de Carbón.
En la petición de la ANDI, Alfonso Palacios, vicepresidente jurídico, pidió la revisión constitucional de dicho decreto, por considerar que carece de elementos que permitan adelantar el “juicio de necesidad: falta de justificación de la insuficiencia de las atribuciones ordinarias”.
En el documento, la agremiación señala que consideran que “las atribuciones dadas a las autoridades de Policía, para conjurar la grave perturbación del orden público, contienen afirmaciones sin el fundamento de un decreto por medio del cual se decreta un estado de conmoción interior”.
En un documento radicado ante el Alto Tribunal, la agremiación cuestionó que el Gobierno del presidente Gustavo Petro no justificó la razón por la que se decidió por esta medida extraordinaria, establecida en el Decreto 0062 de 2025, así como la falta de explicación sobre la insuficiencia de anteriores normativas para enfrentar los ataques que han dejado más de cincuenta mil desplazados en el norte de Colombia.
¿Atribuciones?
“Aunque es extensa la parte motiva del Decreto 0062 de 2025, en lo que respecta con la insuficiencia de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía para conjurar la grave perturbación del orden público, lo que contiene son afirmaciones, cuando no contradictorias, sin el fundamento propio de un decreto por medio del cual se declara un estado de conmoción interior”, explicó la ANDI en la misiva.
“Es más, en las medidas que anuncia el Decreto 0062 de 2025, no aparece una que tenga relación directa e inmediata con ese fortalecimiento del control del espacio aéreo, de las capacidades de los servicios de inteligencia y policía judicial de la fuerza pública, y del funcionamiento de la rama judicial”, detallaron en el documento.
Al conocer la petición, el presidente Gustavo Petro no tardó en responder a través de su cuenta de X diciendo: “la ANDI no quiere que se lleven recursos extraordinarios al Catatumbo a través de la conmoción interior. ¿Qué le dirá a las miles de familias desplazadas y a los familiares de los asesinados? ¿Qué le dirá a Colombia al debilitar a su ejército en las fronteras?”.
Incluso, el mandatario lanzó fuertes cuestionamientos al presidente del gremio, Bruce Mac Master, al considerarlo como defensor del sector de juegos de azar y suerte, recordando el archivo de la ley de financiamiento en el Congreso, que contemplaba cargas tributarias a este sector.
“Bruce Mac Master debería decir de frente, si por salvarle los impuestos transitorios a los juegos de suerte y azar quiere hacerle perder las fronteras a los colombianos”, comentó.
Oportunismo
No obstante, Mac Master salió en defensa de la carta dirigida a la Corte Constitucional, calificando como “oportunistas” la declaratoria del Estado de conmoción interior en el Catatumbo, para aplicar varias figuras que estaban contempladas en la reforma tributaria que fue archivada en las Comisiones Económicas del Congreso, a finales de 2024.
“Nos pareció que más bien lo que había habido allí era como una actitud bastante oportunista, desde el punto de vista de poner algunos impuestos que venían ya siendo pensados y que habían sido planteados en los anteriores borradores de las reformas tributarias y la ley de financiamiento”, comentó Bruce Mac Master en diálogo con Caracol Radio.
A su vez, Mac Master enfatizó en que la Corte, de llegar a declarar la exequibilidad del decreto del gobierno Petro, “debemos hacer énfasis en que esos recursos se tienen que dedicar exclusivamente a atender las causas directas de la que generaron en opinión del gobierno la conmoción interior”.
Frente a la crítica del presidente Petro por señalar defensor del sector de juegos de azar y suerte, el presidente del gremio empresarial declaró: “Es una forma un poco desleal, desde el punto de vista conceptual, para tratar de poner la opinión pública en contra de una organización o de una persona. Es una práctica, digamos, de esas típicas de la política que le hacen daño al debate leal y con técnica y argumentos”.
Los mineros
A su vez, la Asociación Colombiana de Minería (ACM) por medio de su presidente Juan Camilo Nariño, le solicitó a la Corte Constitucional que se declare la inexequibilidad o caída del Decreto 062, el decreto principal que desató la Conmoción Interior en el Catatumbo.
Para la Asociación, en su exposición, los hechos de violencia y la perturbación del orden público no cumplen los parámetros para ser considerados como graves o extraordinarios. Asimismo, indicaron que no se hace un análisis que explique por qué la situación es excepcional cuando se trata de una zona que ha vivido en permanente conflicto.
“El hecho de señalar que se “acrecentaron confrontaciones armadas” las cuales desataron una “ofensiva contra la población civil” no demuestra, por sí solo, la gravedad e inminencia de los hechos de acuerdo al estándar constitucional. En este caso el Gobierno no realizó una adecuada apreciación de los hechos, pues el acto de declaratoria no refleja un ejercicio de valoración que sustente la magnitud de lo afirmado”, plantearon.
Incluso, con cifras en mano expusieron que la cifra de homicidios de los que se tiene noticia en el Catatumbo durante este año (38) no representan un importante aumento con respecto al 2024 y, al contrario, se mantienen en la tendencia que se ha venido viviendo (entre 42 y 44 homicidios mensuales).
En el mismo ejercicio también señalaron que los casos de lesiones personales tampoco presentan una situación desbordada y el desplazamiento forzado es un problema constante según lo ha mostrado la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) en el Catatumbo y otras zonas del país.
Según informó Fecoljuegos, el gremio que representa a las empresas de juegos de azar en línea, el cálculo del Gobierno sobre los ingresos del sector fue erróneo.
El presidente de la organización Evert Montero explicó que la medida no solo desincentiva a los usuarios a participar en plataformas legales, sino que también fomenta la migración hacia sitios no regulados.
Yo le pregunto a Paloma Valencia y a Bruce Mcmaster, si más de 71 cadáveres recogidos, la existencia de fosas comunes escondidas por el ELN, el desplazamiento de 55.000 personas de 400.000 que habitan en el Catatumbo, la existencia de una frontera que se dejó tirada, el asesinato…
— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 5, 2025
Acciones estructurales
“De esta forma, el flagelo del desplazamiento, el confinamiento y el tratamiento al que se alude en el decreto objeto de revisión, no constituye un asunto sobreviniente e intempestivo, las cifras y las actuaciones de los poderes del Estado demuestran que desafortunadamente este ha sido un flagelo crónico y permanente que requiere de acciones estructurales para superarlo”, señala el informe.
Asimismo, afirmaron que los supuestos riesgos para la infraestructura energética y la actividad agropecuaria no fueron desarrollados y que las manifestaciones que el Gobierno ha mostrado sobre posibles amenazas a la infraestructura de hidrocarburos y eléctrica, “no se escapa al panorama constante que enfrenta la región del Catatumbo y el resto del país”.
Es más, aportando cifras del Ministerio de Defensa, la ACM señaló que los delitos ambientales en la zona no se han disparado ni enfrentan una variación en comparación con años anteriores, y que también, el Ejecutivo en el decreto no argumentó debidamente cuáles facultades ordinarias ha aplicado y por qué no han resultado suficientes.
Se desploman ingresos de juegos
El gravamen del 19% impuesto a los juegos de azar en línea ha generado una caída significativa en los ingresos del sector, según alertaron los empresarios del gremio.
La medida, que entró en vigor el 22 de febrero como parte de los decretos de conmoción interior para financiar la crisis del Catatumbo, ya muestra efectos adversos.
De acuerdo con los representantes de la industria, los ingresos de las plataformas reguladas han disminuido en un 50%, lo que pone en riesgo la sostenibilidad del sector y los recursos que este aporta al país.
