Tras cinco semanas de vigencia del estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, el gobierno Petro hizo, durante el consejo de ministros del lunes pasado −una vez más televisado− un corte de cuentas sobre cómo avanza el plan de choque que se está aplicando en la zona luego de los cruentos combates entre el Eln y las disidencias de las Farc, que dejaron decenas de muertes y no menos de 60.000 desplazados y confinados.

Los titulares de cartera y otros altos funcionarios explicaron, sector por sector, cómo avanza la implementación de las medidas extraordinarias activadas por la veintena de decretos dictados al amparo del estado de excepción. De hecho, se tenía previsto anunciar más normas, pero fue imposible, debido a que, tras la dilatada y accidentada crisis ministerial del último mes, todavía hay integrantes del gabinete sin posesionarse oficialmente y se requiere su firma obligatoria para suscribirlas.

A la par del balance de gestión, hubo varios anuncios de fondo, como el plan para erradicar de manera “voluntaria” no menos de 25.000 hectáreas de hoja de coca, dado que esta zona es una de las de mayor densidad de sembradíos ilícitos en todo el país. De hecho, esa es la razón de fondo de la guerra entre facciones ilegales: controlar corredores de narcotráfico, minería criminal, contrabando y otras economías ilícitas.

También se delinearon otros programas y propósitos relacionados con procesos de sustitución de cocales, desarrollo de infraestructura vial, apoyo a comercialización de productos agropecuarios, mecanismos de subsidios y transferencias económicas a población vulnerable, contingencias en educación y salud, titulación masiva de predios a campesinos, así como la activación del llamado “Pacto Social del Catatumbo”, dirigido a buscar mecanismos para aclimatar la paz, progreso y convivencia regional.

También se analizó el esquema de financiación de toda la estrategia de intervención socioeconómica, que tendría un costo de 2,7 billones de pesos. Esos recursos se deben conseguir a partir de los decretos de conmoción interior dictados para gravar, de manera temporal y durante esta vigencia fiscal, los juegos de suerte y azar, así como la exportación de petróleo y carbón.

Como se ve, cinco semanas después de acudir al estado de excepción el Gobierno parece que ahora sí tiene un plan delineado para intervenir en el Catatumbo. Sin embargo, como lo hemos reiterado en estas páginas, su implementación real depende de un factor principal e ineludible: la recuperación efectiva del control territorial e institucional en los once municipios de esta región, así como del área metropolitana de Cúcuta (blanco de recientes actos terroristas) y en las poblaciones de Río de Oro y González, en Cesar.

Si bien es cierto que desde hace un mes largo se desplegaron allí más de 10.000 efectivos de las fuerzas militares y de policía, no se ha informado de golpes contundentes a las estructuras del Eln y las disidencias. Claro, se han registrado combates y la presencia de las tropas continúa siendo masiva. Varios cientos de pobladores han podido volver a sus hogares o movilizarse luego de varias semanas confinados. Sin embargo, salvo por algunas capturas o abatimiento de combatientes y mandos medios −varios de los cabecillas de las disidencias se entregaron a las autoridades para no ser exterminados por sus rivales subversivos−, no hay claridad sobre los resultados concretos de la megaoperación militar.

Lo que sí sobran son interrogantes: ¿Ya salieron de la zona los centenares de guerrilleros elenos que ingresaron al Catatumbo para combatir a las disidencias o todavía están allí, selva adentro, en espera de que baje la presión de las tropas oficiales? ¿Cómo evitar que se repita la ‘migración’ de guerrilleros que a comienzos del año salieron de Arauca, pasaron por territorio venezolano (claramente con la complicidad de las fuerzas de seguridad de la dictadura chavista) y volvieron a ingresar a nuestro territorio por la zona fronteriza? ¿Todavía está funcionando el Puesto de Mando Unificado de las FF. MM? ¿Siguen desplegados los 10.000 uniformados? ¿En cuánto se aumentará el pie de fuerza militar y policial permanente? ¿Por qué tras un mes de operativos todavía hay 25.000 hectáreas de hoja de coca? ¿Cuántos narcolaboratorios y socavones de minería criminal han sido destruidos? ¿Cuántas armas y explosivos decomisados? ¿Cuándo habrá condiciones de retorno seguro para decenas de miles de desplazados que temen volver a sus casas y fincas? ¿Ya se neutralizaron los otros factores de delincuencia común y organizada en la zona? ¿Qué pasó con las denuncias de decenas de secuestrados y desaparecidos?...

El sentido común se impone: mientras no se recupere de forma eficaz, estructural y permanente el control territorial y la supremacía institucional en el Catatumbo, cualquier plan de intervención socioeconómica no tendrá mayor viabilidad y la población seguirá inerme ante los violentos.