Un grupo mayoritario de concejales de Bogotá, bajo el liderazgo de la concejal Clara Lucía Sandoval, enviará una carta al presidente Gustavo Petro y al Ministerio de Ambiente exigiendo el retiro de la resolución que limita el desarrollo de la ciudad y solicitando que se respete la autonomía del Distrito.
Dicha resolución afecta gravemente a miles de ciudadanos en las localidades de Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy y Bosa, impactando no solo la construcción de vías e infraestructura, sino también la calidad de vida de quienes ya han invertido en proyectos de vivienda y la estabilidad laboral de muchos trabajadores.
"No podemos permitir que el Gobierno Nacional imponga decisiones sin escuchar a la ciudad. Pedimos que se garantice la participación ciudadana y la coordinación con el Distrito, como lo ordena la ley", afirmó la concejal Clara Lucía Sandoval.
Los concejales firmantes esperan que el presidente Petro actúe con responsabilidad y corrija esta medida que pone en riesgo el desarrollo de Bogotá y el bienestar de miles de familias.
Ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá
Tras más de un año de estudios técnicos y mesas de trabajo con comunidades, academia, entes territoriales, organizaciones ambientales e instituciones del Sistema Nacional Ambiental, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible puso en consulta pública el proyecto de resolución para establecer los lineamientos de ordenamiento ambiental en la Sabana de Bogotá.
Este proyecto busca proteger cinco áreas de especial importancia ambiental en la Sabana de Bogotá: zonas de recarga de acuíferos, bosques naturales andinos, bosques secos subxerofíticos, humedales y áreas de amenazas naturales.
Las medidas de ordenamiento aplicarían para Bogotá, 35 municipios de Cundinamarca y 4 del Meta, beneficiando a más de 10 millones de habitantes.
Petro defiende el plan
En el contexto de creciente tensión política, el presidente Gustavo Petro reiteró su compromiso con el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá, un ecosistema considerado de interés nacional. Su declaración subrayó la necesidad de proteger el agua y la tierra fértil de la región, enfrentando la oposición de sectores interesados en la urbanización y el negocio inmobiliario.
Petro criticó duramente la actitud de la clase dirigente de Bogotá, calificándola de "bestialmente irresponsable" al priorizar los intereses económicos sobre la sostenibilidad ambiental. Destacó que la expansión urbana sin control podría llevar a una escasez de agua y a la quiebra de constructores, afectando negativamente a la ciudad.
Petro insistíó en que la población debe ser convocada a decidir sobre su territorio a través de mecanismos de participación como cabildos y consultas.