
“Entendemos el objetivo loable que pretende el Ministerio de Ambiente con los lineamientos de ordenamiento territorial para la Sabana de Bogotá. Es claro que debemos mejorar nuestra planificación y garantizar un crecimiento sostenible. Sin embargo, el mecanismo planteado genera incertidumbres, se necesitan precisiones”, advirtió el gobernador de Cundinamarca, Emilio Rey Ángel.
Tras reconocer que el ritmo y la forma en que se ha dado el desarrollo urbanístico y de inversión en la Sabana no han atendido principios de adecuada planeación regional para garantizar del todo la preservación ambiental, Rey señaló algunas preocupaciones que despierta el proyecto de resolución
- No podrían localizarse en el territorio actividades productivas nuevas o mejoradas.
- Las obras viales para solucionar los graves problemas de movilidad entre Bogotá y Cundinamarca se demorarían más o podrían no tener licencia.
- Sería improbable hacer realidad nuevos proyectos de transporte masivo regional y se dificultaría aún más la construcción de infraestructura para garantizar cobertura de la demanda de servicios públicos.
Impactos del nuevo modelo de ocupación de la Sabana de Bogotá
Uno de los aspectos más controvertidos de la reciente resolución es la propuesta de declarar todo el suelo de la Sabana de Bogotá como área de protección ambiental o agrícola, lo que impediría cualquier expansión urbana más allá de lo ya aprobado.
Necesidad de preservación y desafíos de asentamiento
Se reconoce la necesidad de preservar el ecosistema de la Sabana, proteger las zonas productoras de agua y promover prácticas agrícolas que garanticen la seguridad alimentaria. Sin embargo, se destaca que la resolución no aborda cómo se habilitaría suelo para acomodar a los 2.300.000 habitantes adicionales que Cundinamarca espera tener para 2050, según el DANE.
Inexactitudes cartográficas y limitaciones
La cartografía utilizada en la resolución no siempre refleja la realidad del territorio. Por ejemplo, en Tocancipá, se indica que un área significativa es humedal, lo que prácticamente imposibilitaría cualquier actividad en esa zona, aunque en la realidad no es así.
Implicaciones significativas
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Impacto en los municipios: 24 de los 40 municipios afectados tendrían toda su área municipal impactada por esta medida, mientras que en los otros 16, la afectación sería parcial.
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Limitaciones en la construcción: Se congelarían los trámites de más de 40 planes parciales de vivienda, afectando unas 350.000 viviendas.
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Proyectos de infraestructura: Estos requerirían nuevos permisos ambientales, aumentando costos y tiempos de ejecución.
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Ambigüedad en la resolución: La normativa es vaga y requiere mayor precisión para que las autoridades puedan actuar de manera efectiva.
Falta de concertación
El proyecto de resolución fue publicado sin un proceso previo de socialización con las entidades territoriales, lo que ha generado preocupación en el gobierno departamental. Se espera que el Ministerio amplíe el plazo para permitir una evaluación técnica rigurosa de los impactos.