LA REFORMA debe partir de un análisis ponderado de las necesidades, de las racionalidades y de la capacidad de implementación. Así lo dijo la titular de dicha cartera, Ángela María Buitrago.

En conversación con EL NUEVO SIGLO habló sobre cambios en la elección del procurador y contralor. Pero también destacó que viene una reforma puntual al derecho penal sustancial y procesal en aspectos de causales de extinción de la acción penal.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo lograr el acceso a la justicia a todos los colombianos?

ÁNGELA MARÍA BUITRAGO: El acceso a la justicia es un derecho humano que implica que las personas, primero, tengan la opción de acercarse y recurrir al sistema de justicia para que sean escuchados y, a su vez, obtengan una solución a su conflicto.

Eso implica analizar la forma de construcción institucional y de presencia en las regiones de diversas formas de justicia que puedan impedir que el ciudadano tenga opciones para ello.

Asimismo, se deben analizar las barreras que se han construido en diferentes niveles para construir política pública que erradique esos obstáculos sobre todo haciendo más énfasis en las poblaciones vulnerables.

Incluso la propuesta de mecanismos de solución de conflictos como la conciliación han sido muy eficaces en esta experiencia para brindar herramientas de acceso a la justicia.

Por esa razón, el Ministerio de Justicia le apuesta a la implementación de todas las posibilidades que conlleven a acercar de alguna manera la justicia al ciudadano, teniendo también presente que las necesidades legales son recurrentes en una sociedad con un conflicto tan alto.

ENS: ¿Cómo será la reforma a la justicia que se presentará en el Congreso?

ÁMB: La reforma a la justicia debe entenderse como una conjunción de muchas partes que permiten comprender de manera omnicomprensiva todo lo que encierra la palabra justicia. Muchas son las áreas que hacen parte de la justicia. La reforma entonces está compuesta por varios proyectos que se han ido erradicando poco a poco y que se construyen en la dimensión de comprender cuáles son los puntos que deben priorizarse.

Por el momento creemos que una reforma debe partir de un análisis ponderado de las necesidades, de las racionalidades y de la capacidad de implementación (económica, institucional). Por esa razón ya radicamos en agosto la reforma agraria que es una ley procesal sobre competencia y funcionamiento, así como normas que permiten materializar los derechos sustanciales.

Asimismo, viene una reforma puntual al derecho penal sustancial y procesal en aspectos de causales de extinción de la acción penal, principio de oportunidad y preacuerdos que prontamente se radicará, igualmente, en articulación con el Consejo Superior de la Judicatura, el ICBF, representantes de grupos étnicos y por ello se piensa radicar la reforma a la Ley de Adolescencia e Infancia en particular al sistema de Responsabilidad penal de Adolescentes; así como La justicia interseccional y la articulación entre la justicia ordinaria e indígena.

Asimismo, hay otras propuestas que reglamentarían normas de la Constitución como la de Justicia Familiar y la de Conciliación, y algunas otras reformas de carácter penal, procesal penal y penitenciario. Es importante mencionar que en este proceso también se han construido consensos con muchos integrantes del mundo académico, social, institucional, que ha permitido madurar los proyectos.

ENS: ¿Qué hacer en los casos que se han conocido que resulta muerto un delincuente por la persona que es atacada y lo hace en defensa propia?

ÁMB: La violencia en algunos sectores del país ha llevado a que se ejerza la legítima defensa por los ciudadanos o habitantes del territorio nacional, que es una conducta aceptada como parte del ejercicio de un derecho como es proteger la vida o integridad personal.

La legítima defensa impide que se hable de delito porque el comportamiento está justificado por reaccionar ante una agresión injusta. Por esa razón, es importante decir que quienes han ejercido la legítima defensa no pueden ser sancionados por el derecho penal.

Pero lo preocupante es cómo contener las agresiones injustas contra la vida e integridad personal y allí es donde aparece la necesidad de intervenir para evitar o prevenir esos ataques de manera eficiente.

Se está trabajando en varios niveles que necesitan articulación y coordinación: nivel de prevención con política de seguridad, nivel de investigación y sanción que es responsabilidad de la Fiscalía y jueces. Pero además creemos que la educación también influye, la necesidad de comprender el respeto por el otro y el derecho a que no sea violada su integridad como parte de una convivencia adecuada.

En Colombia no solo el nivel de violencia y agresión es alto, también el de intolerancia. Por tal razón debemos considerar que la sociedad debe también establecer normas sociales que lleven a reprochar estos comportamientos, a actuar con solidaridad en estos casos, y a ejercer acciones de prevención y neutralización del delito.

¿Cambios en elección de contralor y procurador?

ENS: ¿Se plantean cambios en la elección de la Procuraduría y Contraloría?

ÁMB: Son propuestas que están sobre la mesa tanto en el Congreso como en la mesa de reforma a la justicia, pero se están evaluando. Las transformaciones que se han asumido en Colombia sobre las funciones de elección y nombramiento han sido objeto de discusión desde hace mucho tiempo por la politización que puede y que se ha demostrado en algunos casos permea los nombramientos en organismos que tienen que ser imparciales e independientes.

Por esa razón, creo que también se debe dar una discusión franca sobre estos puntos que ponen a reflexionar el funcionamiento de los órganos de control y que, en últimas, puede llevar al traste con los pesos y contrapesos que son necesarios dentro de un Estado de derecho, a la vez que pueden ser poderes que desequilibren, cuando actúan políticamente, las funciones que ejercen y el poder que tienen.

ENS: Siempre se ha planteado eliminar la Procuraduría. ¿Qué piensa de ello?

ÁMB: Desde que yo me acuerde, la Procuraduría se quiere eliminar. En particular desde que surgió el sistema acusatorio, los debates fueron directos para desaparecer la Procuraduría. En su momento, el doctor Edgardo Maya defendió la existencia de la institución e igualmente es una norma constitucional la que la considera como parte de una institución garante de los derechos de los habitantes del territorio colombiano.

Cualquier decisión al respecto debería llevar una propuesta de reforma constitucional, pues es desde la Carta Política que se concibe la existencia y la función de este organismo. Pero en mi criterio deben evaluarse varios aspectos que influyen para tomar una u otra posición.

La discrecionalidad de intervención en los casos, la falta de cubrimiento de procuradores en todas las áreas, la forma como se han venido desempeñando algunos ministerios públicos en los procesos penales en donde se convierten en un acusador más, pueden apuntar a reforzar la idea de su eliminación.

Pero, al mismo tiempo, las acciones que realizan otros procuradores en cárceles, en derecho agrario, en defensa de derechos pone en la balanza un elemento muy difícil de decidir.

ENS: ¿Cómo se está utilizando en la justicia la inteligencia artificial?

ÁMB: La inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa y útil en la justicia. Por esa razón, desde hace algún tiempo, se les ha apostado a sistemas que utilizan inteligencia artificial y que se han implementado como métodos para racionalizar el trabajo, compilar y analizar información.

Sistemas como el Watson, por ejemplo, permite seleccionar casos en la Fiscalía o el sistema Pretoria para selección de tutelas y otros que se usan en investigación como el I2 que permiten analizar miles de datos de información, son útiles.

Pero lo que somos conscientes como lo es la Unión Europea, la Corte Constitucional y las justicias del mundo es de los riesgos que puede presentarse si deja la justicia de manera exclusiva en la inteligencia artificial.

El ser humano no puede ser sustituido. La IA es importante para análisis de documentos y gestión, pero no para dictar sentencias. El debate lleva permanentemente a discutir aspectos que solo puede realizar el juez y que son parte de las garantías de las personas ante la justicia.

La digitalización y el expediente digital también son métodos que se están implementando en la actualidad y que permiten gestionar de mejor manera el acceso, la conservación y el orden de los expedientes.