EL NUEVO SIGLO: ¿Qué impacto tiene la renuncia del superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, en medio de una coyuntura tan complicada como la que tiene Colombia en este momento en dicho campo?
CAMILO SÁNCHEZ: Veníamos trabajando con el superintendente para avanzar en muchos temas. Uno de eso en lo que tiene que ver con la Costa Atlántica, donde en este momento el fenómeno de Air-e debe ser muy bien manejado y tenga personas conocedoras del proceso.
Al cambiar el superintendente, si llega a suceder eso, va a ser un ‘borrón y cuenta nueva’, que muy seguramente puede ocasionar traumatismos en el proceso que se estaba adelantando.
En segundo, los puntos de encuentro que hemos trabajado para actualizar la ley 142 este mes entrante. Estamos pensando en hacer foros, conversatorios y habíamos hecho bastantes charlas para llegar a puntos de encuentro.
ENS: ¿Por qué en la agenda legislativa que ha promocionado el ministro, Juan Fernando Cristo no se habla de la reforma a la ley de servicios públicos?
CS: Es muy clara la cosa: Porque todavía no hemos llegado a los puntos de encuentro, porque gracias a Dios pudimos buscar puntos que fueran importantes para el sector.
El primero es que al principio se hablaba de que teníamos que volver todo público nuevamente, desaparecer la privatización o la participación de las empresas privadas y mixtas. Creo que ese era un tema muy complicado, pero ya avanzamos.
Segundo, porque se está construyendo un articulado para meter la actualización tecnológica, la inteligencia artificial, los micromedidores y macromedidores.
Y tercero, porque todavía hay unas diferencias muy importantes en muchos de los temas. Pero lo más importante es que logramos evitar que se metiera en una ley marco como esa, artículos que tenían que ver con bajar tarifas. Ya este tema está zanjado.
La parte más importante, lo que tiene que ver con la institucionalidad, estamos trabajando para hacer que el proceso de la CREG tenga los funcionarios totalmente nombrados, y adicionalmente que podamos trabajar para generar políticas públicas con el Gobierno nacional.
ENS: En medio de la sequía, ¿qué tan cerca está Colombia de un racionamiento de agua y luz eléctrica?
CS: El racionamiento de agua ya lo tenemos. La ciudad más importante del país ha tenido que sufrir debido al cambio climático. Estamos viendo que el alcalde Carlos Fernando Galán ha tomado una decisión muy seria y dolorosa políticamente, porque decidir tomar ese racionamiento no es fácil. Pero era muy importante porque si no podíamos tener unas consecuencias mucho mayores.
La otra parte importante es decirle a la gente que es el momento del consumo responsable y tenemos que participar cada uno de los hogares en este proceso.
La parte técnica de la CRA para que evitemos tomar decisiones apresuradas, que en un momento determinado puedan incrementar las tarifas o el valor que se va a incorporar a la tarifa, por decisiones apresuradas como decir que se disminuye rápidamente el valor en el máximo de consumo que se puede tener y eso es lo que hace es disparar la tarifa.
Ahí, estamos preocupados porque tenemos que decirle al Gobierno que anticipe procesos para que no se llegue a un apagón financiero, porque el apagón financiero sería mucho más contundente y necesitamos.
Incremento de tarifas
ENS: ¿El riesgo de un aumento en las tarifas de agua, luz y gas a corto plazo es alto o bajo?
CS: Podría decirse que mediano porque estamos anticipándonos para que no vayan a tomar malas decisiones. Por eso seguimos diciendo que ‘buenas decisiones hoy, aseguran servicios públicos mañana y adicionalmente aseguran servicios públicos en precios razonables’.
¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos quedándonos sin gas disponible. Eso nos preocupó muchísimo. Estuvimos con el presidente Ecopetrol pidiendo que nos diga de dónde vamos a tener el gas suficiente para evitar estos problemas y que llegue el gas suficiente a las térmicas, ya que no ha llovido y, por consiguiente, volvemos a generar en térmicas.
ENS: Haber metido el tema de la opción tarifaria en el proyecto de reforma tributaria que hoy tiene tan mal ambiente en el Congreso, ¿no cree que fue un error del Gobierno?
CS: Creo que fue una jugada política porque era una forma de presionar a la costa. Lo que hemos dicho desde el principio es que, en torno a la opción tarifaria, aplaudimos lo que hizo el presidente de la República. Pero llevamos cinco meses y no la ha entregado.
Eso está poniendo en una tensión muy grande a los comercializadores y al sector. Esa plata se tiene que incorporar ya. Hay que hacer una ley de un artículo, no en ninguna reforma tributaria ni en ninguna otra norma diferente a este tema específico, para que pueda llegar rápidamente esos recursos.
Hoy se han entregado 1 billón 600 mil de créditos compensados a través de Findeter, pero se requiere que todas las empresas, la mayoría públicas que están desfinanciadas porque no han entrado ni los subsidios ni se les ha entregado la opción tarifaria, no caigamos en riesgo.
Ahí podríamos tener nuevamente ese apagón financiero que es el que tuvimos que evitar hace un año.