Al motivar la medida de aseguramiento proferida contra el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, la Fiscalía señaló que si mantiene su decisión de delegar la contratación, esta postura “pudiera significar que será un peligro para la comunidad, porque subsiste la posibilidad que se repitan situaciones semejantes”.
La precisión está contenida en el escrito mediante el cual un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia resolvió la situación jurídica de Gaviria, vinculado a una investigación por irregularidades de contratación, y le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad.
Como lo informó EL NUEVO SIGLO, la investigación es sobre actuaciones de Gaviria cuando ejerció por primera vez el cargo, entre 2004 y 2007.
Y como también lo reseñó este Diario, se han multiplicado los cuestionamientos a la justificación de cobijar a Gaviria con una medida privativa de la libertad.
Pero en el escrito, está claro que para la Fiscalía Gaviria era el representante legal del departamento, el ordenador del gasto y, aún cuando hubiese delegado la función de contratar, debía ejercer la vigilancia, coordinación y control de la delegación.
“Si bien es cierto, desde la época de los hechos hasta la presente ha transcurrido un lapso de tiempo considerable, que no otorga lógica a la imposición de una medida privativa de la libertad, también lo es que no puede pasarse inadvertido” que Gaviria “nuevamente ocupa el cargo de gobernador electo de su departamento”, precisó el Fiscal del caso, quien consideró que “en tales condiciones, la réplica de actos semejantes en este nuevo periodo se puede avizorar como muy posible, lo cual hace necesario y urgente precaver a través de la cautela cualquier reiteración”.
Así, la medida de aseguramiento se tomó “sobre la necesidad de resguardar los intereses de la sociedad en cuanto espera de los gobernantes un manejo pulcro, transparente, responsable de los dineros públicos, y que se desarrolle la administración pública con imparcialidad, eficacia, moralidad y economía”.
Según la Fiscalía, los elementos recopilados en el proceso, que se sigue en el marco de la Ley 600 de 2000 (anterior sistema penal), indican que Gaviria incurrió en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo, y heterogéneo con peculado por apropiación en favor de terceros.
El Fiscal del caso encontró que en el contrato de mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz (tramo La Cruzada - Caucasia), suscrito en 2005 por valor de $41.663.432.778, se pactó inicialmente un anticipo del 25% y luego se amplió al 29%, lo que significó casi $1.500 millones de más para el contratista. Esta modificación desconoció requisitos legales esenciales, como los principios de planeación y transparencia.
Además, se constató que el mencionado anticipo fue pagado sin la aprobación de una garantía contractual que aseguraría la destinación correcta de los dineros. Esta omisión generó que el contratista invirtiera más de $10.000 millones en maquinaria y equipos.
La investigación evidenció que se hicieron dos adiciones al contrato inicial, que tampoco habrían atendido los principios esenciales de la contratación pública. Una, representó cerca de $4.000 millones para adecuaciones de un sector específico de la misma troncal; la otra, mediante un otrosí, se realizó cuatro días antes de finalizar el periodo del Gobernador y contempló la construcción de una vía de acceso al municipio de El Bagre (Antioquia).
Este último asunto, que comprometió más de $16.000 millones, debía ser objeto de un nuevo proceso de selección y no podía hacer parte del contrato original.