LA CRISIS de inseguridad y orden público en todo el país se continúa agravando. Así lo informó el defensor del pueblo (e), Julio Luis Balanta Mina, en entrevista con este Medio.

El alto funcionario advierte que los grupos ilegales aprovecharon los ceses al fuego para fortalecerse y aumentar su operatividad criminal, en tanto que la población civil se ve hoy más victimizada en muchas regiones, especialmente en el suroccidente del país y en departamentos como Cauca.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál es hoy el panorama en materia de derechos humanos en Colombia?

JULIO MINA: La Defensoría del Pueblo ha señalado que la situación de derechos humanos en Colombia sigue siendo crítica, con un aumento en los hechos violentos en diversas regiones del país. Las comunidades en áreas afectadas por el conflicto armado y el narcotráfico siguen siendo las más perjudicadas, con un incremento en las amenazas, desplazamientos forzados y ataques armados.

La Defensoría del Pueblo ha reportado que cerca de 430 municipios y más de 20 áreas no municipalizadas están en riesgo debido a la actividad de grupos armados ilegales. Las principales organizaciones responsables de la violencia son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo), el Estado Mayor Central (disidencias de las Farc), el Eln, la Segunda Marquetalia (disidencias de las Farc) y grupos de crimen organizado que se han expandido en los últimos años, lo que visiblemente ha deteriorado la situación de orden público.

Por ejemplo, la presencia, injerencia o tránsito del grupo armado ilegal AGC o Clan del Golfo entre el 2019 y el 2024 tuvo un aumento del 84%, al pasar de 213 municipios hace cinco años a 392 este año. Es una de las estructuras al margen de la ley con mayor crecimiento en Colombia.

ENS: ¿Qué tanto la débil vigilancia a las violaciones de los ceses al fuego ha incrementado la victimización de la población civil por grupos armados ilegales que están en diálogo con el Gobierno?

JM: La falta de vigilancia efectiva sobre el cumplimiento de los acuerdos de cese al fuego ha permitido que algunos grupos armados ilegales continúen realizando actividades violentas y expandan su presencia en los territorios. Esto ha incrementado la victimización de la población civil en regiones donde tienen presencia los grupos en diálogo con el Gobierno nacional.

La Defensoría ha emitido desde 2017 un total de 318 Alertas Tempranas debido a la presencia e injerencia de estructuras armadas ilegales. Estas alertas han sido fundamentales para identificar los riesgos y advertir sobre los posibles hechos de violencia que podrían ocurrir en el marco del conflicto armado.

Ante la existencia de hechos sistemáticos que vulneran y violentan los derechos humanos, además de que van en contravía de lo establecido por el DIH, la Defensoría del Pueblo ha solicitado e insistido al Gobierno nacional y los entes competentes del orden territorial lo importante que es emprender acciones y planes de protección efectivos para las comunidades, especialmente en aquellas zonas convulsionadas por el conflicto armado, sin tener en cuenta cuántos grupos armados al margen de la ley delinquen en esas zonas. Es obligación del Estado garantizar los derechos de la población civil.

ENS: ¿Qué tan grave es lo que está pasando en Arauca?

JM: Este departamento continúa siendo una de las regiones más afectadas por la violencia, especialmente por la presencia del Eln y otros grupos armados ilegales. La situación es crítica porque hemos registrado incremento en los niveles de desplazamiento forzado y confinamiento por hechos de violencia armada.

El recrudecimiento de la violencia en los municipios de Tame, Puerto Rondón y Arauquita, en Arauca, no cesa. Es por ello que la Defensoría insiste en su llamado a las organizaciones armadas ilegales que delinquen en el departamento para que respeten los derechos humanos y no infrinjan lo establecido en el DIH, y lo más importante, para que dejen al margen de su accionar indiscriminado a la población civil.

En uno de los últimos informes de la entidad reportamos que el número de personas desaparecidas en el departamento de Arauca ascendió a 73 en el primer semestre de este año, es decir, 38 más que en el mismo periodo del año anterior. A la cruda situación se suma, como lo reportó días atrás la Defensoría del Pueblo, al menos 78 homicidios.

Departamentos más afectados

ENS: ¿Cauca es hoy el departamento más complicado en materia de violencia?

JM: La situación de violencia en Cauca es extremadamente grave. Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, el departamento ha experimentado una escalada significativa en la violencia, con 375 excombatientes y líderes sociales asesinados hasta la fecha. En 2022, la Defensoría del Pueblo reportó 480 incidentes de violencia, incluyendo homicidios, atentados, amenazas, desplazamientos y reclutamientos forzados. Este número aumentó a 560 en 2023, lo que representa un incremento del 17% en comparación con el año anterior.

Desde la firma del Acuerdo de Paz en el segundo semestre del 2016 hasta la fecha, los más afectados en el departamento han sido los líderes y lideresas sociales con 302 personas asesinadas. Les siguen los excombatientes de las Farc, con 73 homicidios.

Entre 2017 y lo que va del 2024, la Defensoría ha emitido 27 Alertas Tempranas Estructurales con el propósito de llamar la atención de la institucionalidad gubernamental para que la población civil sea protegida, incluidos quienes renunciaron a las armas, lideresas y líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos, haciendo especial énfasis en Piamonte, Caldono, Argelia, Caloto, Santander de Quilichao, Buenos Aires, Suárez, Guachené, Miranda, Corinto y Toribío, municipios donde el conflicto representa un mayor riesgo para las comunidades. La violencia en el Cauca también afecta de manera desproporcionada a comunidades vulnerables, incluidas las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas.

En las alertas se subraya la necesidad de respuestas coordinadas para proteger a las comunidades y prevenir nuevos actos de violencia. La entidad ha instado al Gobierno y a las autoridades locales a implementar acciones extraordinarias para la prevención, protección y garantía de no repetición, enfatizando la importancia de un enfoque integral y coordinado para abordar la grave crisis de seguridad en Cauca.

ENS: ¿Cómo va 2024 en materia de masacres y asesinatos de líderes sociales y desmovilizados?

JM: En los primeros seis meses de 2024, la Defensoría del Pueblo reportó un total de 12 masacres en Colombia, que resultaron en 43 personas asesinadas. Esta cifra refleja una preocupación creciente por la persistencia de la violencia en el país.

Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 hasta la fecha, se han registrado al menos 375 asesinatos de líderes sociales solo en el departamento del Cauca. A nivel nacional, el número total de líderes sociales asesinados también ha sido alarmantemente alto, con un incremento en los últimos años. En el caso de los excombatientes de las Farc, desde la firma del Acuerdo de Paz, solo en el Cauca se han registrado 73 asesinatos. Esta cifra subraya la grave situación de violencia que enfrentan estos individuos, que a menudo son víctimas de grupos armados ilegales y otros actores violentos.

Estos datos indican un contexto crítico en términos de derechos humanos en Colombia, especialmente en regiones afectadas por el conflicto armado y la violencia. La Defensoría del Pueblo sigue trabajando para alertar y mitigar estos riesgos, instando a una respuesta efectiva por parte de las autoridades para proteger a las comunidades más vulnerables.

ENS: ¿Cómo hacer para que las autoridades le pongan más atención a las alertas tempranas?

JM: Las alertas de la Defensoría del Pueblo, cuya naturaleza es netamente preventiva, advierten escenarios de riesgo y son una herramienta para las autoridades locales y Gobierno nacional. Se deben implementar acciones extraordinarias para la prevención temprana, protección y garantía de no repetición, con la participación de entes nacionales y territoriales, porque el objetivo principal es prevenir la ocurrencia de nuevos hechos victimizantes, la vulneración de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Es fundamental fortalecer acciones enmarcadas en la política pública de prevención, con la finalidad de que los equipos de acción inmediata logren activar de manera oportuna y pertinente las rutas establecidas, teniendo en cuenta las dinámicas actuales del conflicto armado y los delitos de uso y utilización de menores de edad, los cuales siguen siendo recurrentes en todo el territorio nacional.

La Defensoría ha hecho hincapié en la necesidad de una respuesta institucional más coordinada y eficaz para las Alertas Tempranas. Esto incluye mayor colaboración entre el Gobierno nacional, las fuerzas de seguridad y las entidades territoriales.