EL NUEVO SIGLO: ¿Por qué se está volviendo recurrente en Colombia el secuestro de grupos de militares o policías por las comunidades, incluso instrumentadas por ilegales?

JOSÉ FRANCISCO FORERO MONTEALEGRE: La explicación es muy sencilla: el actuar de la Fuerza Pública es reprimir el delito que acciona en cualquier sitio del país. Cuando se va a reprimir ese delito para el bien de la sociedad, los bandidos de los diferentes grupos delincuenciales tratan de impedir que eso se haga.

¿Quiénes son los pobladores de esas regiones? Las comunidades indígenas o campesinos. Utilizan un nuevo término que no existe en la Constitución y es que ahora son mal llamados ‘Guardias Campesinas’, pero guardias para proteger qué o a quiénes.

Entonces, desafortunadamente hay algunos decretos del Gobierno, pero son más los comentarios que hacen algunos hombres y mujeres en el poder, que hacen que se genere una ambigüedad en el actuar de los comandantes en la dirección de las operaciones.

Hace tres meses, el presidente Gustavo Petro, en uno de sus discursos, dijo que los fusiles de las Fuerzas Militares de Colombia no apuntarán a los colombianos. Entonces, ¿tenemos que permitir, como parte de la Fuerza Pública, que los delincuentes instrumentalicen a la población civil para que no actúen en nombre de la ley, sin poder nosotros usar las armas para remediar situaciones como estas?

Es muy complicado que las Fuerzas Militares y Policía Nacional puedan actuar cuando se dicen este tipo de comentarios, que, lo que hacen, es poner en tela de juicio el actuar de los cuerpos de seguridad del Estado.

ENS: ¿Qué daño produce esto a la institucionalidad de la Fuerza Pública y al ejercicio legítimo de la fuerza del Estado?

JFFM: Para mí es un daño letal. Primero, porque no deja actuar de forma libre a las Fuerzas Militares y Policía Nacional.

Segundo, le da la posibilidad a esos bandidos de que sigan actuando de la manera en la que lo han venido haciendo de forma recurrente. No se imaginan la capacidad que tienen hombres de las Fuerzas Militares para ir al combate y tener que reprimir sus capacidades, precisamente por esa convicción de no hacerle daño a nuestros ciudadanos, que ellos mismos se dan cuenta que son gente de bien.

Tenemos que seguir buscando al enemigo, y estos campesinos e indígenas quedan a merced de estos delincuentes, que es donde encuentran el nicho para amedrentar a estas poblaciones y dejarlas instrumentalizadas para que hagan lo que a ellos se les venga en gana.

ENS: ¿Esta clase de secuestros masivos de uniformados se repite porque penalmente nunca le ocurre nada a quienes participaron en los plagios?

JFFM: Cuando llegan las autoridades civiles del Gobierno a mediar es a mediar qué cosa. Es que las Fuerzas Militares y Policía Nacional no están cometiendo delito alguno.

Porque si los van a secuestrar y no hacen uso de las armas como debe ser, en la negociación lo que se trata es: ‘sí, yo negocio, pero a mí, el bandido, no me hacen nada’. Obviamente, el Gobierno asume una posición de: ‘pobrecitos, dejémoslos porque están protestando por sus derechos y por sus comunidades’.

Pero, ¿los derechos de quién? ¿De cuáles comunidades? O sea que son los derechos de los bandidos, que someten a esas comunidades para que delincan, lo que lleva al país a tener más dolores y pérdidas de legitimidad de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

¿Nueva arma para ilegales?

ENS: ¿Hasta qué punto esto se convirtió en la nueva arma en grupos residuales de las Farc y Eln para impedir operativos contra narcotráficos y otros delitos de alto impacto?

JFFM: Creería que es el arma que más están usando para mantener sus rutas de comercialización de oro o del alcaloide. Dos, para poder tener esos territorios produciendo para ellos, ya que no lo hacen para el campesino.

Si hoy le preguntamos a los campesinos, ellos responden que no quieren sembrar más este tipo de cultivos ilícitos, ya que no les generan la rentabilidad que en su momento generaron.

Hoy la rentabilidad es baja y quieren aprovechar sus conocimientos y tierras para producir lo que necesita el país, que es comida. Eso nos da desarrollo y posibilidad de vida.

Pero obviamente, estos delincuentes lo único que hacen es tratar de mantener vías, cultivos y sometimiento a la población civil.

ENS: ¿No queda en segundo plano la vida del servidor público frente a la de quien impulsa un delito?

JFFM: Claro. Lo que es legítimo y legal pasa a un segundo plano. Ellos han aprendido, porque obvio ha sido la política de Gobierno, que primero está el derecho a la vida del delincuente y no la del servidor público.

No estoy diciendo que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional llegan a arrasar. Ambos cuerpos de seguridad tienen hombres entrenados y formados para respetar los derechos humanos, la Constitución y la ley, y para aplicar el derecho internacional humanitario en conflictos.

En Colombia hay un conflicto y un gran enemigo, que son estos grupos delincuenciales que hacen estas actividades y después se presentan como los adalides diciendo que quieren firmar y entrar en un proceso.

ENS: ¿Qué se debe hacer de aquí en adelante, en el marco de la política de seguridad y orden público, para acabar de una vez por todas con estos secuestros masivos de policías y militares, en el medio de los cuales, incluso, ya se han presentado muertes de uniformados?

JFFM: Lo primero, es el pronunciamiento del Gobierno como política del gobierno. Si no, vamos a seguir en este mismo desorden e indisciplina que llevará al país a tener un momento en que las Fuerzas Militares y Policía Nacional van a quedar maniatadas.

O, simplemente, que las instituciones de seguridad del Estado, van a terminar siendo los que cometan un delito. Es que, si a usted lo van a secuestrar o le harán una toma, y usted hace uso de sus armas, van a decir que usted se fue en contra de la población civil, que es lo que hoy está sucediendo.