LA PROPUESTA del Gobierno de que los bancos realicen inversiones forzosas a algunos sectores de la economía, dándoles créditos y entre ellos utilizando el ahorro de los usuarios, siguió generando controversia en varios sectores económicos.

Renzo Merino, vicepresidente y analista de la calificadora Moody’s para la región y para Colombia, expresó incertidumbre respecto a esta medida, que podría afectar la confianza de los inversionistas.

En declaraciones a La W el directivo se mostró en contra de la propuesta del Gobierno sobre las inversiones forzosas, medida que será incluida dentro de la reforma tributaria que presentará al Congreso y dijo que “ha sido un factor muy importante en cómo se ha comportado la inversión en el país, sobre todo por parte de los inversionistas locales en los últimos dos años y también otro tema que se le llama importante sería ver si es que este tipo de medidas podrían crear ciertas distorsiones en el sistema financiero afectando las tasas de crédito que podían acceder los inversionistas y a la vez no tener consecuencias que al final podrían ser hasta negativas en el más largo plazo”.

Calificación

Asimismo, el vicepresidente y encargado de dar la calificación de Moody’s para el país, aseguró que la confianza es crucial para la reactivación económica. Por eso, afirmó que la preocupación en torno a posibles cambios regulatorios y al rol del Estado en sectores clave, como salud y energía, ha incrementado la desconfianza entre los inversionistas.

Por otra parte, las reformas tributarias también están en el horizonte, y Merino indicó que es esencial conocer los detalles de cualquier nueva medida para evitar complicaciones en la planificación a mediano y largo plazo.

Desde junio de este año, Colombia mantiene una calificación de Baa2, dos niveles dentro del grado de inversión, pero con una perspectiva negativa. Por ello, Merino señaló que hay una debilidad en el crecimiento económico, tanto en 2023 como en las proyecciones para 2024, y un rezago en inversión comparado con tiempos anteriores y otros países de la región son factores preocupantes.

De allí que el ejecutivo de Moody’s comparó a Colombia con otros países, señalando que actualmente está en el mismo nivel que México y un nivel por debajo de Uruguay y Perú. La calificación de Panamá se sitúa en el nivel más alto dentro del grado de inversión.

Además, comentó sobre el espacio fiscal limitado del Gobierno, que enfrenta desafíos debido a subsidios a los combustibles y altos costos de interés de deuda. Estos factores podrían dificultar el cumplimiento de metas fiscales y aumentar el riesgo de incumplimiento.

Asimismo, Merino indicó que la próxima revisión de la calificación de Colombia por parte de Moody’s está prevista para el próximo año, una vez que se haya observado el comportamiento económico y fiscal del país en 2024.

Limitar el crédito

En este mismo sentido, el presidente de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), Jonathan Malagón, expresó en su cuenta X su firme oposición a la propuesta del presidente Gustavo Petro de utilizar los ahorros de los colombianos en las entidades financieras para financiar el plan de reactivación económica del Gobierno y como inversiones forzosas.

Según Asobancaria, esta propuesta resulta inconveniente porque limita el crédito disponible para otras actividades económicas, lo que a su vez podría elevar las tasas de interés.

Malagón afirmó que la medida constituye un “subsidio cruzado” que reduciría los fondos prestables, obligando a la mayoría de los colombianos a pagar tasas de interés más altas, mientras que los sectores favorecidos recibirían tasas más bajas. Esta situación podría desencadenar distorsiones en el mercado crediticio, afectando al desarrollo económico integral.

En la red social, el presidente de Asobancaria sostuvo que “el sector financiero considera que la propuesta de inversiones forzosas resulta inconveniente, porque constituye un mecanismo de represión financiera que limita el crédito para otras actividades. Es un subsidio cruzado que reduce los fondos prestables, por lo que la mayoría de los colombianos tendría que pagar una tasa de interés más alta para que los sectores beneficiados cuenten con una más baja”.

El directivo agregó que, en su lugar, Asobancaria propone avanzar hacia un “Gran pacto por el crédito”, que consistiría en incrementar los desembolsos destinados a sectores estratégicos, como la vivienda, turismo, manufactura, economía popular y agropecuario.

Esta propuesta del gremio bancario busca destinar unos $35 billones adicionales para créditos a baja tasa de interés, con el objetivo de promover la reactivación económica del país sin la necesidad de recurrir a inversiones forzosas.

En el desarrollo de esta alternativa, se proyecta aumentar los desembolsos anuales de aproximadamente $120 billones a $155 billones, lo que representaría un incremento del 30% en la colocación anual de créditos.

Este incremento se distribuiría en sectores clave, asignando $14,6 billones para vivienda, $110 billones para fabricación −incluida la transición energética−, $21,1 billones para el sector agropecuario, $3,5 billones para la economía popular y comunitaria, y $5, 7 billones para el turismo.

Se han utilizado y no han servido

En la década de 1950, se implementó una ley financiera que permitía inversiones forzosas en el país. En 1973, este modelo alcanzó su punto máximo. A pesar de la extinción de la mayoría de las inversiones forzosas en los años 90, todavía queda un pequeño remanente que representa solo el 1% de las inversiones de los establecimientos de crédito destinadas al sector agropecuario.

En declaraciones a los medios, el presidente de ANIF, José Ignacio López, señaló que “hay que decirlo, este no es un modelo nuevo. Desde 1951 con una famosa ley financiera y en 1973, cuando alcanzó quizás uno de sus puntos cúspide este modelo de inversiones forzosas, pues esto ya se usó en el país. Entonces lo que hicimos nosotros es revisar qué se ha escrito sobre eso. La evidencia muestra que fue un modelo fracasado. Las inversiones forzosas en el país no funcionaron. No fueron un buen modelo económico”.

Es importante mencionar que la asignación de crédito a través de inversiones forzosas implica un redireccionamiento de los recursos financieros que suele tener criterios de mercado.

“La evidencia más clara es cuando las inversiones forzosas fueron el modelo predominante del país. En la década de los 70, las inversiones forzosas alcanzaron a hacer el 25% de los depósitos de las personas en los establecimientos de crédito, es decir, un cuarto de lo que la gente depositaba en los bancos por ponerlo de manera sencilla iba a una inversión forzosa y, en ese momento, ¿qué pasó? Que el país crecía poco, había poco crédito. Las tasas de interés del crédito eran tan altas que, de hecho, el Gobierno las reprimía artificialmente”, resaltó.

Indicó que, en contraposición a las inversiones forzosas, existen otras políticas económicas que sí han demostrado ser efectivas. Por ejemplo, la ampliación de las políticas de garantía crediticia fue un instrumento exitoso utilizado durante la pandemia de covid-19 en Colombia y en otros países desarrollados. Esta política permitió un mayor acceso al crédito y contribuyó a la reactivación económica.