La próxima administración se encontrará con cerca de 200.000 hectáreas de coca y con una estrategia contra estos cultivos basada en la erradicación manual y la sustitución 

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La batalla antidrogas tiene varias aristas como incautaciones, capturados, consumo y hectáreas cultivadas, en donde para un país productor como Colombia esta última pesa demasiado, especialmente desde la mirada escrutadora internacional.

Por ello, la mayoría en el país coincide en que fracasó la política que adelantó en este sentido el presidente Juan Manuel Santos en sus 8 años, pues al momento de posesionarse había 100.000 hectáreas de coca, pero quien lo suceda encontrará al menos 200.000 hectáreas, según las cifras de Estados Unidos, que a propósito está por entregar el informe correspondiente a 2017.

El presidente Santos presentó desde un comienzo una postura de avanzada, si se quiere, en la batalla contra los estupefacientes en comparación a la que manifestaron y aplicaron sus predecesores en el cargo porque a su juicio el actual modelo a nivel mundial no ha entregado los resultados esperados, fundamentada por éstos, por un lado, en perseguir el consumo y criminalizar a los narcotraficantes y, por el otro, combatir los cultivos ilícitos erradicándolos de manera forzada por la vía manual y la aspersión aérea con el herbicida glifosato, pero también llevando a la cárcel a los campesinos que en lugar de sembrar yuca, plátano o café, lo hacían con la planta de coca.

Santos recogió parte de la propuesta que en 2012 hicieron al mundo varios presidentes latinoamericanos, como el guatemalteco Otto Pérez, que plantearon en la ONU discutir la despenalización del consumo, tráfico y comercio de drogas ante el fracaso de la lucha frontal contra el narcotráfico.

El jefe de Estado colombiano ha señalado que “necesitamos –y cuando digo necesitamos hablo del mundo entero– un nuevo enfoque para enfrentar el problema de las drogas…ese enfoque debe ser el resultado de una discusión rigurosa, basada en evidencias, liderada por expertos y, sobre todo, despojada de prejuicios políticos e ideológicos”.

Entretanto la producción como las hectáreas sembradas con coca en Colombia han crecido a partir del año 2013.

En materia de cultivos ilícitos según las cifras del informe de la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, de Estados Unidos, entre 2013 y 2016 los sembrados de coca aumentaron en más del 130 por ciento, de 80.500 hectáreas en 2013 a 188.000 hectáreas en 2016. En el año 2015 los sembrados de coca se extendían por 159.000 hectáreas.

Mientras que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -Unodc- indicó en su informe de Monitoreo de Territorios afectados por Cultivos Ilícitos con fecha de corte el año pasado, que se produjo un incremento del 52 por ciento, al pasar de 96.000 hectáreas en 2015 a 146.000 hectáreas en 2016.

Por su parte, el Observatorio de Drogas Colombia en su ‘Reporte de Drogas Colombia 2016’ refleja el crecimiento sostenido  de los cultivos de coca. En el año 2013 indica que había 48.000 hectáreas; en el año 2014 había 69.000 hectáreas, en 2015 reporta  96.000 hectáreas. No presenta datos del 2016.

En cuanto a la producción potencial de cocaína en Colombia aumentó más de 200 por ciento entre 2013 y 2016, según la Casa Blanca. De 235 toneladas producidas en el año 2013 se pasó a 710 toneladas métricas en 2016. De acuerdo con los norteamericanos en el año 2015 la producción fue de 520 toneladas métricas.

Mientras que Unodc indicó que la producción potencial de cocaína en Colombia aumentó un 34 por ciento entre los años 2015 y 2016, al pasar de 646 a 866 toneladas métricas.

La estrategia

El incremento de los cultivos ilícitos y la producción de cocaína durante el gobierno Santos han puesto contra las cuerdas a esta administración, no solo por parte de Estados Unidos y la comunidad internacional en general que han urgido medidas, sino en lo interno por la oposición encarnada en el uribismo, que ha culpado al primer mandatario por suspender las fumigaciones con glifosato en 2015 atendiendo razones de prevención por los posibles efectos de este herbicida en la salud humana, y porque supuestamente bajo la guardia en la erradicación durante los cuatro años del proceso de paz en La Habana.

Santos se comprometió a reducir los cultivos ilícitos en por lo menos 100.000 hectáreas a través de una estrategia combinada de erradicación forzada y un programa de sustitución de cultivos con los campesinos que derivan su sustento de esta actividad.

Apenas 52 días le quedan al gobierno del presidente Santos, el mismo tiempo para cumplir la meta de erradicación forzada de cultivos de coca fijada en 30.000 hectáreas, frente a la cual se ha logrado avanzar hasta la 18.000 hectáreas efectivamente destruidas, según el Ministerio de Defensa Nacional.

El pasado 17 de mayo, el ministro Luis Carlos Villegas dijo que “la próxima semana tendremos un total de 19.000 hectáreas erradicadas durante el año 2018. Con lo cual la meta para agosto, cuando termine este Gobierno, de tener 30.000 hectáreas erradicadas es bastante probable –informó–, y la meta para el 31 de diciembre de 70.000 hectáreas erradicadas, es altamente probable”.

Entre los años 2017 y 2018, la meta de erradicación forzosa de coca de la administración de Santos es de 120.000 hectáreas: 53.000 erradicadas el año pasado y la meta de este año completaría ese resultado total.

Dijo que entre el primero de enero de 2018 y el 15 de mayo se han incautado 141 toneladas de cocaína pura; 176 kilos de heroína y unas 100 toneladas de marihuana.

Esta semana el ministro Villegas presentó un plan quinquenal para reducir en un 50 por ciento los cultivos ilícitos hasta el año 2023. “La meta de hectáreas erradicadas en 2023 debe ser como máximo de 90.000”, dijo.

Análisis

El exministro de Defensa, Juan Carlos Esguerra, le dijo a EL NUEVO SIGLO que “hay que revisar la decisión sobre no fumigación y hay que revisar las decisiones relativas a ciertos comportamientos ‘manianchos’ que ha habido de parte del Gobierno”.

En tanto que el exdirector de la Policía, el general (r) Luis Ernesto Gilibert, le dijo a este medio que “pienso que el haber suspendido la fumigación aérea tiene un costo porque así se tache que no ha dado los resultados que se esperan, la fumigación tuvo a raya el crecimiento de los cultivos”.

Dijo que también es necesario un mayor compromiso en esta lucha de los países productores de los precursores químicos.

Por su parte el exprocurador Jaime Bernal dijo a este Diario que “ha habido una inseguridad de varios gobiernos en el manejo de la droga, porque aquí se ha tratado es a través de la represión y esto no ha dado resultado. Creo que tiene que presentarse una reglamentación diferente al llegar, quizás, al extremo de debatir la posibilidad de legalizar, despenalizar estas conductas y buscar unas soluciones diferentes porque mientras siga siendo un buen negocio siguen aumentando los cultivos”.

Próximo presidente

Los candidatos presidenciales han expresado sobre su estrategia antidroga que, en el caso de Iván Duque, retomará la aspersión aérea sobre los cultivos ilícitos y reactivar las brigadas de erradicación. Además mejorar la inteligencia contra los narcotraficantes y en materia de consumo verdaderas políticas de prevención.

En tanto que Gustavo Petro mantendría la suspensión de las fumigaciones aéreas y frente al problema de los cultivos ilícitos promovería la sustitución concertada con los campesinos. Enfocaría la persecución contra las organizaciones del narcotráfico.