Como “una oportunidad para que Colombia tenga paz y tranquilidad” calificó el senador Roy Barreras, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), la sanción de la ley que permitirá a organizaciones del crimen organizado someterse en grupo a la justicia.

“En esta ley no habrá beneficios judiciales ni rebajas de penas adicionales, ni prebendas distintas a la de acabar con la persecución”, sostuvo Barreras.

Al promulgar la ley, el presidente Juan Manuel Santos reveló que la norma va a tener una consecuencia muy importante para el país en los próximos días.

A su turno, el fiscal Néstor Humberto Martínez explicó que la ley le brinda mayores instrumentos a la Rama Judicial para combatir las que la opinión pública aun llama bandas criminales (Bacrim) pero que las autoridades denominan GAO (Grupos Armados Organizados) y GDO (Grupos Delincuenciales Organizados). Podría decirse que mientras los GAO son nacionales, los GDO son locales. La ley sancionada este lunes se ocupa del sometimiento de los GAO.

“Hay facultades para que la Fiscalía pueda desarrollar instrumentos que hay hoy en el mundo contra este tipo de delitos”, señaló Martínez.

De otro lado, mientras el saliente senador Alfredo Rangel, del Centro Democrático, manifestó que la ley “ofrece unas vías para el sometimiento a la justicia”, el también saliente representante por Caldas, Hernán Penagos, de La U, precisó que “de ningún modo se trata de abrir las puertas a eventuales negociaciones”.

El senador electo Rodrigo Lara, de Cambio Radical, destacó por su parte que el propósito de la ley es “facilitar la desmovilización” de organizaciones armadas al margen de la ley y que esto “desactiva” esos factores de violencia en el país.

Santos anunció que “acabamos de sancionar la ley que va a ser un paso muy muy importante para la seguridad de los colombianos. Una ley clave para el futuro del país y que además permite seguir cumpliendo el contenido de los acuerdos de paz”, añadiendo que “esta ley permite la aplicación del derecho penal de forma colectiva”.

El jefe de Estado precisó que “su principal objetivo es garantizar la terminación del actuar delictivo de las organizaciones criminales a través de dos estrategias: fortalecer las normas y mecanismos para enfrentar más efectiva, más contundente la delincuencia organizada”; y en segundo lugar, fijar “un procedimiento especial para que grupos armados organizados, como grupo, se sometan a la justicia”.

No obstante, el presidente Santos subrayó que la lucha contra las organizaciones criminales continuará. “Y esto que quede muy claro: no implica darles reconocimiento político o la aplicación de mecanismos de Justicia Transicional, de ninguna forma”, dijo.