Exigencia de una ONG ambiental revivió el debate sobre los problemas del proyecto

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“Realizar de manera urgente e imperiosa el desmantelamiento” de Hidroituango y aplicar “un programa de remediación integral del sitio con la participación de la población afectada” exigió el Tribunal Latinoamericano del Agua, ONG con sede en San José de Costa Rica.

Hidroituango, que deberá cubrir casi una quinta parte de la demanda energética del país, se levanta sobre el río Cauca, en Antioquia, y está pensada como una de las obras de ingeniería más ambiciosas con una inversión equivalente a 3.700 millones de dólares.

Sin embargo, la megaobra entró en emergencia a inicios de mayo. Un derrumbe bloqueó el túnel de salida del agua y forzó la evacuación temporal de hasta 25.000 pobladores de municipios cercanos, 3.000 de los cuales todavía están en albergues, según autoridades.

Tras conocerse la decisión, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, aseguró que "en este planeta hay entidades para todo. Tenemos que acostumbrarnos a ser tolerantes con la crítica. Hay entidades sin ánimo de lucro que desde otros países tratan de hacer juicios, pero no tienen ningún impacto legal, solo de opinión y es respetable".

“Simplemente este es un escrito que manda una entidad que hay que leer con juicio y mirar qué hay que mejorar”, indicó.

Pérez estuvo ayer en Bogotá participando en un debate citado por la Comisión Quinta del Senado por iniciativa de los congresistas Eduardo Emilio Pacheco, de Colombia Justa Libres, y Guillermo García, del Partido Liberal.

Allí, Pérez consideró que los problemas de Hidrohituango son problemas constructivos. "Hemos presentado ocho problemas constructivos y vendrán más", precisó, agradeciendo a Dios que no haya víctimas mortales, heridos ni desplazados.

“Una obra que es como un relojito, EPM toleró a un contratista chileno mal calificado y el proceso entró en crisis. Para mí es un error del constructor”, agregó, expresando que “no hay algo más dañino para un Gobierno que una obra mal hecha”.

Nada más el martes, el gobernador Pérez le había exigido a Empresas Públicas de Medellín (EPM) terminar el proyecto pero con calidad y con los protocolos establecidos en el contrato, para que una vez terminada la presa no se evidencien errores de construcción.

En el debate de ayer, el senador García planteó que el propósito no es descalificar a EPM, pero que “hay observaciones, cargos, hallazgos, multas de organismos de control e informes de organismos internacionales” y que “no podemos desconocer que las afectaciones ambientales también fueron de enormes proporciones”.

Desmantelar

Luego de que el Movimiento Ríos Vivos presentara el caso de las afectaciones a las comunidades vecinas por la construcción de Hidroituango, el Tribunal Latinoamericano del Agua responsabilizó al Estado colombiano, a los constructores y los dueños por los daños ocasionados en la construcción del proyecto.

“El Estado colombiano, la Gobernación del departamento de Antioquia y las empresas responsables de la obra” deben realizar “de manera urgente e imperiosa el desmantelamiento de la obra y aplicar un programa de remediación integral del sitio con la participación de la población afectada”, indicó Alejandro Mendo, vocero del Tribunal.

Enajenación

En la madrugada del martes el Concejo de Medellín aprobó la enajenación de activos de EPM. Se trata del 10% de las acciones de ISA que se venderán por $1,5 billones.

El secretario de Hacienda de Medellín, Orlando Uribe, expresó que “sin duda representa un avance en el proceso de sostenibilidad financiera de la empresa, en garantizar las transferencias al municipio de Medellín y en fortalecer nuestro plan de inversión”; y el gerente general de EPM, Jorge Londoño, destacó toda la fase de socialización que se adelantó acerca del proyecto de acuerdo: “La propuesta de venta de algunos activos de la empresa tuvo amplia socialización para analizarla de manera transparente, de cara a la ciudadanía y respondiendo todas las inquietudes. Tuvimos espacios de encuentro con los concejales, congresistas, comunidad, organismos de control, líderes empresariales, academia, periodistas y columnistas, así como con los funcionarios y sindicatos de EPM”.

Problemas ambientales

El senador García recordó ayer que una misión de la ONU advirtió que la construcción del relleno prioritario no cumplía con los estándares, “lo que desencadenó la contingencia que todos conocemos”.

Efectivamente, en junio un equipo de expertos movilizado por la Unidad Conjunta de ONU Medio Ambiente y la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, entre otras entidades, presentó un informe de hallazgos y recomendaciones preliminares revelando que el relleno prioritario utilizado para la construcción de la presa de Hidroituango “no cumple con las prácticas estándar para este tipo de estructuras”, señalando que es necesario “construir una pantalla impermeable (una pared de corte de hormigón plástico) tan pronto como la presa llegue al nivel de 415 metros”, e insistiendo en “instalar un equipo de monitoreo permanente tanto como sea posible en el relleno y el macizo rocoso” que ha generado desprendimientos de tierra sobre el embalse.

Retrasos

Ayer en el debate la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, confirmó que el proyecto presenta un retraso superior a un año, lo que concuerda con un comunicado de EPM divulgado ayer mismo, en el que se informa que la Auditoría a la Obligación de Cumplir el Cronograma para la Construcción y Puesta en Operación Comercial de la Hidroeléctrica Ituango concluyó, “que el proyecto presenta atraso en su cronograma”.

Sin embargo, para conocer con precisión cuántos años de retraso tendrá el proyecto un grupo de expertos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) adelanta un estudio definitivo, según lo confirmó en Medellín el presidente de esa entidad multilateral, Luis Alberto Moreno, quien agregó que si bien EPM estima que en tres años podría entrar en operación el megaproyecto, los tiempos reales aún son desconocidos. Por lo que se mantiene un monitoreo constante.

En septiembre Jorge Tabares, vicepresidente ejecutivo de Finanzas Corporativas de EPM, le dijo a la AFP que Hidroituango entrará en operaciones en 2021, tres años después de lo previsto.

Piden protección

Frente a las amenazas colectivas e individuales contra el Movimiento Rios Vivos y sus representantes, Isabel Cristina Zuleta y Genaro de Jesús Graciano, recibidas el 26 de octubre, Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional, declaró esta semana que “rechazamos la violencia con la que intentan silenciar las denuncias del Movimiento Rios Vivos. El Estado colombiano debe garantizar su vida e integridad, así como la protección colectiva del movimiento, que solicita con urgencia frente a las amenazas de actores armados presentes en su territorio”.