EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál es el pensamiento en la FLIP acerca del proyecto de ley que devuelve la tarjeta profesional a los periodistas?

PEDRO VACA VILLARREAL: Nosotros junto con el proyecto Antonio Nariño radicamos una carta en donde están consignadas las posiciones de esta alianza. La Antonio Nariño es una alianza entre la Fundación para la Libertad de Prensa; la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo; AMI, que es la Asociación Colombiana de Medios de Información; y está la Friedrich Ebert en Colombia. Allí planteamos varias cosas: la primera es que no es un debate nuevo y la exposición de motivos del proyecto nos parece insuficiente. Es decir, hay motivos importantes para considerar que una tarjeta profesional y un consejo nacional de comunicación puede ser una medida riesgosa en la medida en que a futuro también hay que contemplar escenarios de inestabilidad democrática.

Por ejemplo, Venezuela tiene una tarjeta profesional y eso es algo regulado por el Estado, si Colombia llegara a  entrar en un régimen autoritario como el venezolano, pues nos podríamos imaginar qué sucede con la expedición de la tarjeta profesional. Entonces este tipo de medidas creo que no puede leerse solo a la luz de la coyuntura actual sino también contemplar escenarios futuros.

Y la verdad es que a pesar de que está la opinión constructiva de la Corte Interamericana y las tres sentencias de la Corte Constitucional, la exposición de motivos del senador Aguilar no rebate los argumentos de la Corte Constitucional, con lo cual uno puede prever que a futuro, en caso de que el proyecto llegara a ser aprobado tal como está en este momento, tendría vicios de inconstitucionalidad.

ENS: ¿Qué otras consideraciones tienen sobre esta iniciativa de ley?

PVV: El segundo argumento es sobre lo que podríamos denominar categorizar periodistas de primera y de segunda. Las experiencias internacionales lo que indican es que el periodismo es un oficio libre que no debe estar regulado por el Estado, que además tiene que ver con apertura de libertad de expresión con fines de interés público. Si asocio, como pasa en este proyecto de ley, la condición de periodista a haber cursado programas de comunicación en pregrado o posgrado, o de periodismo, tendríamos que verificar si Colombia es un país que tiene oferta suficiente de esos programas. Encontramos que la respuesta es no. Pongo un ejemplo: en San José del Guaviare no hay ninguna oferta de formación en periodismo.

Entonces estaríamos casi creando una subcategoría de periodistas para cualquier ejercicio que se quisiera hacer allí.

Además hay un tema del país silenciado, es decir, Colombia es un país que tiene muy poca oferta en comunicación especial y poner un requisito de este tipo sin asegurarse de que haya una oferta de educación es casi que condenar a muchos territorios a que no puedan tener periodismo o eso sería privilegio de las personas que puedan ir a las capitales o a una gran ciudad, estudiar y volver.