La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó medidas cautelares para preservar los cadáveres de las víctimas del conflicto armado en el país durante la cuarentena nacional declarada para frenar la propagación del coronavirus.

La Sección de Ausencia de Reconocimiento, Verdad y Responsabilidad de la JEP ha actuado en relación al cementerio de los Pobres en Aguachica, en el departamento de César, para "evitar la pérdida parcial o total de cuerpos de personas no identificadas".

Así, ha decretado "la suspensión de actividades de exhumación y traslado de los cuerpos" por las "irregularidades" detectadas tanto al desenterrar como al enviar los cadáveres desde los Pobres al cementerio Católico Central de Aguachica por problemas de derechos de propiedad de tierras.

"Las labores de traslado de los cuerpos se adelantaban sin el rigor técnico necesario para ese tipo de operaciones, lo que llevó a la Sección a decretar las medidas con mayor urgencia", ha señalado.

En el proceso de exhumación, iniciado el pasado mes de diciembre, se encontraron más de 200 cadáveres, entre ellos 28 que estaban sin identificar, por lo que la JEP cree que podrían ser de "víctimas del delito de desaparición forzada debido al conflicto armado".

A este respecto, la Sección ha ordenado " la práctica de diligencias de verificación para que funcionarios de Policía Judicial de la JEP recolecten información sobre la existencia de cuerpos no identificados, presumiblemente ubicados en el cementerio de los Pobres".

Las medidas cautelares obedecen a una petición del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), la cual "busca proteger, conservar y preservar 17 lugares en todo el país donde pueden existir cuerpos de víctimas de desaparición forzada en razón del conflicto armado".