La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó 37 tutelas que buscaban invalidar la admisión de Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar y ahora gestor de paz.
El proceso de justicia transicional, que aceptó a Mancuso en noviembre bajo la categoría de "miembro funcional de la Fuerza Pública", se enfrentó a la crítica de exmilitares que argumentaban falta de representación en este proceso.
La Sección de revisión de la JEP analizó detenidamente las 37 tutelas presentadas por opositores a la admisión de Mancuso, quienes alegaban vulneración de derechos en el proceso de justicia transicional. Sin embargo, la decisión, plasmada en la sentencia SRT-ST-248, declaró la improcedencia de la acción de tutela.
La Jurisdicción argumentó que no se vulneraron los derechos al debido proceso, acceso a la administración de justicia y la igualdad, como sostenían los militares retirados que presentaron las tutelas. Se señaló que los tutelantes no agotaron otros mecanismos dentro de la vía ordinaria para expresar sus inquietudes durante el procedimiento.
La aceptación del sometimiento de Salvatore Mancuso fue respaldada por la JEP, que aseguró haber seguido un proceso imparcial y de contrastación. Se adoptó la figura de "sujeto funcional y materialmente incorporado a la Fuerza Pública", descartando el concepto de "agente de facto".
La entidad de justicia especial subrayó que la decisión de admitir a Mancuso se basó en apotes novedosos sobre el entramado paramilitar y sus conexiones con entidades estatales, aportando claridad al proceso.
La avalancha de tutelas presentada por opositores se consideró improcedente, ya que no acreditó una vulneración de derechos en la admisión de Mancuso. La JEP enfatizó que la decisión se respaldó en jurisprudencia, pruebas legales y la participación de diversas entidades, garantizando que no fue caprichosa ni arbitraria.
Salvatore Mancuso anunció su intención de apelar la decisión, buscando una admisión plena y no limitada a su papel como "bisagra entre paramilitares y la fuerza pública". Este paso refleja la complejidad jurídica del proceso y la necesidad de establecer un tribunal de cierre para concluir justa y definitivamente estos procesos de justicia transicional.