Fortalecer las medidas de autoprotección de las comunidades rurales de Colombia podría ser una de las estrategias para detener los asesinatos de líderes en el país.

Así lo explicaron Luz Perly Córdoba, líder social en el departamento de Arauca, y Andrés Chica, de Córdoba, durante una reunión en la que activistas y defensores de derechos humanos de diversas regiones del país hablaron sobre los problemas de seguridad que enfrentan.

En la reunión, organizada por la Fundación Friedrich Ebert Stiftung en Colombia y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), los líderes resaltaron que la militarización y los esquemas de seguridad no han sido lo suficientemente efectivos.

Explicaron que las medidas de autoprotección, es decir, guardias comunitarias sin armas que se resguardan a través de sistemas de alertas tempranas, diálogos y otras formas de resistencia pacífica, podrían ser una mejor estrategia.

“Hay que fortalecer a la guardia indígena y la guardia cimarrona y dejar de ver a las guardias campesinas como una amenaza, sino verlas como una verdadera estrategia de autoprotección”, explica Luz Perly, quien lleva años abogando por la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en Arauca.

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Falta de confianza en el Estado

Como Luz Perly, los líderes de Chocó, Valle del Cauca, Meta, Guajira, Córdoba, Sucre, Cauca, Nariño y Putumayo afirman que las estrategias de protección de la Fuerza Pública no han sido efectivas en sus territorios.

Esas zonas no solo tienen altos índices de asesinatos, sino también una falta de confianza de la ciudadanía hacia instituciones del Estado como la Fiscalía, la Policía y el Ejército.

Andrés Chica, director de la Fundación Cordoversia y promotor de los consejos municipales de paz en Córdoba, explica que han encontrado colaboración, ya sea por coerción o por voluntad, entre algunas autoridades locales y grupos armados ilegales.

“A veces no nos atrevemos a ir a denunciar a la fiscalía porque no hay confianza en ella”, explica.

“Llegamos a la Fiscalía, denunciamos y cuando salimos ya hay alguien esperándonos con la copia de la denuncia para amenazarnos por haber hablado”, añade Chica.
El Gobierno colombiano emitió en diciembre de 2017 el Plan Horus, para intensificar las medias de protección en las zonas que dejaron las Farc. Como parte del plan, 63 mil uniformados fueron desplegados en 67 municipios y 595 veredas del país.

También especificó que las gobernaciones departamentales debían hacerse cargo de la protección de los líderes sociales y la Unidad Nacional de Protección otorgó esquemas de seguridad para líderes en zonas rurales. Pero los registros de homicidios y las denuncias por amenazas siguen aumentando.

Para Andrés Chica y Luz Perly la razón de este problema radica en que muchos decretos del gobierno nacional se convierten en meros “saludos a la bandera” y nunca se hacen realidad, ya que los asesinos operan a pesar de la presencia de la Fuerza Pública y los gobierno departamentales y locales no aplican los decretos.

Un ejemplo de ello es Puerto Libertador, un municipio de 25.000 habitantes del departamento de Córdoba (al norte de Colombia), donde hay 16 esquemas de seguridad de la UNP con escoltas, pero los homicidios a los líderes siguen en aumento. 

“No queremos más escoltas porque nos siguen matando”, asegura Chica. “Esa es una de las fallas del Gobierno, creer que con escoltas y con carros blindados nos está protegiendo y así no es la cosa”, enfatiza.

Varios de ellos llegan a la conclusión de que fortalecer los esquemas de autoprotección, lograr el desmantelamiento de las bandas criminales y solucionar de raíz el problema de los cultivos ilícitos, con sustitución voluntaria, son tres acciones vitales para detener los asesinatos que, según la Defensoría del Pueblo, suman más de 300 desde la firma del Acuerdo de La Habana en noviembre de 2016.

Detener las amenazas hacia líderes como Chica y Luz Perly así como esclarecer los asesinatos de los últimos meses es vital para poner en marcha del Acuerdo de Paz.
Santos toma nuevas medidas.

Este martes el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos ordenó implementar nuevas medidas de protección para los líderes entre ellas, una ventanilla única de denuncia en el Ministerio del Interior, un sistema de recompensas por toda información que permita identificar a los responsables de los atentados, más recursos para los estudios de riesgo colectivo y más presupuesto para ampliar esquemas individuales de protección.

Tanto el Gobierno nacional como la comunidad internacional han calificado los crímenes como “inaceptables” y se han comprometido a buscar una solución real. Ahora los líderes esperan que las palabras se conviertan en hechos.