Colombia se encamina hacia una revolución en la infraestructura educativa del país, pero para ello se necesitan predios. Sin embargo, muchas veces los propietarios del suelo destinan los peores terrenos para hacer colegios. Una contradicción cuando se exige calidad

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LAS CIUDADES colombianas crecen sin planeación. Lo que le interesa a los constructores es la vivienda y la rentabilidad del suelo. Pero no se están pensando en espacios públicos y parques. Con esto la educación sale afectada. Algunos casos son lamentables porque los proyectos de desarrollo urbano de varias ciudades destinan los peores terrenos para los colegios.

En 1997 con la expedición de la ley 388, Colombia adoptó un marco normativo para el ordenamiento territorial. El objetivo era garantizar el adecuado crecimiento de las ciudades, la protección de los elementos naturales, la generación de espacio público, la promoción de proyectos de vivienda seguros y la generación de suelo urbano para infraestructura social, de servicios públicos y transporte.

Se esperaba que pasáramos la página de la ocupación de suelo urbano desordenado, de las invasiones, de la infraestructura precaria, de las rondas de los ríos invadidas y contaminadas y de la carencia de infraestructura para educación y salud. Que todo iba a ser planificado. Porque la migración del campo a la ciudad fue caótica desde hace, al menos, 60 años, y nuestras pequeñas y tranquilas ciudades terminaron llenas de barrios de invasión, de precariedad y pobreza.

Se definió en los nuevos planes de ordenamiento, que el privado o mejor, el dueño del suelo urbano debía proponer los planes parciales y definir el suelo para la vivienda, las vías, el espacio público, el comercio y las cesiones para uso escolar y de salud.

Las oficinas de Planeación, después de extensos procedimientos deben aprobar los planes parciales al privado. Eso dura varios años, el problema es que después de muchos análisis, distribución de costos, asignación de cargas y beneficios, el suelo disponible para los colegios es el residual. En la mayoría son las áreas de terreno más inclinadas, alejadas. Son los saldos de terreno.

El privado se queda para su aprovechamiento con el suelo de mejores condiciones para lograr la recuperación de la inversión. El problema es que al final los proyectos de vivienda de interés social no logran la infraestructura social que se requiere para que en verdad se materialicen los principios de la Ley 388. Seguimos sin pensar en la calidad de vida en las ciudades. Pocos parques, pocas vías peatonales y colegios en las periferias, lejos de las áreas planas o más densamente pobladas.

Algunos casos

El colegios El Remanso en Pereira, localizado en una pendiente del sur oriente de la ciudad, ya en área rural, es un caso. Cerca de los barrios Tokio y Las Brisas. Pero inclusive retirado del área apta para construir de la zona, zona montañosa y de alto riesgo. En Bello - Antioquia, el colegio Gilberto es otro.

Echeverry sede Mirador, que requirió altos costos para la adecuación por la mala calidad del terreno. El proyecto de Tierra baja en Cartagena presenta una alta pendiente y requiere obras complementarias de rellenos y adecuación de terrenos. El colegio Luis Carlos Galán Sarmiento de Girón presenta alta pendiente y requiere estudios técnicos especializados. Hay que hacerle rellenos, muros de contención, terrazas y estudios forestales para definir tala de especies arbóreas.

Según algunos constructores, son predios postulados por parte de las entidades territoriales para la construcción de infraestructura educativa que presentan difíciles condiciones en la topografía y calidad del suelo. Esto se traduce en altos costos en la construcción de las obras para adecuar los terrenos y garantizar el cumplimiento de las normas técnicas. Especialmente de sismo resistencia NSR 10 y de construcciones escolares NTC 4595. Esta norma indica, en el literal 4.7, que los predios destinados a estas infraestructuras deben tener pendientes máximas del 15%.

La infraestructura como los colegios al construirse en el suelo de peores condiciones requiere grandes inversiones para adecuarlo, para garantizar el acceso, para minimizar los riesgos en fin, un colegio que debía ser entregado por el privado, termina costando hasta  30% o 40 % más por cuenta del suelo que dejó la operación urbana. Acá hay responsabilidad muy seria de las alcaldías que deben presionar para que la educación de calidad empiece por programar suelos de calidad. Deben estar en el corazón de los nuevos proyectos de vivienda y requieren que se usen figuras como la declaratoria de desarrollo prioritario, la expropiación por interés público o la declaratoria de reserva de suelo para infraestructura educativa y de salud.

Sumado a lo anterior los procesos de planes parciales para suelo para educación superior también presentan problemas legales para el desarrollo de los proyectos. Hace más de quince años la Universidad Pedagógica adquirió un terreno en el norte de Bogotá y, por cuenta de los planes parciales el plan zonal de norte, no hay el primer ladrillo puesto. Lo mismo le sucede a la Universidad del Rosario en el norte de la ciudad.

(*) Especialista en educación. Twitter: @hurtadobeltran  “La opinión del autor no refleja necesariamente la posición del medio y es responsabilidad exclusiva del que la escribe”