Del manejo que Felipe Córdoba le dé al órgano de control depende que se frene la corrupción en el país con mayor seguimiento a las finanzas públicas

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Meter en cintura a las contralorías regionales, hacer seguimiento a los Planes de Alimentación Escolar, desentrañar y avanzar con el escándalo de Odebrecth, poner lupa a la contratación directa a la que se han acostumbrado en las regiones y hacer un seguimiento al manejo de las finanzas que se derivan de las regalías, serán los máximos retos del nuevo Contralor de la República.

Sin duda la lucha contra la corrupción, elevar el control previo y un apoyo a las denuncias de los ciudadanos en casos de violación de la ley desde el control interno, como fórmula para salirle al paso al desgreño administrativo del orden local, regional y nacional fue el eje de los discursos de los aspirantes a la dirección del ente de control.

De acuerdo con las cifras del Ministerio de Hacienda, $240 billones es el presupuesto de la administración pública, de cuyo monto $70 billones se ejecutan a través de la vía de contratación.

El control fiscal está consagrado en la Constitución de 1991 y hace parte del reto del Gobierno del presidente Iván Duque.

Responsabilidad fiscal

Según el informe de gestión de 2017 de la Contraloría, se debe seguir avanzando con los controles de responsabilidad fiscal. La entidad ha emitido 758 fallos e imputó $7.68 billones que están en riesgo. En los últimos cuatro años se han logrado recuperar $744.337 millones. Este será uno de los principales retos que deberá asumir su predecesor.

Entre  los casos más emblemáticos que investigó la entidad y que todavía están pendientes, se encuentra el cartel de las enfermedades mentales en Sucre, que involucró un detrimento patrimonial de $9.600 millones.

Además también está el caso de los Juegos Nacionales de Tolima, donde se iniciaron 13 procesos de responsabilidad fiscal, que representan más de $40.000 millones.

Otro tema que quedará para la próxima administración es lo relacionado con la ejecución del dinero de las regalías. Aproximadamente $13 billones no han sido ejecutados, “la plata en los bancos y el país lleno de necesidades, ni más ni menos”.

Dentro de las auditorías se encontraron 3.360 hallazgos que terminaron en incidencias administrativas, penales y fiscales, lo que denota el avance de la corrupción administrativa.

El PAE

Actualmente la Contraloría adelanta 154 procesos de responsabilidad fiscal por presuntas irregularidades en el manejo de los dineros destinados a los Programas de Alimentación Escolar (PAE).

Entre los involucrados se encuentran cinco gobernadores, siete exgobernadores, ocho alcaldes y 45 exalcaldes. En los departamentos de Atlántico, Casanare, Cauca y Cesar ya se emitieron las sentencias en primera instancia, que representan $2.940 millones.

Otro tema que quedará para la próxima administración es lo relacionado con la ejecución del dinero de las regalías. Según la información revelada por Maya, aproximadamente $13 billones no han sido ejecutados.

Queda asimismo pendiente lo relacionado con el Cartel de la Hemofilia. Uno de sus protagonistas, el exgobernador Alejandro Lyons, al verse atrapado por la investigación de la Contraloría y de la Fiscalía, decidió huir a Estados Unidos y desde allá destapar al cartel de la Toga.

Reficar

Está también el caso de Reficar, en el que un contrato que se tuvo que ampliar para modernizar la Refinería de Cartagena, que costaba US$3.900 millones, terminó costándole al Estado US$8.060 millones. Un mayor valor que ha generado un juicio de responsabilidad fiscal, que actualmente se adelanta.

En la Costa está la situación de Electricaribe, que decidió embolsillarse gota a gota los subsidios que para hacerles más llevadero el pago de la luz, el Estado les da a los 600.000 hogares más pobres de la zona litoralense.

Regalías

Sobre la Reforma a las Regalías, que, a pesar de haber sido creada con buenas intenciones, no supo aprovechar la bonanza petrolera que entre 2012 y 2017 distribuyó $48.1 billones, una cifra similar a la que requería el Gobierno para construir las revolucionarias vías 4G.

Las auditorías de la Contraloría dejaron en evidencia que los elefantes blancos siguen hoy existiendo (más de $800 mil millones en posibles detrimentos patrimoniales en 12 departamentos), que las regalías se han dispersado o atomizado en miles de pequeñas obras con lo cual se perdió la oportunidad de construir los grandes proyectos estratégicos y que los saldos sin ejecutar alcanzaban hasta $13 billones al cierre de 2017.

Otro caso más reciente, por ejemplo, es el del Proyecto Represa Río Ranchería, en La Guajira, cuyo costo aumentó en casi medio billón de pesos.

También está la situación de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) en donde se descubrió que seis de ellas están desviando los recursos que reciben de transferencias provenientes del sector eléctrico.

La salud

Asimismo están las irregularidades en el manejo de los recursos públicos por parte de las EPS que destinaban recursos públicos para gastos de administración más allá de los límites permitidos por la ley. Saludcoop superó el límite en $80.600 millones. Cafesalud compró muebles, computadores, aires acondicionados, video beams, neveras, taladros y otros enseres de los recursos de la salud, por más de 2 mil millones. Y Medimás dio bonificaciones a empleados con recursos públicos.

Otro caso es un crédito del Banco Agrario a Navelena que terminó en la identificación de un posible detrimento patrimonial de $135 mil millones. Con todo, la compra de cartera de libranza a Estraval generó un hallazgo fiscal por más de 19 mil millones de pesos. En el contrato de compraventa entre Estraval y el banco, la entidad financiera del Estado compró créditos de libranza no vencida, originados por varias cooperativas que sumaban $24.126 millones distribuidos en 5.359 libranzas y le delegó a Estraval funciones esenciales, como lo eran la administración, el cobro y el recaudo de dicha cartera.

Libranzas

Cuando la firma de libranzas cayó en liquidación, el Banco Agrario solicitó declararse como acreedor y subsidiariamente como afectado para intentar recuperar los $19.666 millones que Estraval le debe.

Otro hecho que se debe resolver es el del Fondo Nacional de Ganado, en donde se determinó que no tenía una política de inversiones a largo plazo, ni manuales para disponer el análisis de riesgo. Tampoco se evidenciaron mecanismos de control del área financiera para mitigar el riesgo sobre las inversiones a corto plazo. Esto reflejó riesgos en la empresa Friogan, que es una de las más importantes inversiones del fondo.

Están las investigaciones al uso indebido de los excedentes del Fondo Nacional del Ganado, el irregular otorgamiento de avales y garantías para respaldar deudas de terceros ajenos al Fondo.

Otro caso destacado es en el Consejo Superior de la Judicatura donde se han pagado en los últimos cinco años un mayor valor de $2.813 millones en salarios y prestaciones de nómina y, en este mismo período, se han realizado adiciones de cesantías de $4.406 millones, situación que muestra grandes debilidades y serias falencias en los procedimientos que aplica para la administración de personal. Igualmente, frente a los recursos de inversión, en el primer semestre de 2018, se determinaron hallazgos con presunto alcance fiscal por valor de $16.585.2 millones.

Además está pendiente el caso de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas donde se ha encontrado una gestión ineficaz que se refleja en sus Estados Contables, en activos corrientes. Tiene una cartera incobrable que asciende actualmente a $4.4 billones e inventarios de bienes entregados por los victimarios valorados en $145.000 millones con extinción de dominio que no han sido monetizados desde su creación.