“Con los recursos de la salud, lo digo y lo subrayo, no se pueden financiar campañas políticas. Eso es un acto clarísimo de corrupción”, dijo ayer en Santa Marta el procurador General, Fernando Carrillo, a propósito de las indagaciones que sobre el particular adelanta el organismo a su cargo por presuntas irregularidades en el manejo de la E.S.E Alejandro Próspero Reverend.

También viajó a esta capital para enterarse de primera mano de las averiguaciones tras la denuncia de políticos que desde la regional del Ministerio Público en el Magdalena, les estaban cobrando para no abrirles investigaciones disciplinarias.

Tras el escándalo que se produjo por esto último renunció el pasado miércoles la procuradora delegada en el departamento del Magdalena, Ana María Muelle Molinares, la cual fue aceptada por el procurador Carrillo.

Volviendo al tema de las indagaciones que adelanta la Procuraduría General por los presuntos manejos irregulares de recursos de la salud en la E.S.E Alejandro Próspero Reverend, el Procurador General señaló que “hay que ponerle freno a este desangre de los recursos de la salud financiando partidos y financiando campañas políticas. Eso es inaceptable”.

Advirtió que, al parecer, algunos contratistas de la E.S.E. financiaron campañas de dirigentes políticos de la ciudad. Por ello reiteró Carrillo que “con los recursos de la salud, lo digo y lo subrayo, no se pueden financiar campañas políticas. Eso es un acto clarísimo de corrupción”.

Carrillo Flórez aseguró que también son objeto de indagación en esta E.S.E. presuntas irregularidades en la suscripción de contratos directos en los últimos años por más de $9.500 millones, sin cumplir el requisito de la pluralidad de oferentes.

Ministerio regional

Las denuncias acerca de supuestas exigencias desde la Regional Magdalena de la Procuraduría a políticos para no abrirles procesos disciplinarios fueron hechas por el personero de Santa Marta, Chadán Rosado Taylor, y los concejales de esta capital Carlos Pinedo Cuello y Juan Carlos Palacio.

Chadán Rosado señaló que “en mi caso, toda vez que iniciamos investigaciones desde la Procuraduría, de inmediato recibimos la visita de algún miembro de esta entidad anunciando la apertura de un proceso en nuestra contra. La persecución política que existe es notoria”.

Por su parte, Pinedo Cuello aseguró que “a mí una persona cercana a este Ministerio Público me pidió plata para archivar un proceso que se cursaba en contra mía. Por supuesto me negué ante ese requerimiento porque tengo mi consciencia tranquila, sin embargo, no deja de preocuparme la labor que desempeña la doctora Muelle, quien es esposa del concejal Iván Saravia, con el que tenemos diferencias políticas”.

En tanto que Palacio dijo que “en un claro proceder extorsivo, un funcionario de este órgano me exigió la suma de 40 millones y como no accedí, las investigaciones se han acelerado para involucrarme”.

El pasado jueves la procuradora delegada, Ana María Muelles, anunció en Twitter: “Hoy tomé la decisión de renunciar a mi cargo como Procuradora Regional del Magdalena para poder defenderme de las bajas acusaciones en mi contra. Agradecida por la gran experiencia y la oportunidad. Dr. @fcarrilloflorez”.

Como consecuencia, el jefe del Ministerio Público posesionó a Ligia Morales como nueva procuradora regional del Magdalena, quien será la encargada de conducir las investigaciones hasta obtener los resultados necesarios para esclarecer los hechos que son objeto de las denuncias de concejales y el personero de la ciudad, según la Procuraduría General.

En este sentido el procurador Carrillo anunció la creación de una comisión para investigar los hechos que estará a cargo de la Procuradora Delegada para la Fuerza Pública y Policía Judicial, Carmen Giovanna Restrepo Medina.

“Es muy importante decirle a la ciudadanía que cualquier persona que tenga hechos y pruebas en relación con lo que aquí se ha denunciado es bienvenida. Esperamos pruebas ciertas y sólidas, esto no es un ejercicio de dimes y diretes”, acentuó Carrillo Flórez.

Con relación a la renuncia de la procuradora delegada Muelles, el procurador Carrillo indicó no tener “deuda política con nadie, como Procurador estoy haciendo justicia disciplinaria, que es nuestro deber y razón de ser. Nosotros veníamos con la costumbre de que los entes de control tenían nexos con políticos y eso es lo que estamos tratando de depurar, y todavía quedan rezagos por ahí y esos rezagos conllevan a hechos de corrupción. Cuando me enteré de esto y habían ciertos rumores, tomé la decisión de venirme para Santa Marta para coger el toro por los cachos”.