Colombia ha logrado importantes avances en la inclusión laboral de personas en situación de discapacidad, gracias a una serie de política gubernamentales y privadas en ese sentido.

Según un estudio de la ACRIP y Fedesarrollo las cifras sobre las personas con discapacidad en Colombia están desactualizadas o tiene una cobertura nacional limitada.

De acuerdo con la información del Censo General del 2005, había 2,6 millones de personas con discapacidad en el país, lo que supone una tasa de prevalencia de 6,3%.

Por otra parte, datos más recientes del Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD) - creado por el Ministerio de Salud y Protección Social - señalan que, con corte a febrero de 2018, hay identificadas 1,4 millones de personas con discapacidad.

A pesar de lo anterior, la información del RLCPD permite hacer una caracterización de la población con discapacidad.

De acuerdo con las estadísticas, el 31% de las personas registradas se encuentran incapacitadas de manera permanente para trabajar y no cuentan con una pensión, y apenas el 12% se encuentra trabajando.

Adicionalmente, de las personas que se encuentran trabajando, el 80% refirieron trabajar sin contrato laboral y solo el 7% afirmaba tener un contrato a término fijo.

Una de las principales barreras que enfrentan las personas con discapacidad en Colombia para ingresar al mercado laboral formal es su baja formación educativa.

De acuerdo con las estadísticas del RLCPD, el 42% de las personas registradas tienen como último nivel educativo aprobado la primaria, el 20% la educación secundaria y el 31% afirma no tener ningún nivel educativo.

La poca inserción de las personas con discapacidad en los niveles de educación superior se explica por el difícil acceso a ella y la alta deserción que se presenta en edades tempranas, lo que se explica en buena parte por la falta de adecuación de las aulas a las necesidades de aprendizaje de las personas con discapacidad.

Adicional a lo anterior, las personas con discapacidad presentan mayores dificultades para acceder de manera efectiva a los canales de búsqueda de empleo, debido a que los centros de empleo no suelen estar adaptados en términos de infraestructura y servicios para las necesidades específicas de la población.

Aunado a lo anterior, está la sobreprotección familiar y las actitudes negativas del entorno hacia las personas con discapacidad, lo que en última instancia dificulta su proceso de desarrollo emocional, educativo y laboral.

Inclusión

Frente a la inclusión social y productiva de esta población, Colombia ha promovido una serie de incentivos e iniciativas para garantizar su participación laboral.

Una de las medidas recientes fue la expedición del Decreto 2011 de 2017 por parte del Ministerio del Trabajo.

Esta norma tiene como objetivo establecer un porcentaje de vinculación laboral de las personas con discapacidad en todas las entidades del sector público del orden nacional, departamental, distrital y municipal de las tres ramas del poder público.

Esta medida promueve la creación de trabajados formales para las personas con esta condición; sin embargo, su éxito dependerá de la preparación de las oficinas de gestión humana y de los ajustes necesarios para que las personas con discapacidad puedan desarrollar satisfactoriamente sus deberes.

Aunado a lo anterior, las agencias de empleo han desempeñado un papel crucial.

Según los datos del Observatorio Laboral del Servicio Público de Empleo, desde el año 2013 hasta abril de 2018, se han registrado más de 15.600 personas con discapacidad.

Adicional a lo anterior, este instrumento resulta ser una fuente importante de datos, en la medida que presenta información detallada sobre el número de personas que están buscando empleo, sus perfiles ocupacionales, edades, géneros y nivel de formación.

De igual manera, el Gobierno ha promovido leyes para incentivar la contratación de personas con discapacidad.

En la Ley 1429 de 2010 - conocida como Ley del Primer Empleo - se establece un descuento en el impuesto sobre la renta y complementarios de los aportes parafiscales y otras contribuciones de nómina para las empresas que contraten personas en situación de desplazamiento, en proceso de reintegración o con discapacidad.

Cabe destacar la labor de las entidades no gubernamentales para promover la inclusión laboral. Así, por ejemplo, la Fundación Saldarriaga Concha ha desarrollado proyectos con socios estratégicos para impulsar la participación de las personas con discapacidad, dentro de los cuales se destaca el Programa Pacto de Productividad.

En la misma línea, la Fundación Arcángeles se ha encargado de la rehabilitación integral de las personas con discapacidad, así como de la inclusión laboral de las mismas a través de la sensibilización y asesoría a las empresas para orientar los procesos de contratación e inclusión en el ambiente laboral.

Panorama

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre 785 millones y 975 millones de personas de 15 años o más viven con alguna discapacidad. Por otra parte, las estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), indican que una de cada siete personas en edad de trabajar en los países miembros se considera con un problema de salud crónico o con una discapacidad que obstaculiza su vida cotidiana.

Frente a las oportunidades laborales, las personas con discapacidad presentan desventajas para ingresar al mercado del trabajo. De acuerdo con las estadísticas de la OCDE, a finales de la década del 2000, en promedio la tasa de empleo de las personas con discapacidad en los países miembros era un poco más del 40%, significativamente inferior al 75% reportado para la población sin discapacidad.

Por su parte, para el mismo periodo, la tasa de desempleo promedio para las personas con discapacidad era el doble que de la población sin discapacidad.

A su vez, en comparación con la población sin discapacidad, los hogares con una persona con discapacidad corren un riesgo significativamente mayor de pobreza relativa de ingresos en la mayoría de los países de la OCDE.

De hecho, el 22% de todos los hogares con una persona con discapacidad a finales de la década del 2000 vivió por debajo del umbral de pobreza, en comparación con el 14% de los otros hogares.