Siguen las reacciones al llamado que hace unos días hizo el presidente Santos a gobernadores y alcaldes a que cumplan su responsabilidad con las inversiones necesarias en los centros carcelarios para detención de sindicados, que consideró si cumplen su tarea el hacinamiento bajaría a casi cero.
Sin embargo la Federación Colombiana de Municipios consideró que sobre el particular el Mandatario piensa con el deseo porque los alcaldes no cuentan con los recursos necesarios.
La semana pasada, el presidente Juan Manuel Santos en compañía del ministro de Justicia, Enrique Gil, asistió a la colocación de la primera piedra de la Colonia Agrícola de Mínima Seguridad (Camis) de Yarumal (Antioquia).
El nuevo centro carcelario costará 65.000 millones de pesos, de los cuales el Gobierno, a través de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) aportará 51.000 millones de pesos; la Alcaldía de Medellín 7.000 millones de pesos y la Gobernación de Antioquia 7.000 millones de pesos.
Se espera que la obra esté lista en diciembre próximo y se sume a la Colonia Agrícola de Mínima Seguridad que se encuentra operando en Acacías, Meta.
En esa oportunidad el jefe de Estado dijo que “el problema del hacinamiento es un problema serio que tiene el país. Pero es un problema serio que se solucionaría de un solo envión si los alcaldes y los gobernadores asumieran la responsabilidad que les atañe”.
Añadió el primer mandatario que “la ley dice que es responsabilidad de los alcaldes y de los gobernadores, las personas que están imputadas más no condenadas. Si los alcaldes y los gobernadores asumieran esa responsabilidad, el hacinamiento que tiene hoy el país se reduciría prácticamente a cero”.
Los departamentos y municipios tienen a cargo aquellos centros de reclusión provisional reservados a personas contra las que la justicia penal ha decretado medidas de aseguramiento que requieren un cumplimiento intramural. Allí el hacinamiento en algunos casos supera el 350 por ciento.
El Gobierno aseguró que para reducir el hacinamiento ha creado en los últimos ocho años más de 18.000 plazas adicionales. Con la nueva granja y una más que ya funciona en Bucaramanga, se ampliará la capacidad en 20.500 cupos adicionales, y un proyecto en Barranquilla le sumará otros 4.000.
Qué dicen los alcaldes
El director de la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro, dijo a EL NUEVO SIGLO que “no entendemos muy bien a qué se refiere el señor Presidente de la República porque lo que tienen que atender los alcaldes lo hacen. Tratar de ayudar a resolver el problema del hacinamiento en las cárceles que son de competencia del Gobierno nacional sería tanto como pedirle que dejáramos de darles alimentación escolar a los niños o de atender temas que son muy importantes y que son competencia de los municipios para ayudarle al Gobierno nacional a resolver un problema de hacinamiento que vale cerca de 8 billones de pesos”.
Añadió el directivo “creo que el presidente de alguna manera pensó con el deseo y aquí hay muchas competencias del Gobierno nacional que no se logran cumplir con la eficiencia que debe ser, y entonces la fácil es decir que sean los gobiernos locales los que lo atiendan. Pero los gobiernos locales no tienen capacidad con sus recursos propios o con los del Sistema General de Participaciones para atender toda la cantidad de demandas que tiene la comunidad y a las que hay que darles prelación”.
Este Diario intentó sin éxito obtener las declaraciones sobre el particular del director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Carlos Felipe Córdoba.
No obstante esta Federación registró su posición sobre este asunto en una comunicación que firmó en conjunto con la Federación Colombiana de Municipios y la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales.
“Actualmente, son cuatro las fuentes de recursos de los departamentos para la atención de estos establecimientos: el Presupuesto General de la Nación, cuya asignación depende de la potestad del Gobierno Nacional; el Sistema General de Regalías que está financiando todos los sectores y sus recursos son insuficientes, el Sistema General de Participaciones que representa tan sólo el 5 por ciento de la bolsa global con la cual los municipios atienden por lo menos las 23 competencias contempladas en la Ley 715 de 2001 (infancia y adolescencia, atención a población víctima de la violencia y desplazados, desarrollo agropecuario, entre otros) y donde los departamentos tienen destinaciones específicas, y los recursos propios son limitados y poco dinámicos”.
Propuestas
Toro dijo que para atender el problema de la sobrepoblación carcelaria “hay que tomar medidas estructurales, evaluar la política penitenciaria, ver qué delitos realmente pueden ser excarcelables o tener detención domiciliaria, pero con mecanismos que permitan cumplir esas detenciones en las residencias sin que se viole ese beneficio que se le da a algunos detenidos”.
Añadió que hay muchos países que “han entendido que la alianza público-privada también puede funcionar y hay empresas multinacionales que tienen experiencia en esos temas, que les interesa prestar ese servicio, y el Gobierno nacional en Colombia ha sido muy renuente a buscar esas soluciones que le evitarían tener que hacer unas inversiones en nuevas cárceles porque no hay los recursos para ello, y podrían provenir del sector privado”.