Por presuntamente incurrir en un conflicto de intereses al aprobar el documento Conpes 3817 que le dio vía libre a la adición del contrato para la construcción de la vía de Ocaña-Gamarra a la Ruta del Sol II, la Procuraduría llamó a juicio y formuló pliego de cargos a las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez.

En la diligencia judicial, que se realizó sin la presencia de las dos exministras, el delegado del Ministerio Público indicó que tanto Parody como Álvarez sabían que la aprobación de este documento beneficiaba directamente los negocios que tenía en la zona la familia de la exministra de Educación.

Como ministra de Transporte, Álvarez-Correa habría que declararse impedida en la firma de otro documento Conpes en agosto de 2013, con el que se "trazó un plan para restablecer la navegabilidad del río Magdalena".

Con la presentación de estos cargos, se inició formalmente el proceso disciplinario contra las dos exministras. La Fiscalía General archivó la investigación penal por estos mismos hechos al considerar que no existían pruebas fehacientes.