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Archivar la investigación que por aprovechamiento de un conflicto de intereses se les adelantaba a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente del Grupo Aval, Diego Fernando Solano Saravia, exvicepresidente de Planeación del Grupo Aval, y María Victoria Guarín Vanegas, exfuncionaria de la Corporación Financiera Internacional (IFC), filial del Banco Mundial (BM), entre otras personas, le pidió al superintendente de Industria y Comercio (SIC), Andrés Barreto, la Delegatura de Protección de la Competencia de la misma entidad.
Por los contratos de la Ruta del Sol II, la Delegatura concluyó que sí hubo violación a la libre competencia económica en la adjudicación del proyecto, tras el soborno de Odebreceht a funcionarios de Corficolombiana y Episol.
Según el informe, “las evidencias que corroborarían la forma en que Corficolombiana realizó el reembolso del soborno a Odebrecht, consisten, entre otras, en una serie de pagos que, por su falta de soporte y justificación, podrían obedecer a esta dinámica”.
La Delegatura recomendó “sancionar a las empresas Constructora Norberto Odebrecht, Odebrecht Investment, Corficolombiana, Episol, Concesionario Ruta del Sol”.
La investigación propone sancionar a las personas naturales, “Luiz Antonio Bueno Júnior (expresidente de Odebrecht para Colombia), Luiz Antonio Mameri (expresidente de Odebrecht para Latinoamérica), Luiz Eduardo da Rocha (exencargado de la División de Operaciones Estructuradas, desde donde se giraban los sobornos), Manuel Cabral Ximenes (director de contrato del lado de Odebrecht), Yezid Arocha (exdirector jurídico de Odebrecht en Colombia) y José Elías Melo (expresidente de Corficolombiana)”.
El superintendente Barreto tiene un plazo de seis meses para decidir si acoge o no la recomendación del informe motivado que, entre otras cosas, señala que la sanción para las compañías involucradas en este caso sería superior a los $90.000 millones y de $2.000 millones para las personas naturales.
De acuerdo con la SIC, “Odebrecht, Corficolombiana, Episol y su unión temporal (Concesionaria Ruta del Sol) hicieron acuerdos contrarios a la libre competencia, en este caso relacionados con la adjudicación del contrato Ruta del Sol II en 2010, por más de $2 billones”.
El informe detalla que se explica que Odebrecht realizó pagos adicionales y externos al que ya se había conocido por US$6,5 millones, suma que fue dada al entonces viceministro de Transporte, Gabriel García Morales.
El documento también sugiere, “declarar responsable a Gabriel Ignacio García Morales por su participación en el acuerdo previsto en el numeral 9 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992 y en la prohibición general prevista en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que Morales se acogió al programa de beneficios por colaboración ocupando el primer y único lugar en el orden de delatores”.