UN INFORME sobre los recursos asignados a través del Presupuesto General de la Nación para 2024 solicitó ayer la Procuraduría General de la Nación al Ministerio de Salud.

A través de una carta firmada por la procuradora delegada, Diana Ojeda, dirigida específicamente al titular de la cartera de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, el ente de control disciplinario pidió saber particularmente sobre 5 billones de pesos entregados como parte de los apoyos a programas de desarrollo, los cuales han sido amparados por la Ley 100 de 1993.

En función de ello, el Ministerio Público solicitó a Minsalud “identificar los proyectos aprobados y relacionar los proyectos y/o subproyectos a los que se van a asignar los recursos”.

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También pidió “remitir la planeación de ejecución del rubro desagregado por territorios y por entidad o institución beneficiada (Empresas Sociales del Estado beneficiadas)”.

Pero, además, se interesó en conocer sobre el destino de otros 1,8 billones de pesos, los cuales serían entregados para el financiamiento del Plan Nacional de Salud Rural.

“De igual manera, se encuentran recursos por un valor total de $1.871.459.224.293 millones de pesos…, de la cual se solicita explicar en detalle en qué consisten cada uno de los planes, programas o proyectos presentados, su fundamento jurídico, la planeación de ejecución del rubro desagregado por territorios y por entidad o institución beneficiada (ESE)”, destaca el oficio.

Este requerimiento incluye la petición de conocer el fundamento jurídico de dichas iniciativas, así como obtener detalles sobre la planificación de su ejecución por regiones y beneficiarios.

Entre los programas que han suscitado especial interés se encuentran “Colombia como territorio saludable con APS” y “Determinantes sociales en el marco del modelo preventivo y predictivo”.

La falta de claridad en cuanto a los objetivos y la ejecución de estos programas ha motivado la solicitud de información por parte de la Procuraduría.

Por otro lado, el departamento de Justicia también busca esclarecer la conexión entre los recursos asignados y la reciente resolución que pretende implementar parte de la reforma a la salud.

Particularmente, se busca definir si los fondos orientados a programas de desarrollo de la salud financiarán el 5% de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para los equipos básicos de salud, un aspecto que ha generado controversias en el ámbito de la salud pública y que está pendiente de definición en el Congreso de la República.

Adicionalmente, la Procuraduría solicitó al Ministerio de Salud dar a conocer informes pormenorizados sobre recursos destinados a otros rubros, los cuales están debidamente señalados en el Presupuesto General de la Nación. La intención es conocer cuáles han sido los proyectos hasta ahora ejecutados.

“Si existen otros rubros con los cuales se tenga presupuestado financiar o cofinanciar proyectos remitidos por las entidades territoriales y/o las ESE relacionados con transporte, asistencias, dotación hospitalaria e infraestructura en salud”, manifestó la procuradora delegada.

Primer encontronazo

Sin embargo, esta no es la primera vez que la procuradora delegada y Ministerio de Salud se ven envueltos en este tipo de situaciones. A finales del año pasado, hubo entre ellos un encontronazo, luego de que el ente de control tildara de “irrespetuosas” las respuestas de la cartera de salud a una petición de explicar los pagos de los presupuestos máximos de las EPS.

A través de una carta enviada por Ojeda a Jaramillo, afirma que el Ministerio de Salud no atendió el requerimiento hecho por la Procuraduría, pero que también los pronunciamientos de la cartera fueron “irrespetuosos y desobligantes”.

“Bajo ningún punto de vista se pueden aceptar las afirmaciones irrespetuosas y desobligantes, por parte del jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Salud y Protección Social, señor Rodolfo Enrique Salas Figueroa, contra este organismo de control. Nuestras funciones constitucionales y legales nos obligan a velar por los intereses generales y defender los derechos fundamentales como es la salud de los colombianos”, afirma la Procuraduría en el documento.