Por pagos pendientes a un grupo de docentes del Quindío, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Armenia ordenó  el embargo de las cuentas del Ministerio de Trabajo.

De acuerdo con el juez, las deudas se registran desde el 2014 a 109 maestros por un valor de 35.000 millones de pesos, los cuales deben ser saldados lo más pronto posible. 

La medida cautelar que impuso el juez Quinto Administrativo es por 12.825 millones de pesos, lo que representa tan solo una parte del total de los $35.000 millones  que se debe actualmente. 

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De acuerdo con el texto se determinó “"decretar el embargo de los dineros de la nación - Ministerio del Trabajo - Fondo de Pensiones Públicas del nivel nacional (Fopep) tenga a cualquier título de contrato bancario en las siguientes entidades financieras: Davivienda, Bancolombia, BBVA, Av Villas, Banco de Bogotá, Colpatria, Banco Agrario, Banco Caja Social, Banco Popular, Banco de Occidente, Banco GNB Sudameris, Banco Helm, Bancompartir, Itaú, Banco Falabella, Bancoomeva, Banco Pichincha, Banco Allianz, Banco CSC, Banco WWB y Bancamía, limitándola en cuantía de $12.825.947.346″.

No obstante, el documento también señala que solo se liberará el oficio al banco Davivienda mientras evalúan las otras cuentas. 

“Siendo que se trata de dineros públicos cuya cautela puede llegar a afectar el debido funcionamiento del aparato estatal, la medida, aunque se decretará con destino a todas las entidades bancarias solicitadas, solo se ordenará oficiar a cada una de ellas, conforme se tenga respuesta de las resultas de la misma", indica la medida cautelar 

Ante esta situación, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, envió un oficio a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (Ugpp) en el que solicitó información sobre el reconocimiento y reliquidación de pensiones que se adeudan.