En aproximadamente dos meses el Congreso elegirá al sucesor de Edgardo Maya, a quien se le vence el periodo constitucional.

Estando tan encima el momento en que se debe seleccionar al funcionario, ya hay varios nombres dentro del sonajero.

Entre los que más suenan están Juan Ricardo Ortega, exdirector de la DIAN; Felipe Córdoba, director de la Federación Nacional de Departamentos; Wilson Ruiz, exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura;  Carlos Ariel Sánchez, exregistrador; José Felix Lafourie, presidente de Fedegán; Alberto Carrasquilla, exministro de Hacienda; y Mario Solano, exvicecontralor.

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Ortega, que ha trabajado en torno a los mecanismos para enfrentar la corrupción, estaría listo para poner su nombre a consideración del Congreso.

Córdoba estuvo ya en la Auditoría, es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales, especialista en Alta Gerencia y máster en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho de la Universidad Externado de Colombia.

Ruiz es abogado de la Universidad Libre Seccional Cali, con especialización en Derecho Administrativo del convenio Institucional con las Universidades de San Buenaventura y Pontificia Bolivariana en Santiago de Cali. Doctor en Derecho de la Universidad Alfonso X el Sabio.  Expresidente del Consejo Superior de la Judicatura, expresidente de la Sala Disciplinaria de la misma corporación; se ha desempeñado también como procurador delegado ante el Consejo de Estado, miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Docente Universitario y Autor de diversas publicaciones.

Sánchez es especialista en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes y doctor en Derecho Público de la Universidad de Turín. Fue elegido registrador nacional en 2007 por los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. Se ha  desempeñado como magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, presidente del Consejo Nacional Electoral y contralor de Bogotá. También se ha desempeñado como catedrático en varias universidades de la capital del país, y cuenta con una amplia obra de escritos en torno a temas electorales.

Lafourie fue nombrado superintendente de Notariado y Registro, después de haber sonado como posible superintendente de Sociedades, en 2002 al empezar el gobierno de Álvaro Uribe. A su paso por la Superintendencia de Notariado orientó un plan de modernización tecnológica que interconectó a más de 192 bases de datos fraccionadas de las notarías del país.

Carrasquilla preside el empalme entre los gobiernos entrante y saliente. Fue ministro de Uribe en sus dos gobiernos, es el hombre de confianza de Iván Duque en materia económica. Se dice que Duque le ofreció el Ministerio de Hacienda, pero que no aceptaría el cargo.

Solano fue vicecontralor en el periodo de Sandra Morelli y además se desempeñó como contralor de Bogotá.

Retos del próximo Contralor

Uno de los retos del próximo contralor será ayudar a recomponer la institucionalidad de todos los poderes públicos. Se hace necesario fortalecer el control fiscal poniéndolo como cabeza única del Sistema Nacional de Contralorías.

Se debe establecer una política que permita garantizar el control fiscal en el país, pero que este sea eficaz para luchar frontalmente contra la corrupción. Es necesario que no se desdibuje el control a las entidades del Estado por lo que se debe tener una Contraloría que garantice que quienes actúan contra el Estado serán castigados ejemplarmente.

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Reglas de elección, ¿inapicables?

La ley de elección del contralor es inaplicable advirtió del senador Eduardo Enríquez, del Partido Conservador.

“Desafortunadamente creo que el Congreso de la República expidió una ley que en la práctica es inaplicable, porque la convocatoria debía partir desde el 20 de mayo”, dijo el legislador.

El congresista consideró que lo más probable es que se tenga que recurrir al “decreto 267 del 2000, para que la vicecontralora siga ejerciendo” las funciones del titular en calidad de encargada mientras se elige al sucesor de Maya.

Para Enríquez, aún no hay claridad sobre la forma en que se a escoger y contratar la universidad que recibirá las hojas de vida de quienes respondan a la convocatoria, la cual tampoco se puede hacer hasta que se defina lo de la institución de educación superior.

El representante por Antioquia, Santiago Valencia, del Centro Democrático, le dio la razón al senador Enríquez, manifestando que “hay unas normas perentorias que le ponen al Congreso para elegir dos meses después del inicio de las sesiones ordinarias, pero debido al poco tiempo podemos tener problemas para su implementación”.

También coincidió con Enríquez en que primero “se tiene que abrir la convocatoria para que se inscriba la universidad”.

En cambio, el saliente representante por Caldas, Hernán Penagos, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), afirmó que él no ve mucho problema y que simplemente una vez se posesione el nuevo Congreso lo que se tiene es que agilizar los trámites de la ley.

“Lo que yo creo es que en estos días de receso lo que corresponde es llevar a cabo las convocatorias para que las universidades puedan hacer la lista de elegibles”, declaró, anotando que sí pueden alcanzar los tiempos y que lo peor que puede pasar es que llegue como encargada la vicecontralora por unos cuantos días.