Críticas al decreto de emergencia carcelaria por considerar que “no tiene mayor impacto” en las cárceles, sus trámites son engorrosos y no contribuyen efectivamente al descongestionamiento para minimizar el riesgo de contagios del Covid-19, expresaron los internos de la cárcel La Picota.

Así lo transmitió el Procurador Delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Carlos Medina Ramírez, a la ministra de Justicia, Margarita Cabello, al dar cuenta de una reunión que sostuvo esta semana con una comisión de los reclusos  de ese centro penitenciario, quienes además aducen que sus derechos a la salud y la vida se encuentran vulnerados ya que no hay allí personal médico suficiente ni suficientes elementos de protección para evitar contagios del coronavirus.

La comisión de reclusos expuso al representante del Ministerio Público que el Decreto 546 de 2020 que establece la emergencia carcelaria “desconoce la realidad, es de bajo impacto y los trámites establecidos son más engorrosos que los trámites ordinarios; no aportó soluciones y a la fecha no hay un solo beneficiario”

Y, en tal sentido, afirman que “las personas que se encuentran clasificados en fases de mínima seguridad y confianza, cumplimiento de 3/5 partes de la pena y quienes tienen permiso de 72 horas, deberían ser excarcelados sin más requisitos”.

De igual forma indican que se incumplió la restricción de traslados “y que por esa razón hoy en distintas cárceles del país se han reportado casos positivos por Covid19, por cuenta de traslados hechos desde la cárcel de Villavicencio”.

El procurador Medina señala en su misiva a la Ministra que los reclusos insisten en que la protesta que realizan es de carácter pacífico y “no es una conspiración”, al tiempo que como “petición principal piden una reunión con un representante de alto nivel del Ministerio de Justicia y otro de la Presidencia de la República para analizar posibles modificaciones al Decreto 546 de 2020” y que también solicitan una reunión con los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá para conocer los conceptos sobre cómo se están definiendo las solicitudes de excarcelación.

En la misma también señalan que pese a que se suspendieron las extradiciones, ya se han verificado cuatro a Estados Unidos.