Carrillo señaló que todos los gobiernos han fracasado en modificar esas instituciones que no defienden el medio ambiente.

El procurador general de la nación, Fernando Carrillo, dijo que las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) no han servido para la defensa del medio ambiente en el país y que por eso se hace necesario modificarlas.

Relató que las CAR “tuvieron un nacimiento alborotado en el marco de la entrega de los grupos políticos del país y que por eso las entidades de autoridad ambiental no han funcionado”.

“La defensa del medio ambiente no ha sido una cosa de mostrar en un primer lugar. La imposibilidad de modificar las Corporaciones Autónomas en el Congreso ha significado que son una plataforma para la política más baja en este país en términos de conductas irregulares”, señaló enérgicamente.

Carrillo recordó que son varios los gobiernos que han presentado proyectos para modificar esas instituciones en el país, pero que todos han fracasado en el intento. Así, se mostró positivo ante el proyecto que presentó el actual gobierno del presidente Iván Duque Márquez e incluso lanzó la frase, “estamos en un escenario dónde parece que se está acabando la mermelada”.

En varias ocasiones, Carrillo ha señalado que “hay que romper ese tabú de que no es posible reformarlas”.

De allí que insistió en proponer al Gobierno nacional presentar un proyecto de ley para modificar las corporaciones autónomas regionales, a las que calificó de ser el “nido de corrupción más grande que ataca los derechos fundamentales en Colombia”.

El jefe del Ministerio Público destacó el anunció del gobierno de crear un bloque de búsqueda para ponerle freno a los corruptos y propuso como primer objetivo las CAR.

“Demos esa pelea que la han perdido todos los gobiernos en las últimas décadas. Cerremos el frente de cara a una de las peores expresiones de corrupción regional que se ha presentado en Colombia, porque ustedes saben que están feriadas a la política regional”, sostuvo el Procurador.

Carrillo Flórez precisó que el ente de control adelanta más de 250 indagaciones, otras 43 investigaciones y cerca de 30 acciones preventivas relacionadas con casos de corrupción en las corporaciones autónomas, procesos a los que se suman las actuaciones que llevan la Fiscalía, en lo penal, y la Contraloría en lo fiscal.

Manejo ambiental

“La institución reguladora a la cual se le ha entregado el manejo ambiental es presa absoluta de la corrupción. Es el casino de las negociaciones entre la política baja de este país, y por eso creemos que conjuntamente con la Fiscalía y con el nuevo gobierno, ojalá logremos lo que no han logrado muchos gobiernos en las últimas décadas y es reformar las corporaciones autónomas regionales y raparle a la política de más bajo rango el manejo de la política ambiental en las regiones de Colombia”.

La Contraloría

A mediados de julio, el contralor Edgardo Maya, dijo que tras realizar auditorías durante el primer semestre del año, la Contraloría encontró hallazgos fiscales por $100.000 millones en diez Corporaciones Autónomas Regionales, las cuales manejan cerca del 70% del presupuesto total que tienen en conjunto las 33 entidades de este tipo que hay en el país.

Según el ente de control, del total de los hallazgos, $72 mil millones corresponden a la CAR Cundinamarca. Asimismo, señaló que en esta entidad a un solo contratista se le adjudicaron 24 contratos por valor de $7.886 millones.

“La situación encontrada en esta CAR es bien preocupante, muestra una bajísima ejecución presupuestal y, además, una marcada concentración contractual”, manifestó la Contraloría.

El órgano también cuestionó los resultados de las inversiones de esta Corporación en los municipios de Apulo, Facatativá, Madrid y Sesquilé (Cundinamarca) y que muestran problemas de estudios y diseños, obras inconclusas o con retrasos. “La preocupación de la Contraloría se extiende al desarrollo de los contratos que se ejecutan dentro del megaproyecto Río Bogotá y a las anomalías que se están presentando en la aplicación de los recursos ambientales”, sostuvo el ente.

En el caso de otras corporaciones auditadas, la CGR hace observaciones a la Corporación Autónoma del Valle del Cauca (CVC), por invertir en el sistema financiero recursos que se le entregaron hace algunos años para adelantar la ejecución de los proyectos ambientales y el tratamiento del río Cauca. De igual forma, la Contraloría señaló problemas detectados en CorTolima, CorpoCesar, la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) y la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder).

“Las deficiencias en el manejo de los recursos públicos por parte de estas corporaciones ponen en alerta frente a los inminentes riesgos que afrontan de manera permanente los recursos naturales y el ambiente de los territorios a cargo de estas entidades, pues el despilfarro y la desviación de recursos no permiten inversiones efectivas”, dijo el organismo de control fiscal.

La Contraloría sostuvo que es necesario continuar el debate con respecto a la importancia y alcance de la autonomía de las CAR. Se espera que las Corporaciones se pronuncien al respecto.

Mayor deforestación

En el último informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) siguiendo el monitoreo de la superficie de bosque natural, de la superficie deforestada y caracterización de causas y agentes de deforestación a nivel nacional, regional y local, indica que se ha perdido un total de bosque natural de 219.973 hectáreas.

Esta información permite identificar para 2017 un aumento de la superficie deforestada a nivel nacional del 23%, respecto de la información publicada para 2016.

A nivel regional, las cifras obtenidas reportan que las áreas de cambio en la cobertura de bosque natural durante 2017 se concentran principalmente en las regiones de la Amazonía (65,5% de la deforestación), los Andes (17%), el Caribe (7,1%), el Pacífico colombiano (6,1%), y la Orinoquia (4,5%).

Estos resultados contrastan con los análisis realizados para 2016, cuando la deforestación en la región Amazonía fue del 39% del total, indicando una mayor concentración de la deforestación, sobre todo en el noroccidente de la región.

El 81% de la pérdida de bosque natural del país en 2017 ocurrió en la jurisdicción de seis departamentos: Caquetá, Guaviare, Meta, Antioquia, Putumayo, Chocó y Santander. Siendo el departamento de Caquetá el que representa el mayor porcentaje de pérdida de bosque, con el 27,6%.

Respecto del período anterior, para 2017 los departamentos con mayores aumentos en superficie deforestada fueron Caquetá, Guaviare y Meta, con aumentos entre el 100% y 20% respectivamente.

Una de cada diez hectáreas deforestadas a nivel nacional se localiza en áreas de Resguardos Indígenas, identificando en términos generales la efectividad de este tipo de áreas para la conservación del bosque natural y control de la deforestación. No obstante, resguardos como Nukak-Maku (3.435 ha deforestadas), Yaguara II (3.022 ha deforestadas) y Vaupés (2.100 ha deforestadas) reportan problemáticas significativas.

Las principales causas de la deforestación a escala nacional durante 2017 fueron la praderización, la ganadería extensiva, los cultivos de uso ilícito, el desarrollo de infraestructura vial, la extracción ilícita de minerales y la extracción de madera.