Un primer informe sobre 1.588 procesos disciplinarios, entre activos y concluidos, relacionados directa o indirectamente con el conflicto armado interno, entregó este martes el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

Del total de casos presentados, 733 corresponden a investigaciones que se encuentran activas en las procuradurías delegadas, regionales, provinciales y distritales del país al 31 de enero de 2018, y 855 a finalizadas con decisiones de fallo o archivo entre 2006 y el 31 de diciembre de 2017.

De los 733 procesos activos, las conductas más investigadas corresponden a muertes presentadas ilegítimamente como bajas, con 650 casos; atentados o afectaciones a la libertad personal, con 23; daños o sufrimientos físicos o sicológicos, con 21, y conductas por determinar, con 17.

En 692 de esos procesos los investigados pertenecen al Ejército, 14 a la Armada Nacional, tres a la Policía, uno a la Fuerza Aérea, otro más se desempeñaba como funcionario municipal y en los 22 restantes aún no han sido identificados los responsables.

En las 220 investigaciones que culminaron en fallos disciplinarios, 204 de los procesados pertenecían al Ejército, nueve a la Armada Nacional, cinco a la Policía, uno era concejal y otro más pertenecía a una entidad no determinada en el informe.

En total en esos procesos fueron sancionados 290 servidores públicos por graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, de los cuales 286 eran miembros del Ejército y los restantes pertenecían a la Armada Nacional.

De esas investigaciones 193 fallos se profirieron por muertes presentadas ilegítimamente como bajas; ocho por causar daños o sufrimientos físicos o psicológicos; siete por atentados contra la libertad personal y tres por colaboración con grupos armados ilegales, entre otras conductas.

Los departamentos que registraron la mayor cantidad de procesos que terminaron con fallos o decisión de archivo fueron Antioquia con 267 casos; Caquetá con 55 casos; Meta con 54 casos; Tolima con 35 casos; Arauca con 33 casos; Huila con 31 casos, y Bolívar con 33 casos.

En cuanto a los procesos que culminaron con decisión de archivo, 460 se adelantaron por muertes presentadas ilegítimamente como bajas; 91 por causar daños o sufrimientos físicos o sicológicos; 46 por atentados contra la libertad personal; 14 por colaboración con grupos armados ilegales, y 10 por conductas no determinadas, entre las más comunes.