Decretar nula la elección al Senado de Aída Merlano, del Partido Conservador, demandó ante el Consejo de Estado la Procuraduría General de la Nación.

En la acción legal interpuesta ante al tribunal de lo contencioso administrativo, a través del procurador primero delegado ante el Consejo de Estado, Nicolás Yepez, el Ministerio Público solicitó que “se ordene la exclusión del cómputo general de los votos contenidos en las actas de escrutinio E-24 y del formulario E-26 SEN del 19 de julio de 2018, respecto a la declaratoria de elección de la señora Aída Merlano Rebolledo como senadora de la República” y que se anule la credencial de congresista que emitió el Consejo Nacional Electoral “por haber ejercido coacción o violencia contra los electores, además de haber destinado recursos de su campaña política para financiar fines antidemocráticos que atentan contra el orden público y por cuanto en el acto que declara su elección se otorga pleno valor y se convalidan votos a su favor que fueron obtenidos de forma fraudulenta en el proceso electoral”.

Además, la Procuraduría demandó que se decrete la silla vacía con el fin de evitar que el Partido Conservador conceda la curul de Merlano al siguiente aspirante en votos en la lista de la colectividad.

El 11 de marzo se inició ‘la pesadilla’ para la congresista Merlano. Ese día uniformados de la Sijín allanaron la sede del entonces representante por el Atlántico y candidata a una curul en el Senado, como parte de una investigación de la Fiscalía por delitos electorales.

El 19 de abril fue privada de su libertad y conducida a la cárcel del Buen Pastor, en Bogotá.

Ahora, al proceso que le adelanta la Corte Suprema de Justicia, se suma la demanda interpuesta por la Procuraduría.

La Corte procesa a Merlano por delitos de compra de votos, concierto para delinquir, corrupción al sufragante, porte y tenencia de armas, retención y posesión ilícita de cédulas.

En la demanda de la Procuraduría, se reitera que existen “serias irregularidades en torno a la votación obtenida por dicha candidata fruto de la orquestación de maniobras fraudulentas que significaron alguna clase de coerción contra los electores o violencia contra los votantes, al igual que vulnera la garantía del voto secreto”, ante lo cual apela al cumplimiento de lo establecido en la 1437 de 2011: que “los actos de elección son nulos cuando se hubieran utilizado fuentes de financiación de la campaña política para costear fines antidemocráticos o atentatorios del orden público, con lo cual los efectos del acto administrativo cuya nulidad se solicita, resultan nocivos y afectan de manera grave el orden público, político y social”.