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La Procuraduría General de la Nación suspendió por seis meses al gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, por presuntas irregularidades en la suscripción de un contrato durante la emergencia del coronavirus.
De acuerdo al ministerio público se presentaron anomalías en la realización de eventos y actividades artísticas en el municipio de Cravo Norte, por $570 millones de pesos.
Por lo que determinó que Castillo Cisneros “vulneró los principios de transparencia que comporta el deber de selección objetiva y de responsabilidad de la contratación estatal”.
Para la Procuraduría, las condiciones habilitantes “no fueron objetivas, justas y claras, teniendo en cuenta que la actividad contratada no era compleja o técnica y, en consecuencia, la experiencia no podía limitarse en el tiempo”.
Además, señaló que los valores de los contratos resultaron desproporcionados frente al presupuesto oficial.
“No es objetivo, proporcional y razonable limitar que el oferente debía certificar la experiencia en los últimos cinco años, aspecto al que no se le encontró explicación o justificación en el pliego de condiciones, y resultó restrictivo que en los contratos solicitados se exigiera haber ejecutado negocios jurídicos por $1.711.800.000, sin que en los estudios se indicara las razones técnicas para hacerlo”, indicó la Procuraduría.
A juicio del órgano de control, el gobernador Facundo Castillo desconoció el principio de moralidad y quebrantó el deber funcional de celebrar negocios jurídicos cumpliendo la Constitución y la ley.
En el fallo de primera instancia la Procuraduría calificó la falta del mandatario departamental como “gravísima a título de culpa grave”.
En ese sentido, la defensa del Gobernador de Arauca apeló contra esta decisión, que será resuelta por la Sala Disciplinaria de la Entidad.
La Procuraduría General adelanta otro proceso disciplinario contra el gobernador de Arauca por presuntos sobrecostos en la contratación de paquetes alimentarios para 33.437 familias, suscrito con el contratista Multiservicios Mael S.A.S. ZOMAC, por valor de $4.463´370.180 pesos, que se encuentra en pliego de cargos.
El proceso también vincula a los secretarios de Gobierno y Seguridad Ciudadana, Luis Medardo Tovar Altuna, y de Desarrollo Social, Carolina Muriel Zea.