La Corte Constitucional reiteró este viernes las facultades y competencias de la Procuraduría General de la Nación para imponer sanciones disciplinarias a servidores públicos elegidos por voto popular.
El fallo deja sin efecto una decisión del Consejo de Estado que, en agosto de 2023, había anulado la destitución e inhabilidad impuesta en 2014 al exalcalde de San José del Fragua (Caquetá), Duber Fabio Trujillo Medina.
La Corte dejó claro que, para la época en que se adoptaron las sanciones, la Procuraduría “sí era competente para imponer las sanciones de destitución e inhabilidad de servidores públicos de elección popular”. En su fallo, la Corte explicó que esta competencia había sido avalada “en varias sentencias con efectos erga omnes, que hicieron tránsito a cosa juzgada constitucional” y, por tanto, no contravenía los estándares de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
La decisión del Consejo de Estado se basaba en el argumento de que la Procuraduría no tenía la facultad para destituir a funcionarios electos, ya que ello vulneraría los derechos políticos protegidos por la CADH. No obstante, la Corte Constitucional consideró que dicho tribunal incurrió en un "defecto sustantivo" al desconocer precedentes jurisprudenciales claros sobre la competencia del órgano de control.
“La Sala encontró que en este caso la Subsección B del Consejo de Estado incurrió en el defecto de violación directa de la Constitución al no tener en cuenta que dicha competencia había sido declarada exequible”, señaló la Corte en su fallo. En su parte resolutiva, la Corte ordenó al Consejo de Estado que, en un plazo de dos meses, resuelva de fondo la demanda teniendo en cuenta que “la Procuraduría General de la Nación sí tenía competencia para sancionar con destitución e inhabilidad a los servidores públicos de elección popular”.
Este fallo ratifica la capacidad del Ministerio Público para imponer sanciones disciplinarias a funcionarios electos, un tema que ha generado amplio debate en Colombia, especialmente en el marco del control de convencionalidad y los estándares internacionales de derechos humanos.