Presupuesto General de 2019 buscaba que entidades territoriales corrieran con los gastos

Después de que la Corte Constitucional determinara en un fallo que las decisiones que tomen los ciudadanos en las urnas en las consultas populares no pueden prohibir la realización de minería en sus territorios, la semana pasada este mecanismo estuvo a punto en la aprobación del Presupuesto General de la Nación de 2019 de recibir en corto tiempo un segundo golpe, pues un artículo establecía que los municipios correrían con los gastos de su realización.

No obstante, al final fue acogida una propuesta del partido Alianza Verde para que la Nación haga el mayor aporte económico.

La propuesta fue presentada por Katherine Miranda, representante a la Cámara por Bogotá, con el objetivo de que los entes territoriales no tengan que desfinanciar proyectos y programas de salud, educación y agua potable, entre otros, para sufragar las consultas populares, que hasta el momento han sido 100% financiadas por el Estado.

La proposición logró modificar el Artículo 124 del proyecto del Presupuesto General de la Nación, en el sentido que por el momento la Nación seguirá sufragando los costos de la realización de las consultas populares, mientras que en el proyecto de Plan de Desarrollo 2018-2022 que el gobierno llevará al Congreso de la República en noviembre próximo, se define una fórmula de financiación compartida entre la Nación y los municipios, en donde estos últimos pagarían una pequeña parte.

La representante Miranda en diálogo con EL NUEVO SIGLO dijo que “por fortuna logré incluir el artículo en la ponencia final, una muy buena noticia porque logramos eliminar ese artículo donde obligaban a que los municipios tuvieran que pagar el valor de las consultas populares realizadas en su municipio. Algo que sería insostenible para algunos municipios porque no tienen el dinero para ello”.

Añadió la Parlamentaria del partido Alianza Verde que “el artículo quedó eliminado y quedó un artículo sustitutivo que lo que busca es que se regulara más adelante en el Plan Nacional de Desarrollo como era la concurrencia en ese gasto. Lo que significa que tendría que haber una parte mínima del municipio y una gran parte de la Nación”.

Concluyó Miranda, que “se lanzó un salvavidas para no terminar de matar y acabar las consultas populares”.

Se avizoraba

Las consultas populares son uno de los siete mecanismos de participación ciudadana que contempla la Constitución, al lado del voto y el referendo entre otros. Es por ello que hasta el momento todas las que se han realizado han sido con cargo a recursos entregados por el Ministerio de Hacienda.

Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar el año pasado para las consultas populares por la explosión de iniciativas que surgieron en diferentes regiones del país por parte de ciudadanos preocupados por los efectos de la minería y la explotación del petróleo en el suelo, el agua y el aire.

De un momento a otro las consultas populares pasaron de ser un mecanismo poco conocido y utilizado a un asunto que se puso en el centro de la opinión pública, ante la incertidumbre del sector minero y el propio Gobierno, pues esta actividad representa cerca de 14 puntos del Producto Interno Bruto.

Sin embargo en octubre pasado, el Gobierno emitió una comunicación en que advirtió que no tenía más plata para financiar en lo que restaba de 2017 las consultas populares y las revocatorias de mandato de alcaldes y gobernadores, y que por ello municipios y departamentos tendrían que meterse la mano al bolsillo.

La Misión de Observación Electoral reaccionó señalando que era una falta de previsión del Gobierno no tener contemplados los recursos necesarios para financiar las consultas populares y las revocatorias de mandato.

En tanto que la Federación Nacional de Municipios, a pesar de las reservas que tiene frente a las revocatorias del mandato de alcaldes, dijo que no se le debe cargar a los apretados recursos de los municipios la realización de estas jornadas.

En esa oportunidad el registrador Nacional, Juan Carlos Galindo, dijo que “no tenemos los recursos para adelantar las consultas y las revocatorias de mandato por el resto del año, que más o menos ascienden a $2.300 millones”.

No obstante, el Registrador Nacional aclaró que “consideramos, y son los planteamientos que le hemos venido haciendo al Ministerio de Hacienda, que eso es un gasto que le corresponde a la Nación porque se trata de procesos electorales que debe atender el Estado”.