Presidente Iván Duque anunció que romperá definitivamente la relación con el régimen desde el 10 de enero, cuando Nicolás Maduro asuma un nuevo mandato

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La expulsión de Colombia del ciudadano venezolano Carlos Manuel Pino García por realizar en nuestro país supuestas acciones de espionaje, cayó como una inyección de gasolina en las ya tensas relaciones bilaterales.

En respuesta, Jorge Arreaza, canciller de Venezuela, anunció que Juan Carlos Pérez, cónsul de Colombia en Caracas, tiene 48 horas para salir de ese país.

Fuentes oficiales le dijeron a EL NUEVO SIGLO que estos hechos servirían para exacerbar todavía más la beligerancia verbal del Mandatario del vecino país contra el presidente Iván Duque.

Sin embargo, para el profesor de Derecho Internacional de la Universidad de La Sabana, Carlos Enrique Arévalo, la decisión de las autoridades migratorias “es muy sui generis” pues dice que el espionaje entre los dos países, y en general en la región, no ha sido un factor que afecte el clima político.

“Entre Colombia y Venezuela el espionaje nunca ha sido un factor desestabilizador, como sí lo ha sido para Estados Unidos con Rusia o China, por ejemplo. Este caso es sui generis más allá del estatus o no de diplomático (de Carlos Pino). Esto demuestra lo complicado de una relación binacional que no se va a deteriorar más allá de lo que está hoy”, dice el experto.

¿Espía o no?

Según Cristhian Krüger, director de Migración Colombia, en la expulsión de Pino García “no hay razones políticas” sino que es producto del análisis técnico e información clara y concreta: “Tenemos un informe concreto sobre esta persona en particular en el que claramente nos advierten sobre la afectación que puede tener el país, toda nuestra población, por tener un extranjero de esta naturaleza en nuestro territorio”.

Además de la expulsión, Pino no podrá ingresar a Colombia en los próximos 10 años y al cumplir esta sanción “requerirá de una visa”.

El funcionario no entregó detalles sobre el tipo de actividades de Pino argumentando “razones de reserva y confidencialidad” pero dijo que “se trata de una decisión soberana de Colombia” basada en el Decreto 1067 de 2015, y aclaró que el extranjero “no gozaba de inmunidad diplomática”, ya que no se encuentra acreditado como tal ante el Gobierno colombiano.

Lo cierto es que Pino García actuaba desde hace 19 años como asesor de la Embajada de Venezuela en Bogotá y servía de relacionista público en eventos oficiales y ante los medios de comunicación.

Ya en mayo de 1999 había sido detenido por el Ejército en una operación contra el ‘Negro Acacio’ en las selvas del Vichada junto a otras tres personas sindicadas del delito de rebelión.

Tras el escándalo, en el que intervino el entonces gobierno de Hugo Chávez, los cuatro fueron dejados en libertad y el caso prescribió.

Extraoficialmente ha trascendido que el extranjero venía promoviendo protestas de sus conciudadanos para desprestigiar al Gobierno colombiano y que estaría vinculado a grupos que hacen seguimiento al Tribunal de Justicia en el Exilio, una especie de Suprema Corte en el exterior que dirige la exfiscal asilada en nuestro país, Luisa Ortega Díaz.

“Denuncia internacional”

En este episodio, su detención y expulsión del país “fue abiertamente arbitraria”, según su esposa, la exparlamentaria Andina y dirigente de Colombia Humana, Gloria Flórez.

Flórez, exsecretaria de Gobierno en la Alcaldía de Bogotá entre 2014 y 2015, durante la gestión de Gustavo Petro, cuenta que la detención de su esposo se produjo al frente de su residencia “porque dejó la camioneta mal parqueada”, y asegura que de ahí en adelante “fue toda una cadena de hechos arbitrarios”, pues no le permitieron comunicarse con la familia, hechos que desmiente el director de Migración Colombia.

La dirigente dice que se trata de “un falso positivo” y que a su esposo “lo cogieron de chivo expiatorio” por su relación con muchas personalidades y periodistas colombianas, y que le están violando derechos fundamentales pues tiene un hijo con Pino García.

De hecho, diversos voceros de la izquierda anunciaron que denunciarán “esta agresión” ante instancias internacionales.

Relaciones muy difíciles

En las últimas dos décadas, las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela han atravesado momentos muy complejos, primero con el fallecido expresidente Hugo Chávez que, incluso, cerró la frontera en dos ocasiones y hasta movilizó 10.000 uniformados a la zona, y ahora con su sucesor Nicolás Maduro.

La crisis social y económica en la vecina República que ha pasado por elecciones irregulares, violación de derechos humanos, censura a medios de comunicación, presos políticos, cierre de la frontera, agresiones verbales a Colombia y ahora amenaza militar, se suma la migración de unos 5 millones de sus ciudadanos, de ellos, 1,2 millones a nuestro territorio.

“Colombia ha querido tener un papel protagónico buscando una salida a la crisis de Venezuela. El presidente Duque lo ha dicho en todos los foros internacionales posibles, y ahora se le suma la comunidad regional”, afirma el catedrático Arévalo.

Y es que a la demanda de Colombia contra el presidente Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI) por violación a los derechos humanos, respaldada por otras naciones del continente, se suma la declaración del Grupo de Lima de buscar un mecanismo diplomático “para restablecer la democracia en Venezuela”.

Todo esto, según Maduro, es promovido por Colombia para justificar el ataque e invasión a Venezuela –argumentos desmentidos por el presidente Duque–, y por ello ha realizado ejercicios estratégicos con apoyo militar ruso.

No obstante, para el profesor Arévalo, la posibilidad de una agresión militar a Colombia “es muy remota”.

“Colombia debe cuidarse de las provocaciones, pero de ser así habría justificación para que la ONU avalara una intervención militar en Venezuela, un hecho que esperamos no suceda”, sentenció.